La Convención y los vientos del rechazo. Por Sergio Muñoz Riveros

Numerosos acuerdos de las comisiones de la Convención Constitucional han confirmado que los grupos que la controlan siguen avanzando, paso a paso, para materializar una reingeniería total de la nación chilena.

Esa es la perspectiva ideada por los abogados Atria, Bassa, Woldarsky, Stingo, Daza, Sepúlveda, Rivera, Gutiérrez y otros, convencidos de la potencia revolucionaria que puede adquirir un texto constitucional, y de que la clave es no dejarse intimidar por la realidad ni hacer caso a quienes advierten sobre las consecuencias. Imposible no asociar la soberbia de los ideólogos de la Convención con otras experiencias históricas de iluminismo que tuvieron desastroso final.

No hay base para creer que, a mediados de año, surja un proyecto de nueva Constitución distinto de las concepciones de los activistas de la refundación. No desperdiciarán su oportunidad. En la comisión de Forma del Estado ya avanzó la propuesta que dice que “Chile es un Estado regional plurinacional e intercultural, descentralizado y con autonomías territoriales e indígenas”. Por su lado, la comisión de Medio Ambiente, aprobó una propuesta para anular las concesiones de exploración y explotación mineras, de áridos, de aguas, forestales y megaproyectos de generación eléctrica ubicados en “territorios indígenas”.

Quizás, los abogados que se convirtieron en comisarios políticos no advirtieron al principio la influencia que iban a adquirir los convencionales de los escaños reservados, representantes del nacionalismo étnico, pero lo han asimilado y aprovechado, como también lo han hecho el PC y el FA. A partir de allí, el indigenismo militante ha sido una especie de “voz de la conciencia” de los convencionales, la encarnación de un supuesto espíritu ancestral ante el que solo cabe inclinarse. Es una nueva modalidad de racismo, que se manifiesta como identidad beligerante y segregación útil: ahí está el contrabando de establecer cuotas de representación racial en todos los órganos de poder. Además de territorios étnicamente acotados, por supuesto. Y se supone que el resto de los chilenos tendríamos que aceptarlo sin chistar.

Reconozcamos que el juicio crítico de mucha gente fue debilitado por la revuelta antidemocrática de 2019. Hoy, hasta los senadores están preocupados frente a la posibilidad de que desaparezca el Senado. Pero, sucede que todos los senadores, al igual que todos los diputados, aprobaron crear un segundo parlamento en 2019, que fue la forma de regalar la potestad constitucional del Congreso Nacional y lavarse las manos respecto de lo que pudiera venir. ¡Cuánta indolencia y cuánto oportunismo para que los jacobinos les perdonaran la vida!

¿Cómo llegó el país a este punto? “La violencia hizo lo suyo”, reconoció Jaime Quintana, que encabezó el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, alentado por el gobierno del presidente Piñera. Exactamente: la violencia hizo lo suyo. Chile no vivía una crisis política, ni institucional ni económica en el momento en que irrumpió la barbarie con rostro social. En rigor, fue arrastrado a la crisis, y entonces, se acumularon las torpezas y los cálculos partidistas para ponerlo todo en discusión y meter al país en un atolladero.

En 30 años, Chile construyó un orden democrático que está en condiciones de aprobar cualquier evaluación internacional. Lo hizo mediante la acumulación de reformas constitucionales aprobadas por amplia mayoría en el Congreso. Ello dio estabilidad institucional al país, que fue la base del progreso. Y, sin embargo, la ceguera política y los acomodos de circunstancia crearon una situación en la que la democracia se disparó a los pies. Y aquí estamos ahora, en medio del laberinto.

Hay que valorar que nuevas voces expresen hoy su desacuerdo con el proceso disolvente. La Corte Suprema hizo bien al encender las alarmas. Se requiere rechazar ahora mismo los elementos que empiezan a configurar un orden que, como la propuesta de crear un órgano de control de los medios de comunicación, pueden representar un inmenso retroceso para la vida en libertad.

La Convención no se ha apoderado del futuro, aunque así lo crean muchos de sus integrantes. Ese futuro está abierto y será mejor o peor según lo que hagamos los 20 millones de chilenos. No tenemos por qué aceptar un rumbo equivocado, que lleve al país a la decadencia. En suma, nadie puede cruzarse de brazos.