Al menos $ 262 mil millones: El costo para el Estado por falsificación de datos para obtener gratuidad

Un informe del CEP, elaborado por el actual subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, señala que “un 23,3% de estudiantes que recibieron gratuidad en 2022 no están dentro del grupo de la población objetivo del beneficio”. Calculan que si la gratuidad se otorgara estrictamente al 60% más vulnerable, como señala la ley, el fisco podría ahorrar entre un 0,08% y un 0,11% del PIB al año.

Ahorro fiscal. Un informe del Centro de Estudios Públicos (CEP) presentado en julio de 2025 y titulado “En busca de espacio fiscal: líneas de acción para contener y priorizar el gasto público”, desarrolla 20 propuestas de ahorro para reducir gasto fiscal.

• En su propuesta número 6 plantea “mejoras en instrumento de focalización para beneficiarios de la gratuidad en educación superior”, lo que señalan podría generar un ahorro para el Estado de entre $262 mil millones y $370 mil millones.
• El documento fue elaborado por Gabriel Ugarte, ingeniero civil industrial y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la U. Católica y en Política Pública de la Universidad de Chicago, quien el 11 de marzo asumió como nuevo subsecretario de Evaluación Social del gobierno de José Antonio Kast.
• En el texto trabajaron también los investigadores Tomás de la Maza, Sebastián Soto, Rodrigo Vergara y Fernando Bastidas, este último nuevo analista de Dipres.

Fraude social. El informe cobra relevancia a raíz de las denuncias por mal uso y entrega de datos falsos en los instrumentos de postulación a la gratuidad universitaria. Un reportaje de Ex-Ante  mostró como se han extendido los mecanismos irregulares para acceder al beneficio, como alumnos que declaran que viven con un familiar de bajos recursos, son independientes o que sus padres están separados de hecho.

• La falsificación de datos socioeconómicos en las fichas para acceder al beneficio se ha vuelto un problema masivo reconocido por estudiantes y autoridades. Como la gratuidad solo beneficia hasta el 60% más vulnerable, muchos alumnos del séptimo decil socioeconómico o superior, entregan información falsa para demostrar menores ingresos.
• En redes sociales hay numerosos foros sobre trucos para ser catalogados en un nivel económico más bajo e incluso un negocio informal de asesorías pagadas a asistentes sociales que ayudan a presentar los datos en la Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) y en el Registro Social de Hogares (RSH).
• Para expertos como el ex Dipres, Matías Acevedo, esto constituye un fraude social que se ha normalizado y que repercute en el fuerte incremento en el gasto en gratuidad, por sobre todas las proyecciones.

Sectores de altos ingresos. Según las estimaciones del CEP, “un 23,3% de estudiantes que reciben gratuidad en 2022, se encuentran entre el decil 7 y 10 y, por tanto, no están dentro del grupo de la población objetivo del beneficio”.

• Los investigadores llegaron a esa cifra en base a las respuestas recogidas por la encuesta CASEN que consultó “En el año escolar 2022, ¿paga por la carrera que estudia?”.
• Según el desglose un 10,5% que de las personas que recibieron gratuidad pertenecen al decil 7; un 6,1% al decil 8; un 4,5% al decil 9; y un 2,2% al decil 10. Es decir los sectores de mayores ingresos de la población (ver documento al final de la nota).

Distorsiones e inconsistencias. El informe señala que “los beneficios de la gratuidad en la educación superior están dirigidos a las familias correspondientes al 60% de menores ingresos de la población. No obstante, se han identificado problemas que distorsionan esta clasificación”.

• “La autodeclaración de la composición de los hogares genera una sobreacumulación en los tramos más bajos del RSH, y la existencia de trabajos e ingresos informales no capturados por las fuentes administrativas puede sobreestimar la vulnerabilidad de las familias pertenecientes al registro”.
• “Al realizar análisis comparativos entre la clasificación del FUAS y otras fuentes de información como el Censo o la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), se evidencian inconsistencias relevantes en la identificación de los beneficiarios. Por ejemplo, se observa que el tamaño de los hogares en el RSH es sustancialmente menor al promedio observado en estas otras fuentes”.

Las cifras. Según el análisis del CEP “un ajuste de la focalización de estos beneficios permitiría cumplir con la ley, otorgando los beneficios de la gratuidad a quienes realmente se encuentren en la situación socioeconómica establecida como criterio de asignación de beneficios sociales, generando así una contención significativa del gasto fiscal”.

• Así, si se asegurara la focalización, al menos en los deciles 1 al 7, excluyendo a los deciles 8, 9 y 10 (establecidos según la CASEN) se estima que el menor gasto por utilizar un mejor instrumento alcanzaría M$262.384.940, equivalente a un 0,08% del PIB.
• En tanto si se excluyera del beneficio a la mitad de los estudiantes del decil 7 hacia arriba, el menor gasto sería de M$370.003.763, equivalente a 0,11% del PIB.

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