Presidente de la Asociación de Bancos: “Es necesario que la nueva Constitución garantice la protección del ahorro privado”

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, aborda las iniciativas populares de norma que presentó la entidad ante la constituyente y marca posiciones frente al factor Marcel, la responsabilidad fiscal, un contexto económico sin holguras y cómo viene el 2022.
-¿Qué espera usted de la Convención Constitucional? ¿Ha tenido espacio para hacer sus planteamientos en esa instancia?

-Nuestra expectativa es que temas tan importantes como la educación financiera, la inclusión y la protección del ahorro estén dentro de las temáticas a abordar en la CC. Todos conocemos los negativos efectos generados por los crecientes mecanismos informales de financiamiento- que se potencian en situación de crisis como la pandemia-, y que afectan principalmente a las personas, hogares y emprendimientos más vulnerables del país.

Por ello presentamos ante la Convención Constitucional tres Iniciativas Populares de Norma (IPN), que buscan promover una Economía Inclusiva y Sana:

1. “Inclusión a un sistema financiero seguro y formal”, propone al Estado el deber de diseñar e implementar políticas publicas que promuevan y potencien la inclusión de las personas a un sistema financiero seguro y formal”.

2. “Educación financiera para tomar mejores decisiones”, en que el Estado promueva la formación financiera sin discriminar destinatarios, formas, oportunidades o mecanismos para ello, ya sea a través de su acción directa o a través de la colaboración de privados, pero también a todas las personas para que puedan acceder a estos espacios de la manera más cercana, accesible y transparente.

3. Protección derecho individual al ahorro de las personas y su resguardo frente a eventuales propuestas que pudiesen menoscabarlo en el futuro.

En esta última IPN, hemos sumado casi mil firmas y claramente la meta se ve lejana. Pero seguimos confiados en que este tema sea parte del debate. Nosotros no somos los únicos que estamos liderando la solicitud de normas en esta misma línea.

En educación financiera, hay otras tres iniciativas que apuntan a establecer normas similares.

Estamos convencidos de que iniciativas de este tipo van en beneficio de las personas, de las confianzas y la robustez del sistema financiero chileno y haremos lo posible por continuar trabajando en esa dirección, incluso más allá de la Convención.

-¿A qué apuesta la banca que incluya la Convención?

-Nosotros aspiramos a que  se reconozca su importancia y se establezca la necesidad de a promover estos principios en colaboración de los privados con las diversas instituciones del estado involucradas en estos temas.

Se trata de iniciativas que ya tienen antecedentes en otros mercados. Una propuesta similar sobre  educación financiera fue presentada en México, para la incorporación de la Educación Financiera como parte integrante del derecho a la educación, la cual aún se encuentra en tramitación en el Congreso.

En el caso de inclusión, una norma similar  fue recogida, por ejemplo, en la Constitución Política de Ecuador en 2008, la que señala que “el sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros”.

La inclusión debe ser abordadas de manera complementaria con un decidido esfuerzo de mejorar la información, conocimientos y, sobre todo, educación sobre el sistema financiero de nuestro país.

En el caso de la protección del ahorro, hay ejemplos en las constituciones de Italia, Perú y Portugal.

-La Asociación de Bancos ha realizado una serie de propuestas relativas a incorporar iniciativas pro ahorro en la Constitución. ¿Por qué?

-Porque creemos firmemente que es necesario que la nueva Constitución garantice la protección del ahorro privado, resguardando los recursos obtenidos tras el esfuerzo de las personas y así incentive esta sana práctica, debido a la implicancias que tiene para decisiones tan importantes como enfrentar imprevistos de salud, financiar proyectos como la casa propia, y complementar ingresos en la vejez.

Al crear este derecho, se permite que las personas reclamen ante tribunales y órganos administrativos en caso de deterioro o vulneración del ahorro privado.

-La designación de Mario Marcel trajo alivio en el mercado. ¿Se justifica ese alivio o aún hay espacios importantes de incertidumbre hacia adelante?

-El nombramiento de Mario Marcel a la cabeza de Hacienda es un reconocimiento al aporte de la técnica responsable, lo que es fundamental para las futuras políticas públicas que emprenda Chile, sobre todo tras los impactos económicos que tuvo la pandemia del Covid. Su llegada es una señal de la reconciliación necesaria que debe haber entre las prioridades sociales y políticas, y el mantenimiento de una adecuada estabilidad financiera, virtud que ha resaltado a Chile en las últimas décadas, en comparación a sus vecinos de la región.

Pero el país necesita el apoyo de todos para enfrentar un contexto económico sin holguras y con sectores muy afectados por el desempleo, para recuperar la inversión y crecer con fuerza en los años que vienen.

Esperamos además que con el nuevo ministro podamos seguir trabajando en la agenda que teníamos en materia de educación financiera con el Ministerio de Hacienda, que es tan relevante y que estamos llevando a la Convención.

-¿Cómo ve el 2022?

-Desde la banca, las proyecciones para 2022 son de un crecimiento acotado de las colocaciones, el más bajo en más de una década. Esto, en el marco de incertidumbre dados los riesgos que prevalecen en la economía y la política.

Adicionalmente, los bancos se encuentran hoy implementando el estándar de Basilea III, que implica seguir constituyendo capital y mantener una adecuada gestión de los riesgos de crédito, de mercado y operacional.

De todos modos, estamos  preparados para acompañar el desarrollo económico de los hogares y empresas, canalizando recursos y ofreciendo medios de pago modernos, eficientes y seguros.

-¿Qué medidas se deberían tomar para resolver la crisis que desató la mezcla del 18-O con la pandemia?

-Nuestro país requiere el volver a crear acuerdos para un camino de reconciliación y crecimiento, donde las mayorías y minorías principales se vean representadas. Una democracia donde al menos el 95% se vea respetada y convocada. La salida institucional debe tener ese norte, donde no corresponde posiciones extremistas o maximalistas. Por ello la propuesta de Constitución esperamos sea vista como una esperanza para el 95% de los ciudadanos.

 –Existe una suerte de consenso en el país respecto de que deben existir reformas importantes, en el marco de una crisis de la política y las instituciones. ¿Cuáles deberían ser estas reformas?

-Hay reformas que corresponden trabajar en el marco de las políticas públicas y no a la normativa constitucional. Con todo, nuestro país requiere mejorar los principios asociados a las pensiones, la salud y la calidad de la educación. Además requerimos mejorar el acceso a la vivienda, buscar reducir la informalidad y trabajar por mayor  inclusión, entre ella la inclusión financiera. La mayoría de las reformas necesitan mayores recursos, y dado que aún somos un país de ingresos medianos y que incluso hemos retrocedido fuertemente, es más necesario que nunca la gradualidad y la responsabilidad.