Abogada de familia Correa tras desalojo de toma en Quilpué: “Ha sido imposible vender el terreno”

Jeannette Bruna ha defendido a la familia Correa, cuyo padre fue asesinado por el narco para tomarse sus terrenos en Quilpué. Tras el desalojo dice que “varios de los oferentes o de los interesados para armar bodegas o data centers tienen miedo de que se los vuelvan a tomar. Entonces nadie quiere comprar”.

-Hace poco más de un mes fue el desalojo de la toma de Quilpué, que puso fin a cinco años de usurpación. ¿Estableció un precedente?

-Sí. Se hizo la demolición, pero hemos tenido que seguir defendiendo el terreno. Con la familia construimos zanjas profundas y aún estamos en el proceso de cercado. Fue un logro, porque sentó un precedente. Sin embargo, nos hemos enfrentado a problemas inesperados como el estigma social y los animales domésticos que vuelven.

-¿La gente abandonó a sus mascotas?

-Es triste decirlo, pero así fue. Los animales volvían al sector una y otra vez. La municipalidad tuvo que disponer de su equipo de medioambiente y tenencia responsable para poder llevarlos a familias temporales.

-Este lunes salió un dictamen de Contraloría respecto a la obligación que tienen los municipios, previo a desalojar las tomas, de catastrar a los animales.

-Me parece insólito que hayamos  llegado tan tarde a esto, porque no puedes pasar máquinas si no tienes la certeza de que no hay animales dentro del terreno. La primera vez que yo me senté a la mesa intersectorial dirigida por el delegado presidencial, pedí el catastro de animales. No está en el inconsciente colectivo de las autoridades el tema de las mascotas. Si les cuesta tanto tener actualizado un catastro de las personas que viven en la toma, imagina cómo sería contar también a los animales.

-¿Han habido representas a la familia Correa después del desalojo, cuyo padre fue mandado a asesinar por el crimen organizado?

-Al menos no han existido nuevos intentos de retomar el terreno. Son más de 2.000 metros lineales. En este momento yo tengo que vender el sitio, porque la familia quiere salir de allí. Pero ha sido imposible vender el terreno. El problema al que se enfrentan los dueños de terrenos que han sido tomados para su venta es que el lugar queda estigmatizado.

Varios de los oferentes o de los interesados para armar bodegas o data centers tienen miedo de que se los vuelvan a tomar. Entonces nadie quiere comprar. La familia había pensado en venderlo a la autoridad para construir  un gran centro de emergencia, porque es un eje estratégico para la región. O para construir un Centro de Formación Técnica.

-¿Cómo lo cuidan?

-Hacemos sobrevuelos de drones periódicamente.

-¿Cuánto dinero esperan?

-Hay una cifra ya establecida, pero es mucho más baja de la que esperaba la familia. Incluso, estoy mandatada para darlo en arriendo o comodato mientras se concreta una venta en un valor mucho más bajo que el avalúo comercial del terreno. No te puedo decir la cifra.

-¿Cuál es el ánimo de Valentina Correa y la familia propietaria?

-Está muy cansada de este trámite. Y un poco preocupada de lo que cuesta lograr vender un terreno después de que sea tomado. El estigma desincentiva a cualquier comprador. La verdad es que el primero que llegue y compre, nosotros vendemos.

-¿Qué te parece el caso de la mega toma San Antonio, que lleva varios años y no avanza?

-Uno ve con preocupación lo que sucede en San Antonio. Las señales que da la autoridad respecto al Estado de Derecho son alarmantes. Es un Estado fallido, sin duda. Si el Ejecutivo se ha demorado tanto en cumplir una sentencia, ¿qué se espera para el resto?

-La Corte de Apelaciones es bien drástica en su última resolución. Dice que da 30 días o aplica sanción.

-Es un ultimátum. San Antonio es mucho más grande que Quilpué: estamos hablando de más de 10.000 familias, si bien no se han actualizado las cifras de cuántas personas siguen ahí. El gobierno no entrega datos exactos. Porque hay personas que tenían otra vivienda a su nombre. Es decir la casa de la toma es una segunda vivienda. Y en todas las tomas de Chile pasa lo mismo.

-Aun no hay albergues para recibir a los pobladores ilegales.

-Exacto. La sentencia de la Suprema dice que tienes que darle un albergue a las personas que lo necesiten. Pero no a las 10 mil personas. Si el gobierno no hubiese gastado todo este año en excusas, podría haber planificado un plan B en caso de que no resultara la negociación de la compra-venta que estaba dirigiendo el Minvu. Podrían haber establecido un desalojo progresivo.

-¿Cómo evalúas el rol del ministro Montes? 

-Ha sido errático. El ministro dijo que en el caso de la región de Valparaíso, en la Toma Calichero, había tenido que forzar a su Seremi porque ella no quería demoler. Ha sido un comportamiento errático en donde se ha impuesto la Seremi por sobre su propia voluntad. Y no ha traído ninguna consecuencia de responsabilidad.

Además, no se generaron protocolos de prevención ni de solución temprana de las tomas. Montes no cumple sus deberes a menos que se lo diga una sentencia judicial. Y eso no es propio de un poder ejecutivo que debe actuar sin necesidad de que una sentencia se lo diga. Esa es la naturaleza jurídica más importante que tiene el poder ejecutivo. Y eso no lo está haciendo.

-¿Qué tan infiltrado está el crimen organizado en las tomas?

-Las tomas están absolutamente cooptadas por el narco. No entra la policía. A través de las tomas el crimen organizado está entrando a nuestras ciudades. Eso está corroborado por los propios fiscales. Tal como está ocurriendo en Antofagasta y muchas regiones. Es un tema prioritario de seguridad pública.

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