Qué observar. Cerro Colorado -la operación menos conocida de BHP en Chile- busca volver al mapa minero con una inversión estimada para su fase inicial de entre US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones y un innovador plan de participación anticipada con comunidades.
El regreso de un proyecto que operaba bajo el radar. Cerro Colorado, ubicado en Tarapacá, operó durante tres décadas dentro del portafolio global de BHP, pero con menos protagonismo que las otras dos operaciones de la empresa en el país: Escondida y Spence.
Permisos en curso y hoja de ruta. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ya admitió a trámite una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ejecutar sondajes, que permitirán caracterizar mejor el subsuelo y preparar el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo.
Participación temprana. El factor distintivo del plan de reapertura es el uso de los llamados Acuerdos Voluntarios de Participación Temprana (AVPT), un instrumento de CORFO que BHP aplica por primera vez en la minería chilena.
Impacto y promesas. La reapertura generaría hasta 2.500 empleos durante su etapa operativa, según la compañía, con foco en contratación local, femenina e indígena.
Publicaciones relacionadas
Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.
