Nuevo gobierno viejo problema: ¿cómo evitar que el Estado sea un botín? Por Noam Titelman

El Estado es un buque enorme que lleva una fuerte inercia, por lo que los nuevos gobiernos rápidamente descubren que su pequeño timón, por muy buenas ideas que se tenga, debe enfrentarse al lento y laborioso oficio de la planificación estratégica, la gestión de desempeño, la evaluación de resultados y, en general, la gestión pública.

Una vez definido el “qué” es fundamental preguntar por el “cómo hacer” (Waissbluth, 2021). Casi todos los gobiernos antes de asumir prometen traer eficiencia y terminar con la supuesta “grasa” del Estado. En buena medida, este fue uno de los elementos centrales del discurso con que Piñera llegó a su primer gobierno y formó su “gabinete de gerentes”.

Lo que está y las experiencias anteriores han mostrado, es que la pretensión de abordar estos problemas estructurales con la idea de traer una receta mágica que resuelva todas las dificultades es ilusoria y, francamente, absurda. No podía ser de otro modo si, según la consultora McKinsey, el 80% de los esfuerzos de transformación del sector público terminan en fracaso.

Incentivan esta perspectiva una cierta cultura de los “guru” del management que, con slogans pegajosos y abundantes acrósticos, ofrecen soluciones sencillas a los problemas del Estado: tres o cuatro pasos y listo. Por cierto, existe una ciencia de la gestión de organizaciones y del Estado, pero a veces es difícil distinguir lo medular de las challas que lo rodean.

El nuevo gabinete se caracteriza por tener a varias figuras destacadas en su ámbito técnico y académico, expertas en sus temas y con buenas redes con los actores y organizaciones de su ámbito. Están, en varios sentidos, en una posición inmejorable para definir los ámbitos de acción y generar diálogos sociales y políticos para afinar qué hacer.

Al mismo tiempo, para varios de ellos (aunque ciertamente no para todos) será la primera vez que están a la cabeza de una institución estatal, más allá de las instituciones académicas. Una buena gestión puede hacer una gran diferencia en el juicio que tenga la ciudadanía de sus carteras y del gobierno en general.

Hay un elemento que marca las dificultades de gestión pública con claridad: la tentación de enfrentar las contrataciones estatales como botín de victoria para la coalición que ganó las elecciones. En Chile se seleccionan aproximadamente 1.507 cargos por Alta Dirección Pública (ADP). En teoría, el objetivo de la ADP es asegurar que los que estén en estos cargos tengan las competencias mínimas requeridas y aislar sus trayectorias laborales de los ciclos políticos.

Sin embargo, según información del servicio civil (2017), en cambios de gobierno las desvinculaciones del primer nivel de funcionarios se encuentran entre 60 y 70% durante el primer año. Más aún, la duración promedio de los altos directivos públicos alcanza apenas los 2,4 años (Egaña 2017). Chile es el país de la OCDE en el que menos estabilidad laboral existe y en el que los cambios de gobierno generan el mayor cambio proporcional de personal de alto nivel (OCDE 2016)

Evidentemente, es imposible que con una rotación de ese nivel haya capacidad de mover sustancialmente al Estado desde esas jefaturas.

¿Qué puede hacer el nuevo gobierno y las nuevas autoridades que asumirán el 11 de marzo al respecto?

Lo primero es que las cosas que funcionan hay que dejar que funcionen bien y en el Estado chileno, pese a algunas caricaturas, hay muchas cosas que lo hacen. Hay miles de funcionarios que trabajan arduamente y con compromiso por entregar un servicio de excelencia a la ciudadanía. Hay una gran tentación cuando llega una nueva administración de reinventar la rueda y poner patas arriba todos los procedimientos.

Muchas veces detrás de estas reinvenciones de la rueda hay una mezcla de desconfianza con la labor del funcionario público, junto con un optimismo desmedido de las capacidades “gerenciales” propias.

En este sentido, en primer lugar, lo mejor que pueden hacer los nuevos encargados de las carteras es escuchar el doble de lo que hablan y hacen, sobre todo al comienzo, cuando se están familiarizando con su entorno organizacional.

En segundo lugar, el capital político y de legitimidad de las jefaturas en el Estado es tremendamente escaso. Frente a funcionarios que han visto llegar e irse a varias jefaturas que han tratado de mover todo para terminar moviendo nada, es importar escoger astutamente las peleas que dar para mejorar el funcionamiento organizacional.

Junto con las grandes reformas estructurales necesarias para profesionalizar más al servicio civil, un primer gesto importante podría ser que cada autoridad muestre su preocupación e interés por la gestión.

La pelea más importante y relevante que pueden dar los futuros encargados de las carteras en este ámbito es poner un foco en la gestión y desempeño de los funcionarios y no dejarlo como un aspecto secundario.

A veces, lo más revolucionario que puede hacer un municipio es recoger la basura a tiempo y que las luminarias funcionen adecuadamente. A veces solo lograr que una organización pública cumpla adecuadamente y a tiempo con lo básico puede ser un salto gigantesco. Además, a nivel central, el gobierno podría renunciar a emplear algunas o todas sus “12 balas de plata”, la disposición legal que le permite remover a funcionarios seleccionados con ADP. Una señal potente del reconocimiento a la profesionalización del Estado y de superación de la lógica de botín.

¿Podrá este gobierno lograrlo? Por cierto, otra cosa es con guitarra.