-¿Cómo ve el escenario para la inversión en Chile? ¿Están desapareciendo los incentivos a la inversión privada?
-La inversión ha venido cayendo en forma bastante sistemática durante al menos los últimos 10 años. Y eso es reflejo de una combinación de varios factores. A mi juicio, los tres más importantes son los desincentivos generados por los altos costos asociados a la permisología.
En segundo lugar, el aumento de la carga tributaria que recae sobre las empresas, lo que baja la rentabilidad de los proyectos. Y en tercer lugar, las múltiples reformas laborales que han encarecido el trabajo y que también afectan negativamente los márgenes operacionales de las empresas y bajan los incentivos a la inversión.
-¿Podríamos decir que la inversión ha dejado de ser el gran motor de crecimiento?
-Fue el motor que teníamos antes, por lo menos. Es un motor que está fallando, que tiene menos potencia que antes. Y eso se nota porque la separación que normalmente hacemos los economistas respecto a las causas de crecimiento de mediano y largo plazo, lo dividimos en tres factores. Acumulación de capital, que es inversión, aumento de la fuerza de trabajo, y productividad.
El tema de la productividad va directamente relacionado con la inversión. Un ejemplo de pérdida de productividad, y que se relaciona directamente con la permisología, es el hecho de que en Chile hace más de 12 años que no se aprueba un proyecto completamente nuevo en el área minera. Todo lo que se ha estado haciendo en inversiones mineras apunta básicamente a continuar operando yacimientos ya existentes.
-¿No están los incentivos para ejecutar nuevos proyectos en este sector?
-El problema es que esos yacimientos han ido envejeciendo, lo que significa que sus leyes de mineral van cayendo. Por lo tanto, la inversión que está habiendo básicamente apunta a tratar de mantener la producción, pero no aumentarla. Y eso es consecuencia fundamentalmente de la permisología, que bloquea la implementación de nuevos proyectos.
-Según cifras del gobierno, el sector energético concentra el 62% de la inversión trabada por la permisología. ¿Cómo ve este tema ? Considerando la ambiciosa meta de descarbonización de la matriz al año 2050.
-Hay una contradicción existencial que se produce al interior del gobierno. Porque los intereses del sector económico, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, no coinciden con los del Ministerio de Medio Ambiente. Y también hay sectores políticos que ponderan más el tema de las restricciones medioambientales que la inversión.
-¿Y usted cree que llegaremos a las metas de descarbonización?
-Las metas de descarbonización a escala global son absolutamente inviables. Por múltiples razones, pero principalmente porque el costo de tomar esas medidas sería gigantesco. Más aún en el caso de los países de bajos ingresos o ingresos medios, que no tienen simplemente la capacidad económica para cubrir esos costos.
-¿Ve que en Chile hay más apuro que en el resto del mundo?
-El apuro viene más bien por razones ideológicas y políticas a nivel interno. En este momento la gran mayoría quiere aparecer congraciándose con los grupos ecologistas y con los votantes que tienen inclinación ecologista.
-¿Cree que en servicios que dependen del Ministerio del Medio Ambiente, como el Servicio de Evaluación Ambiental, hay una fuerte influencia ideológica en las decisiones que afectan los proyectos de inversión?
-Sí, de hecho en todos los niveles, porque a nivel regional están los Seremis, que también tienen participación importante y ahí ha habido múltiples casos donde los Seremis relacionados con temas de Medio Ambiente y los más políticos chocan frontalmente con lo que están relacionados al área económica. Entonces, esa divergencia de intereses incide.
Es más seguro para ellos rechazar proyectos que pudieran tener alguna conflictividad o social o medioambiental que aprobarlos, porque si después se produce algún problema serio, alguna discusión política y aparecen ellos habiendo aprobado el proyecto, pueden arriesgar su cargo.
-En la permisología se pueden ver una gran cantidad de proyectos judicializados, iniciativas que están estancadas hace mucho tiempo. ¿Usted ve que hay un importante mercado de abogados que se beneficia de esas litigaciones?
-Absolutamente. Hay ONGs, grupos ambientalistas, agrupaciones de supuestos pueblos indígenas, grupos de pescadores artesanales que están organizados y están asesorados por abogados que buscan obtener una parte de las rentas que le dan por cada proyecto.
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