Lo nuevo. Este jueves, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entregó a la compañía minera Mantos de Oro, filial en Chile de la canadiense Kinross, el ICSARA (Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones) para su proyecto denominado “Extensión Vida Útil Faenas La Coipa y Purén”.
Chinchilla. Uno de los puntos más cuestionados por los organismos públicos en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa es la afectación a la especie roedora chinchilla, donde los entes solicitaron “evaluar los impactos ambientales asociados a la afectación de la especie y, en el caso que corresponde, establecer medidas de mitigación, reparación y/o compensación”.
Análisis de heces. En su Adenda, la empresa propuso implementar un programa de monitoreo para detectar de manera temprana variaciones significativas en la vegetación que sustenta el uso y forrajeo de la chinchilla.
Paisajismo. Los entes públicos también solicitaron al titular evaluar el impacto que la extracción adicional de recursos hídricos tendrá sobre los componentes paisaje y turismo, algo que, según los organismos, la empresa no ha aclarado y que pudiera no ser compatible con la actividad turística, debiendo en tal caso proponer medidas o compromisos.
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.
