Alerta en Guatemala. Por María Jaraquemada

El deterioro democrático y del respeto a los derechos humanos, lo que generalmente va de la mano de la corrupción, en los últimos años en la región son preocupantes. Esta película ya la conocemos y el desenlace es realmente dramático. Por eso, estamos a tiempo, como parte de la comunidad internacional y de ser parte de esta vecindad de apoyar a la sociedad civil, presionar al gobierno de Guatemala y contribuir, de diversos modos a que no se llegue al punto de no retorno.

Algo está empezando a oler muy mal en Centroamérica (o a empeorar su olor). En Nicaragua vemos como el dictador Ortega no solo encarcela a la oposición y disidentes -muchos de los cuales fueron sus compañeros de revolución para derrotar a la dictadura de Somoza-. Sin embargo, décadas después no tiembla en ocupar herramientas y estrategias similares para perpetuarse en el poder y aplastar todo intento de oposición y sana crítica que siempre debe existir en torno al poder de turno.

No solo eso, sino que además ahora se está encarcelando, persiguiendo e impidiendo ejercer sus ritos a sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. Supresión total de las libertades. A las dos dictaduras de América Latina (que se suman a la que ya lleva décadas en el Caribe, Cuba), ahora estamos comenzando a ver ciertos retrocesos y amenazas en otro país centroamericano.

En el último tiempo, el gobierno guatemalteco ha comenzado también a acallar voces que denuncian irregularidades y corrupción. Así, al exilio forzado de la ex Fiscal que procesó al ex presidente y vicepresidenta de Guatemala en el famoso caso de La Línea y que produjo una serie de movilizaciones ciudadanas el año 2015, ahora se suman acusaciones y persecuciones al presidente del diario El Periódico, José Rubén Zamora y una auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quienes fueron detenidos por cargos de chantaje, tráfico de influencias, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero; y delito de revelación de información confidencial o reservada, respectivamente.

Hace años que la organización Human Rights Watch ha denunciado amenazas, ataques e intimidaciones a varios periodistas guatemaltecos, entre ellos Zamora, que ha sido muy crítico del gobierno de Alejandro Giammattei  y en su rol había publicado denuncias de corrupción en contra de este en los días previos a su detención.

Pero esto no es todo. También ha habido hostigamientos y persecución a activistas anti-corrupción, quienes tienen razones más que de peso para hacer su trabajo en dicho país que ha descendido notoriamente en varios indicadores clave, como los de percepción de la corrupción y relacionados con la democracia, empezando a acercarse peligrosamente a los últimos lugares en la región, precisamente junto a Nicaragua y Venezuela, algo nada auspicioso. Lo anterior ha implicado un exilio masivo como ya hemos visto en otros países con grave deterioro democrático, lo que pone a esas personas en una mayor vulnerabilidad y posibilidad de ser víctimas de redes de trata de personas.

Organizaciones como Transparencia Internacional han advertido y levantado alertas en diversas ocasiones y países de lo necesario que es tener separación de poderes para un real Estado de Derecho; del posible abuso del sistema penal para acallar a la oposición y particularmente a denunciantes de irregularidad (como periodistas y activistas) quienes deben gozar de una especial protección cuando realizan estas denuncias.

El deterioro democrático y del respeto a los derechos humanos, lo que generalmente va de la mano de la corrupción, en los últimos años en la región son preocupantes. Esta película ya la conocemos y el desenlace es realmente dramático. Por eso, estamos a tiempo, como parte de la comunidad internacional y de ser parte de esta vecindad de apoyar a la sociedad civil, presionar al gobierno de Guatemala y contribuir, de diversos modos a que no se llegue al punto de no retorno.