Abogada de familia Correa y desalojo de toma de Quilpué: “Hay temor de que se transforme en una batalla campal”

“Ha sido un proceso tortuoso para la familia”, dice Jeannette Bruna, abogada de los dueños de los terrenos usurpados en Quilpué. El origen de la toma se vincula al narcotráfico. El dueño Alejandro Correa fue asesinado por un sicario en 2020. Luego de una larga batalla legal, la familia Correa espera que se cumpla la orden de demoler las casas que no cuentan con los permisos correspondientes.

Qué mirar. Es un caso que puede sentar precedentes. Así comentan en el mundo legal la situación de la toma de Quilpué, en terrenos de la familia Correa. No es una mega toma como San Antonio: viven 100 familias. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Minvu demoler las casas en las tierras usurpadas.

• Pero aún hay incertidumbre sobre si se cumplirá el plazo legal: este lunes 29 de septiembre debería comenzar la demolición. Este caso presenta una distinción, pues no se invoca el derecho de propiedad vulnerado, sino la construcción en lugares no habilitados. Son casas que no tienen permiso de recepción municipal, ni son regularizables.
• “El Gobierno ha sido lento, inactivo. En estos terrenos hay un estado fallido”, dice Jeannette Bruna, abogada de la familia Correa.

Historia fatal. El origen de la toma estuvo vinculado al crimen organizado. El 10 de mayo de 2020, el empresario inmobiliario Alejandro Correa discutió con un loteador ilegal que le había asignado a terceros un paño de un terreno que era de su propiedad, ubicado en el sector de Pompeya Sur de la comuna de Quilpué. El día 14 de ese mes Correa lo denunció y cuatro días más tarde, fue asesinado.

• Un “conocido” del loteador pagó $5 millones a un sicario por el homicidio. Mientras se realizaba el juicio contra los responsables –ya condenados–, la familia del empresario inició otra batalla judicial para recuperar dichos terrenos.

Batalla legal. El año 2021 hubo una resolución de la Seremi del Minvu de Valparaíso que ordenaba la paralización y la demolición de las construcciones que había en el terreno. “Pero fue enterrada en un cajón”, dice la abogada Bruna.

• La familia presentó un recurso de protección, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El fallo del 27 de agosto de 2024 ordenó a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso cumplir su propia resolución y demoler las construcciones ilegales que aún están en el terreno, en un plazo de 30 días y con apoyo de la fuerza pública en caso de resistencia de los ocupantes.
• Esto desestimó la tesis planteada por el abogado de la Seremi, Mauricio Bottner, quien indicó que “siendo un terreno privado, es el recurrente el que tiene que ejercer las acciones para provocar ese lanzamiento”.
• “Yo creo que lo más probable es que no apelemos”, señaló el ministro Carlos Montes.

Demora. Sin embargo, nuevamente el tema se fue postergando, lo que hizo crecer la indignación en la familia Correa. La hija del empresario asesinado, Valentina, escribió una carta a El Mercurio: “Le recuerdo al Gobierno que en mayo de 2020, un reconocido narcotraficante de la zona mandó a asesinar a mi padre para apropiarse de ese terreno y levantar allí un asentamiento irregular junto a otros negocios ilícitos”.

• Agregó: “Ya no caben más excusas. Todo indica que este Gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos”.
• La abogada Jeannette Bruna plantea que se está poniendo en juego el Estado de derecho: “El gobierno no ha sido proactivo, lo que tiene que ver con la ideología que está detrás respecto a obligar a los privados, incluso por la fuerza, a solucionar problemáticas que tiene el Estado y que no se condicen con un Estado de Derecho Democrático como el actual”.

Plazo final. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti aseguró que “se están haciendo las mesas de coordinación muy tarde, y yo apunto al delegado presidencial regional, quien es el encargado de coordinar a las policías, a Carabineros, a la PDI. Pero no dejemos de lado también al Ministerio de Seguridad Pública que está coordinando aquello”.

• Jeannette Bruna tiene dudas de que se pueda cumplir el plazo de la demolición. “Hoy debería conocerse la empresa a cargo”. La abogada dice que a la familia le gustaría que el terreno sirviera para la comunidad, por ejemplo, construyendo un cuartel de la PDI. “Otra opción es venderlo”, reconoce.
• “La gran pregunta es cuándo será el desalojo”, comenta. “No queremos ver que lleguen las máquinas y el lento trabajo del Serviu en esta materia provoque que sean carabineros los que tengan que estar sacando a la fuerza a las familias que no se quieran ir”.
• Un aspecto complejo es la posición de la gente que vive en la toma. Como cuentan cercanos a las negociaciones, los asesores de los pobladores dijeron en una marcha que presentarían hoy un recurso de protección, porque la orden solo dice demoler no desalojar.
• “Tenemos temor de que se transforme en una batalla campal. Porque no hay vuelta atrás. Esperamos que los buenos oficios de la delegación y que sobre todo la experiencia de carabineros logren provocar que las personas hagan retiro voluntario del sector”, sostiene la abogada Bruna.

Para más entrevistas en Ex-Ante, clic aquí

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Ex-Ante (@exantecl)