Un reportaje de Mega alerta sobre un tema que ya ha sido levantado en una serie de ocasiones por varios medios de comunicación: la falta de fiscalización externa en el Congreso y la aplicación diversa de los estándares de integridad y transparencia frente a otros organismos del Estado. El tema en cuestión del reportaje es la posibilidad de algunos parlamentarios de poder viajar durante las semanas distritales y ausentarse del trabajo parlamentario, sólo en algunos casos con descuentos por inasistencias.
A raíz de esto, se indica que se trata de un tema sin legislar y que, tal como ocurrió en el caso de una senadora que se ausentó por meses para cursar estudios en el extranjero, no se puede renunciar ni devolver la dieta parlamentaria, porque no se encuentra regulado. Lo mismo con las ausencias en las semanas distritales.
No será de extrañar que, como consecuencia de este reportaje, se anuncien nuevas leyes o cambios a los reglamentos pero que, con el correr del tiempo, caiga en el olvido hasta el próximo reportaje, que volverá a producir indignación. Un constante dejá vu.
Sin embargo, el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados es claro al indicar en el artículo 38 que “la última semana de cada mes se destinará al trabajo distrital…”. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto?
A mi juicio estamos ante dos fenómenos, uno muy propio de un país legalista donde buscamos las direcciones e instrucciones claras y precisas de la regulación. Si la ley no señala expresamente esta situación, estaríamos frente a un vacío.
Es cierto que nuestras leyes son abstractas y generales y que no se ponen en todos los casos, para eso está la interpretación y la aplicación, pero sí tiene una serie de principios que deben guiar el actuar de autoridades y servidores públicos, como el de probidad y el de transparencia.
Pero luego, tenemos un problema concreto en el Congreso, la falta de una entidad imparcial y autónoma que pueda hacer carne estas regulaciones y principios para cada caso concreto, sin que tengamos que acudir a una constante y excesiva regulación, más aún cuando estamos tan preocupados de la excesiva burocracia y permisiología que, como indican muchos, está paralizando al Estado.
Hace más de una década que se ha propuesto la imperiosa necesidad que no sean los propios legisladores los que se autorregulen, fiscalicen y sancionen (a través de sus comisiones de ética) sino que se avance en una entidad imparcial, integrada por personas externas y con capacidades técnicas, para fiscalizar y sancionar los estándares y múltiples regulaciones que existen en materia de integridad parlamentaria (así como existe la Contraloría para la administración del Estado).
Mirando la experiencia comparada y buscando proteger la autonomía propia del Congreso, se propuso por un grupo de senadores la creación de una Comisión de Ética que tuviera este rol, tal como ocurre en Francia, Canadá, Estados Unidos y otros países con mejor desempeño en indicadores anticorrupción que Chile. Sin embargo, al poco andar, el proyecto pasó a un cajón y no se volvió a discutir más desde el año 2017.
El Congreso presenta una de las confianzas más bajas para la ciudadanía de todas nuestras instituciones públicas (generalmente solo están más abajo los partidos políticos) y se trata de un poder clave e irremplazable en una democracia fuerte y sana ¿Cuántos reportajes más tendremos que presenciar hasta que, finalmente, avancemos en esta materia y la implementación y exigencia de las regulaciones y estándares existentes de integridad tengan mejor aplicación en el Congreso? Las propuestas están hace tiempo sobre la mesa, solo falta la voluntad política para aprobarlas.
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— Ex-Ante (@exantecl) June 12, 2025
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