La respuesta del Minsal a la Asociación de Isapres, que acusó al proyecto del gobierno de “prometer rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse”

La Asociación de Isapres expresó a través de un comunicado que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo “promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”. El Gobierno lamentó el tenor de las declaraciones y señaló que “lo que corresponde ahora es continuar la discusión en el Congreso con altura de miras y voluntad”. Un informe de la UDD sugiere dividir el proyecto, apuntando por una parte a resolver el problema surgido por el fallo de la Corte Suprema y, por otra, a abordar los temas estructurales del sistema.

La respuesta de las Isapres.  A dos días de presentado el proyecto de ley de Isapre por parte del gobierno, que determina que las entidades aseguradoras de salud privadas deberán presentar un plan de devolución de para cumplir el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver cerca de US$ 1.400 millones a sus afiliados y adecuar sus planes de salud, la Asociación de Isapres, a través de un comunicado, dice que “la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas”.

• “Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”.

Un engaño.  En su nota aseguran que “la Corte Suprema mandató un ordenamiento. El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.

• “La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos”.
• “Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”.

Llamado al Congreso. El organismo gremial señala que han “sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados” por lo que esperan que “esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud”.

Gobierno responde. El gobierno a través de una declaración enviada desde el Ministerio de Salud junto con lamentar el tono de las declaraciones de las Isapres las invita a que participen de la discusión del proyecto de ley.

• El gobierno ha mostrado su permanente disposición al diálogo con todos los actores y ha desarrollado un trabajo abierto y transparente para encontrar la mejor solución que permita dar cumplimiento al fallo de la Excelentísima Corte Suprema, se sostiene.
• Las Isapres estuvieron invitadas a participar y presentar sus propuestas.
• El gobierno insiste que en que “la Constitución obliga al Ejecutivo a acatar los fallos sin poder modificarlos”. Por ello, el proyecto presentado al Congreso crea el marco jurídico necesario para que la Superintendencia de Salud pueda dar cumplimiento a los resuelto por la Corte Suprema.

• “Lo que corresponde ahora es continuar la discusión en el Congreso con altura de miras y voluntad, tal como lo han expresado los parlamentarios y otros actores claves”.

Estudio de la UDD. El Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Facultad de Gobierno UDD, liderado por al exsubsecretaria de salud Paula Daza, elaboró un documento con el propósito de aportar con un análisis preliminar del proyecto de ley de Isapre presentado por el Gobierno.

• Identificamos la necesidad de separar el proyecto que se requiere para resolver el problema en que se instaló al sistema de salud a partir del fallo de la Corte Suprema, con el proyecto que debe resolver los temas estructurales del sistema de salud cuya discusión y resolución se ha postergado por diez años.
• Este proyecto de ley, con el cual se pretende dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, mantiene la incertidumbre en cuanto a la continuidad de las atenciones de salud de los usuarios Isapres.
• En el proyecto presentado, se reconoce que una insolvencia del sistema de aseguramiento privado tiene efectos para todo el sistema de salud.
• La eventual insolvencia o incumplimiento de indicadores de las Isapre puede precipitar una crisis en el sistema privado de financiamiento de salud que exponga la sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto, incluidos prestadores públicos y privados.

No genera equidad. El proyecto de ley aleja al sistema de salud de un modelo de largo plazo que entregue atención oportuna y de equidad. Manteniendo, además, la incertidumbre hasta no conocer las capacidades de las Isapres para hacer frente al mandato de esta ley.

• Inhibe la iniciativa privada afectando, por consiguiente, la innovación e inversión.

¿Aumento de capital? La UDD asegura que queda pendiente en la devolución que deberán realizar las las aseguradoras, y sus inversionistas, si ellas significarán “evaluar las necesidades de aumento de capital para asumir el pago efectivo, ya sea en prestaciones, dinero o cobertura”.

• El efecto más notorio de inviabilidad de las Isapres, llevaría a la disminución de aseguradores privados o su inexistencia, cambiando el sistema de salud en Chile hacia uno con un solo asegurador estatal (Fonasa).

Precios GES. Dispone atribuciones a la Superintendencia de Salud para fijar los valores GES de los planes de salud en forma permanente.

• Por un lado, puede disminuir la judicialización por el precio GES al ya no ser responsabilidad de cada aseguradora. Sin embargo, fijar el precio GES en forma permanente se traduce en disminución de la calidad; la cantidad de servicios; de la innovación y la inversión.
• Por consiguiente, tiene las consecuencias de toda fijación de precios en el largo plazo, con una menor competencia o sin distinción por redes para este grupo de problemas de salud.

Usos de garantía de cancelación de Registro. Se prioriza el pago de los prestadores no relacionados a la ISAPRE por sobre los prestadores relacionados.

• El orden de prelación cuando una empresa entra en disolución está establecido por ley y obedece a principios altamente revisados y regulados. Modificar ahora la prelación de pagos a ciertos prestadores por estar relacionados, puede ser una medida que afecte más allá de lo que se buscaría y es necesario analizar en su mérito.

Fortalecimiento de Fonasa. El proyecto de Ley entrega un fundamento económico débil, donde no se otorgan detalles del modelamiento para la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Además plantea interrogantes cruciales para el efecto del plan en los usuarios, que aún no se encuentran resueltas.

• Se pagaría, no sólo la cotización correspondiente al 7%, sino que, además, la prima de la MCC y el copago correspondiente al uso de las prestaciones o servicios. Es importante evaluar que estos montos no aumenten el gasto de bolsillo de beneficiarios Fonasa que quieran adscribirse a MCC.
• La propuesta indica que la MCC sería un seguro voluntario, por lo que es necesario evaluar la selección adversa. Dado que no tiene restricción alguna, puede ocurrir que sólo los usuarios enfermos opten por pagar esta prima, lo que aumentaría el costo de la prima y eso generaría, por consiguiente, que muchos pacientes no podrían pagarla debido a su costo. Se debe tener presente que la cartera de Isapre se ha reducido y envejecido, por lo que la población que migraría a Fonasa ahora tiene un mayor riesgo a la que lo ha hecho anteriormente (mayormente jóvenes).
• Los prestadores deberán ajustarse al arancel fijado por Fonasa. Si el precio no es de mercado, la provisión puede tener problemas de oferentes. Sin embargo, si el precio es de mercado, el costo de la prima será más alto.
• Es necesario realizar análisis de comportamiento de los potenciales usuarios de MCC, identificando carga de enfermedad, cargas asociadas, antecedentes médicos y zona geográfica para reducir posibles impactos en la atención y calidad en los prestadores públicos asociados y en el sistema de salud en general.
• Es crucial contemplar, para estos efectos, inversión para la interoperabilidad y ficha única del paciente para reducir gastos de bolsillo asociado a reiteración de prestaciones y consultas.
• Se debe analizar si se cubrirán las prestaciones no aranceladas en Fonasa, que corresponden a cerca del 30% de las prestaciones que actualmente entregan las isapres. Esto con el fin de evitar que aumente el gasto de bolsillo por la no cobertura de dichas prestaciones.

Lista de esperas. Para evitar el aumento de listas de espera, es necesario determinar dónde se hará la atención GES bajo la modalidad MCC y tener un plan de reducción de tiempos y listas de espera ante la migración masiva de personas del sector privado al público.

• Considerar proyectos de ley en relación a las licencias médicas debido al Impacto por SIL dado que la contención de licencias en Fonasa es inferior al de Isapres y por consiguiente, este índice aumentará de manera significativa. Es importante realizar un cálculo acucioso de cuánto aumentaría el gasto en licencias teniendo en cuenta que, en 2022, alrededor del 40% de la cotización legal en Isapre se utiliza para licencias médicas.

Mire a continuación el mensaje de Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres:

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