Bolivia ha entrado —una vez más— en una zona de turbulencia cuyo desenlace se vuelve incierto, pese a las apelaciones al diálogo a los grupos y organizaciones que permanecen movilizados. Las demandas de renuncia contra Rodrigo Paz, el aumento de la conflictividad en un escenario de polarización estructurado por clivajes regionales y procesos de racialización política, así como la articulación de actores capaces de sostener presión en las calles, sugieren que la autoridad presidencial habría dejado de ser plenamente reconocida como legítima e incuestionable. Ese es precisamente el umbral a partir del cual una coyuntura crítica puede derivar en crisis política.
Los más de sesenta puntos de bloqueo se distribuyen en seis departamentos del país, aunque La Paz concentra la mayor cantidad. Este departamento ha sido históricamente uno de los principales epicentros de movilización y conflictividad política en Bolivia, tanto por su condición de sede del gobierno central como por la fuerte capacidad organizativa de actores sindicales, vecinales e indígenas. Esta capacidad se articula sobre la base de una pertenencia étnica aimara ampliamente mayoritaria en la ciudad de El Alto, donde supera el 70% de la población.
En contextos de polarización y fragilidad institucional, conflictos territorialmente focalizados pero persistentes pueden alterar rápidamente la correlación de fuerzas, especialmente cuando los esfuerzos de diálogo no logran desactivar la dinámica contenciosa. En las crisis políticas, coyunturas que inicialmente parecían manejables pueden experimentar aceleraciones súbitas, mientras actores que buscaban evitar la confrontación pueden terminar, muchas veces sin proponérselo, agravándola. La incertidumbre no constituye, en este sentido, un elemento secundario de la crisis, sino una de sus propiedades estructurales centrales.
Aunque muchos analistas anticipaban que la “luna de miel” del nuevo gobierno sería breve, la llegada de Rodrigo Paz al poder en 2025 coincidió inicialmente con una disminución de la contestación social y política, en contraste con el intenso ciclo de protestas que había marcado los años anteriores. Esto puede explicarse por el perfil político de Paz.
Su ascenso fue percibido por amplios sectores como una alternativa intermedia entre el agotamiento del ciclo masista y la derecha liberal representada por el expresidente Jorge Quiroga. Su discurso socioliberal proyectaba una imagen de renovación política sin implicar una ruptura abrupta con el Estado Plurinacional ni con ciertos consensos sociales e institucionales construidos desde 2006.
¿Cómo explicar entonces el surgimiento de esta crisis? La respuesta remite a la convergencia de tres factores: una compleja situación económica, un cuadro persistente de polarización —agudizado durante los años de gobierno del MAS— y las consecuencias no intencionales de las propias acciones de un gobierno empeñado en reconfigurar el modelo estatal heredado de la larga hegemonía masista.
A ello se suma la debilidad organizativa e institucional de la alianza parlamentaria que respalda al gobierno, especialmente si se la compara con el alto grado de institucionalización política y territorial que alcanzó el MAS durante sus años de hegemonía.
¿Qué puede ocurrir ahora? La experiencia boliviana muestra que los desenlaces permanecen abiertos hasta etapas muy avanzadas de la crisis. Algunas derivaron en renuncias presidenciales —como las de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, Carlos Mesa en 2005 y Evo Morales en 2019—, mientras otras encontraron salidas electorales o acuerdos transitorios.
Pero hay algo que sí parece evidente: Bolivia vuelve a enfrentar dificultades profundas para producir mediaciones políticas capaces de contener el conflicto antes de que éste adquiera una dimensión abiertamente destituyente. Más que una anomalía pasajera, la crisis vuelve a instalarse como una forma recurrente de funcionamiento del sistema político boliviano.
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