Indulto a presos del 18-O: Cómo avanzó en la agenda política y el conflicto de La Moneda con Boric-Provoste

• Cuando se presentó el proyecto, en diciembre de 2020, la entonces presidenta del Senado Adriana Muñoz (PPD) -firmante del texto- cifró en 800 los presos en prisión preventiva por el 18-O, y antes había defendido a la “primera línea”. Pero la Corte Suprema aclaró que eran 20, y en mayo la Fiscalía actualizó que eran 25 imputados o condenados con instancias de apelación pendiente, por delitos como quemar una zapatería o el metro San Pablo, lanzar molotovs y robar una farmacia y quemar a una mujer.

Respuesta de Boric y ofensiva del comando de Provoste. El candidato del FA-PC respondió con firmeza al Gobierno, sobre todo luego de que el subsecretario Juan Francisco Galli indicara que los responsables de la violencia son quienes instalaron en el país la sensación de impunidad: “Quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste; quienes van avisitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del PC y el FA Gabriel Boric”.

• “El gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia, en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público”, dijo Boric. Y añadió: “A quienes creen que, en cambio, saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no, no solamente nuestro rechazo, sino todo el rigor de la ley, tanto para ellos como para quienes delinquen con cuello y corbata, como el Presidente de la República”.
• Provoste no le respondió personalmente al Gobierno, pero sí lo hicieron desde su comando, como ocurrió con los diputados DC Gabriel Ascencio y Gabriel Silber, quienes pidieron al Contralor “investigar la abierta y descarada intervención electoral del subsecretario Galli y aplicarle las máximas sanciones”

¿Qué dice hoy el proyecto?: De acuerdo al boletín 13941-17, el proyecto de indulto general que aprobó la comisión de Comisión de Constitución dispone lo sifguiente:

1- Otorgar de manera excepcional ”la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena” en el período que va desde el 7 de octubre de 2019 y fines de 2020. Si en principio se trataba de un indulto más general, con el paso del tiempo -y los reparos que generó en amplios sectores del Congreso- se circunscribió para las personas que cumplen prisión preventiva desde hace más de un año.

2. La presentación del proyecto se basa en que “las imputaciones de hechos delictivos acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos”.

3. No quedarán comprendidos en el indulto general quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas.

¿Cómo avanzó el proyecto en el Congreso?: La idea de presentar un proyecto la instaló la diputada PC Camila Vallejo, a petición de familiares de los que denominaron “presos políticos” (aún cuando han sido sometidos a los tribunales por los delitos que cometieron). El PC se les acercó como parte de un diseño de retomar lazos con organizaciones de izquierda extrainstitucionales tras el 18-O. Desde el FA se sumó el partido del candidato presidencial Gabriel Boric, pero el proyecto debía partir por el Senado (los indultos son de su iniciativa exclusiva), por lo que el aliado para presentarlo fue el senador FA Juan Ignacio Latorre.

El rol de Yasna Provoste: Que lo firmara Adriana Muñoz mientras estaba en el cargo instaló el proyecto en la agenda, aunque en forma polémica”. Ella argumentó que había jóvenes “sin debido proceso” al extenderse sus prisiones preventivas por 1 año. Lo firmaron también Isabel Allende (PS) y Yasna Provoste, antes de asumir la presidencia del Senado y su candidatura a La Moneda. Provoste mantiene hasta hoy su apoyo, tras la petición de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón. “En Chile ha habido una situación abusiva respecto de la prisión preventiva”, ha dicho. Otras veces ha señalado que hay jóvenes acusados con pruebas débiles.

Reticencia en la centroizquierda: En diciembre el proyecto perdió inmediatamente piso político: al menos 5 senadores de ese sector estaban en contra (ya se caía el proyecto, si se consideraban los 19 de Chile Vamos), argumentando que era una intromisión en fallos judiciales y que legitimaba la violencia. Nueve condicionaban su apoyo a que se acote el universo de beneficiarios para no indultar a quienes sí cometieron delitos (el proyecto incluso incluía a autores de homicidio frustrado). Pronto Isabel Allende se distanció y el proyecto quedó congelado en enero.

Presión de la Lista del Pueblo: Hasta la elección de mayo solo había sido aprobado en comisión de DD.HH. (donde están Provoste y Latorre) y dormía en la comisión de Seguridad del Senado. Entonces la Lista del Pueblo demandó el indulto tras irrumpir como 3ra fuerza de la constituyente, y la presión surtió efecto: Latorre insistió y la comisión lo aprobó en general, con voto a favor de 3 senadores que antes habían expresado reparos al proyecto (José Miguel Insulza y Jaime Quintana, y en privado Francisco Huenchumilla.

FA-PC reactivan ofensiva: Tras el impulso que dio la Lista del Pueblo, el ex candidato presidencial PC Daniel Jadue pidió liberar a presos del 18-O como primer punto al iniciar su campaña a primarias. Y Boric saludó a los “presos de la revuelta” en su lanzamiento de campaña.

Presión en la constituyente: Constituyentes del bloque interrumpieron la primera sesión demandando liberar a los presos, y cuando constituyentes PS y FA intentaban reanudarla, la Lista del Pueblo reclamaba que primero se debía abordar esta situación. Desde el FA se les transmitió que se iba a tratar el tema y que ellos también lo promovían: la sesión se reanudó, y en la noche Loncón instaló el tema -tras omitirlo de su primer discurso, lo que desató un reclamó la Lista del Pueblo-. El vicepresidente Jaime Bassa explicitó que sería el primer tema.

¿Indulto o Amnistía?: Si bien fue presentado como un proyecto de indulto -en el cual se extingue solo el cumplimiento de la pena, pero la persona sigue siendo culpable del delito, por lo tanto recae solo sobre condenas ejecutoriadas-, abogados y el mismo Araya han advertido que la redacción corresponde más bien a una amnistía, es decir que elimina por completo la pena y la persona deja de ser culpable del delito. Loncón fue la primera en sincerar que la aspiración es “amnistiar los procesos de las personas que son los prisioneros de la revuelta y del Wallmapu”.