Derechos Humanos y negacionismo en la Convención. Por Ricardo Brodsky, ex director del Museo de la Memoria

Ha sido la izquierda, en su acepción más amplia, la que ha sustentado en el país las batallas por los DDHH, por sobrevivencia durante la dictadura y como de demanda de verdad y justicia durante los años posteriores. El problema es que gran parte de la izquierda sigue siendo leninista. La Democracia y los Derechos Humanos no son allí ni un límite a su accionar ni el horizonte utópico. Eso explica que sean tan condescendientes con los crímenes de los regímenes que juzgan como propios: Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela.

La Convención Constitucional se prepara estos días para abordar varios debates fundamentales, derivados de las propuestas de las comisiones de Reglamento, Ética, Participación y Derechos Humanos. Un tema central será el quorum de los 2/3 y es el que más ha centrado la atención pública.

Coincido con quienes han manifestado que en realidad ese debate, siendo en si mismo muy relevante, esconde otro de fondo referido a si la Convención va a conformarse con el encargo que le dio el Congreso Nacional ratificado por el pueblo en un plebiscito, de redactar y proponer al país un texto constitucional, o va a buscar salirse del marco institucional definido y declararse plenamente soberana para discutir, no sólo el quorum de los 2/3 sino también eventualmente sus plazos y sus competencias.

Con relación a las propuestas de la Comisión de Ética y la de Derechos Humanos relativas al negacionismo, conviene ubicarlas en un contexto más amplio para definir una posición al respecto.

La emergencia del tema de los derechos humanos en Chile, así como en el resto de la región, ha estado asociada a la experiencia dictatorial, especialmente en el caso nuestro a la respuesta de las víctimas y sus familiares y de organismos de iglesia a las políticas criminales de desaparición forzosa de personas, de ajusticiamientos, de encarcelamiento político y torturas, impulsadas desde el Estado.

Como bien lo señala Hugo Vezzetti, investigador argentino autor de diversos textos sobre la experiencia de su país, el surgimiento defensivo de los derechos humanos condicionó en gran medida que “una visión fundante de los derechos humanos como `generadores de democracia` haya estado ausente del discurso, que se legitimaba en una demanda de justicia que sólo, o casi, se enfocaba en los crímenes del pasado”. No es extraño entonces, que habiendo sido la izquierda la que sufrió mayormente las persecuciones, haya sido esta la que encarnó en su momento la demanda por el respeto a los derechos humanos.

Ha sido entonces la izquierda, en su acepción más amplia, la que ha sustentado en el país las batallas por los derechos humanos, tanto desde una perspectiva de sobrevivencia durante la dictadura como de demanda de verdad y justicia durante los años posteriores. Pero el problema es que gran parte de la izquierda sigue siendo leninista, es decir, haciendo de la cuestión de la conquista y retención del poder, el problema principal y causa de sus desvelos. La Democracia y los Derechos Humanos no son allí ni un límite a su accionar ni el horizonte utópico. Eso explica que sean tan condescendientes con los crímenes de los regímenes que juzgan como propios: Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela.

Esta contradicción explica en gran medida las limitaciones con que una parte de la izquierda asume el discurso de los derechos humanos, considerándolo válido sólo en la medida en que responde a su propia identidad y a su defensa. Esto es lo que nos lleva a varios puntos ciegos: la supresión del debate sobre las propias responsabilidades; la negativa a considerar los derechos humanos desde una perspectiva universal, que protege a los propios pero también a los adversarios; la cancelación de las opiniones divergentes.

La obsesión por castigar penalmente los discursos que se salen de lo políticamente correcto, se disfraza ahora de lucha contra el “negacionismo”, un concepto que la propuesta de la comisión de ética define tan ampliamente como sea necesario para su uso coercitivo. Paradojalmente, de aprobarse esa propuesta, un órgano plenamente democrático estaría negando la preocupación por la libertad de expresión y por la diversidad que tan patentemente se ha hecho presente en la Convención y en las luchas que le dieron origen.