Más allá de si el estallido social comenzó o no como una reivindicación constitucional (cuestión para nada obvia), lo cierto es que el “Acuerdo” del 15 de noviembre de 2019 abrió una puerta que ya no es posible -ni conveniente- cerrar. Ese día se fijaron los lineamientos del proceso actual, así como las opciones procedimentales que, luego de ser afinadas por una comisión técnica, derivaron en el plebiscito de entrada, la elección de convencionales, el trabajo de los constituyentes y ahora, en unos días más, el referéndum de salida.
Dicho “Acuerdo” me pareció siempre una buena salida institucional para enfrentar la crisis provocada por la violencia octubrista. Y no por ser ella una suerte de derrota moral frente a la “izquierda radical”, sino por el triunfo que representó para la democracia representativa el hecho de que el espectro en su totalidad (salvo el PC) estuviera dispuesto a sentarse a conversar. Considerando el desprestigio en el que se encontraban los partidos, no cabe sino aplaudir que la política tradicional haya encauzado nuestras diferencias.
Por supuesto, para algunos en la derecha lo pactado en esa maratónica jornada se pareció más a una capitulación que a una negociación política: “se nos puso contra la espada y la pared”, fue una frase repetida por algunas cúpulas luego de verse “obligadas” a firmar la apertura de la discusión constitucional. Para otros en ese sector significó, en cambio, una oportunidad para responder a las promesas incumplidas de la modernización capitalista. En efecto, el alto porcentaje de electores que en octubre de 2020 votó a favor de tener una nueva Constitución se explica, al menos en parte, por el compromiso que adoptó buena parte de la centroderecha con el cambio político.
Las izquierdas, sin embargo, nunca lo han creído así y, de hecho, intentaron apropiarse del Apruebo de octubre de 2020 hasta transformar esa opción en un espejo del gobierno del presidente Boric, una cuestión que es problemática por razones tanto estadísticas como políticas: lo primero, pues difícilmente pueda decirse que el 80% de los chilenos y chilenas es de “izquierda”. Lo segundo, porque amarró a Apruebo Dignidad a cualquier resultado que saliera de la Convención, sin importar el contenido de la propuesta ni el contexto político-económico en su redacción.
La consecuencia inmediata de esta apropiación por parte de las izquierdas ha sido, como era esperable, el aumento del Rechazo en las encuestas de los últimos tres meses. Porque una cosa es clara: las críticas al trabajo de los convencionales es tan ideológica y socialmente transversal que han logrado quebrar el viejo clivaje del Sí y el No. Podría triunfar el Apruebo, pero ello no desmerece la capacidad articuladora que han mostrado los partidarios del Rechazo a la hora de diseñar una campaña que, si bien recelosa del proyecto de la Convención, reconoce la importancia de que el país cuente sí o sí con una nueva Constitución.
No quiero decir con esto que la centroizquierda que está con el Rechazo se haya derechizado ni que ésta se haya centroizquierdizado: cada grupo ha defendido sus respectivas posturas con argumentos técnicos y políticos, convencidos como están de que el texto de la Convención tiene problemas estructurales que no se resolverán con las reformas (¿supuestamente?) consensuadas por las izquierdas.
En el caso del Partido Republicano y de algunos de sus cercanos, como la ex convencional Rocío Cantuarias, está todavía por verse si lograrán captar a tiempo la importancia de contar con una nueva Ley Fundamental que relegitime nuestra convivencia política. Por suerte, los pocos que todavía insisten en volver al statu quo ante 2019 contrastan con el compromiso -explícito y reiterado- de los dirigentes y adherentes de Chile Vamos de continuar el proceso constituyente más allá de la elección de este domingo.
Es en ese compromiso que Chile Vamos se cruza y junta con la centroizquierda que ha sido crítica del texto de la Convención. Es de esperar que vuelvan a reunirse no sólo este domingo votando Rechazo, sino también en los meses que vendrán. Será allí cuando se decida el nuevo camino hacia la redacción de una Constitución que sea mayoritariamente aceptada por la ciudadanía. El objetivo es transitar del Apruebo de octubre de 2020 a un Apruebo que, en base a las reglas que comiencen a fijarse el 5 de septiembre, sea tan fuerte y convincente como lo fue en el plebiscito de entrada.
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