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Agosto 19, 2022

[Confidencial] Contraloría toma razón de resolución que permite a Jackson imprimir 700 mil ejemplares de texto constitucional

Ex-Ante
Crédito: Agencia Uno.

La semana pasada, la Contraloría removió el tablero de La Moneda al sostener en un dictamen que el ministro Giorgio Jackson “no se ajustó a la necesaria prescindencia” por involucrarse en la negociación para mejorar la propuesta del Apruebo en torno a las reformas al texto constitucional.

Este viernes, la entidad que dirige Jorge Bermúdez adoptó otra decisión sobre Jackson y tomó razón de la resolución que envió la Secretaría General de la Presidencia para imprimir más de 700 mil ejemplares del texto constitucional propuesto por la Convención.

La decisión surge en medio del escenario judicial que enfrenta el ministro, ya que el Séptimo Juzgado de Garantía revisará dos querellas por la impresión de dichos ejemplares, tras un recurso presentado por el diputado Juan Eduardo Irarrázaval (Partido Republicano) en el que impugnó que dichos ejemplares fueran impresos cuando la Convención Constitucional ya había sido disuelta por un monto de $444.616.384.

Según fuentes oficialistas, la Contraloría dispuso la toma de razón del decreto en base a que los recursos entregados a la constituyente siguen vigentes, de acuerdo a la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso para 2022.

Y la querella del parlamentario justamente apuntaba a que esta acción “no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022”.

En segundo término, el ente fiscalizador tomó en consideración que la mesa directiva que dirigía María Elisa Quinteros le solicitó a la Secretaría General de la Presidencia -ministerio que por ley fue encargada de dar cumplimiento a la labor encomendada a la constituyente- el difundir el texto constitucional.

De todas maneras, la Contraloría podría auditar la ejecución del gasto de la cartera.

Para algunas voces oficialistas, la resolución de la entidad supone un golpe a la querella que se tramita contra él en tribunales.

Jackson había dicho que “puede haber algunos diputados a los que les moleste que la gente pueda leer el texto, pero el Gobierno tiene el deber de seguir difundiendo”.

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