Casa de Allende: el portazo que el Séptimo Juzgado dio en febrero a Cooper y que ahora usó para cerrar el caso

El 27 de febrero, el juez Cristián Azócar rechazó incautar los celulares de la senadora Allende y la ministra Fernández, esgrimiendo la ausencia de evidencia de tráfico de influencias en la compraventa de la casa de Guardia Vieja. Ocho meses más tarde, la fiscalía usó esto como uno de los argumentos para no perseverar en la causa.

Por qué importa. El anuncio de la Fiscalía Regional de Coquimbo de no perseverar en la causa abierta en enero por la fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, marcó la decisión del fiscal regional Patricio Cooper de dejar de investigar el caso que golpeó al corazón del socialismo democrático, sin formular cargos contra los presuntos responsables de tráfico de influencia y fraude al fisco.

• La fiscalía anunció la decisión en un comunicado difundido este lunes. En éste nombraron diligencias esperables para una causa que llevaba nueve meses —tomar declaración a 10 imputados, 42 funcionarios como testigos y realizar una fijación planimétrica de la propiedad de Providencia—, a la que sumaron un traspié judicial ocurrido cuando partían las indagaciones.
• El 27 de febrero, el juez Cristián Azócar del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de incautar los teléfonos y revisar los correos de la entonces senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández Allende, argumentando la ausencia de evidencia de tráfico de influencias en la compraventa, que comprometieran a la hija y nieta del exmandatario.
• Ocho meses más tarde, la fiscalía usó esto como uno de los argumentos para no perseverar en la causa.
• “Se realizaron solicitudes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el 26 de febrero de 2025 sobre incautación de teléfonos celulares, incautación y análisis de coreos electrónicos y de información contenida en almacenamientos físicos y virtuales; revisión y extracción digital forense y entrada y registro de los domicilios de los investigados, las cuales con fecha 27 de febrero pasado no fueron autorizadas por el tribunal”, dijo el comunicado.
• El cierre de la causa será visto en una audiencia donde los querellantes Nubia Vivanco y Raimundo Palamara se opondrán a la decisión de no perseverar.

La familia Allende. Allende fue destituida en abril por el Tribunal Constitucional. Fernández había renunciado en marzo a la cartera de Defensa, dado que la Constitución prohíbe al estado hacer negocios con parlamentarios y ministros y ambas figuraban como propietarias de la casa de Guardia Vieja.

• “La investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende”, dijo la familia en una declaración.

El débil momento de Cooper. El anuncio de no perseverar en la causa ocurrió también en medio del débil momento del fiscal que meses atrás era descrito como el perseguidor que complicaba al oficialismo.

• Sin embargo, en mayo Cooper fue sacado por el fiscal nacional Ángel Valencia del caso ProCultura, horas después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las interceptaciones telefónicas a la siquiatra Josefina Huneeus que contenían diálogos con el Presidente Boric.
• También, luego de que ese mismo mes cerrara sin formalizados el caso por la compra de la ex clínica Sierra Bella, durante la administración de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC).
• La decisión de no perseverar en la causa Guardia Vieja fue anunciada, además, después de que Cooper sobreviviera a una petición de destitución del oficialismo por la causa por eventual tráfico de influencias en favor de lobistas chinos de la diputada Karol Cariola (PC).
• En su resolución, la Corte Suprema lo calificó de imprudente por ordenar diligencias cuando la parlamentaria estaba por tener a su hijo.

La solicitud y el chat de Crispi. El cierre del caso Guardia Vieja contradijo los argumentos usados en febrero por el fiscal Ricardo Soto, quien sostuvo que había “indicios que dan cuenta de la efectiva intervención y posible influencia de la senadora Allende, ministra de Defensa Maya Fernández, representante legal Felipe Vio Lyon y los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, Leonardo Andrés Moreno  Núñez y Bernardita Nazar Díaz, en el proceso que autorizó la adquisición y compra para el fisco”.

• Sostuvo que “es revelador lo indicado por Miguel Crispi (ex jefe de asesores del Segundo Piso y militante FA) a su interlocutora (su madre Claudia Serrano, PS) a quién le señala textualmente refiriéndose a la senadora: ‘Si bueno, ella tiene mucha responsabilidad en esto, mucha’ preguntando su interlocutora: ‘¿Ella lo pidió?’, respondiendo: ‘o sea, llamó hasta al portero del Ministerio hueveando (…) así que tiene mucha responsabilidad”.
• “Y la Maya, o sea, yo creo que es una familia totalmente incompetente”.
• Al declarar como imputado, Crispi calificó sus dichos, obtenidos en el marco del caso ProCultura, de una exageración.

El rechazo del juez. “Con los antecedentes invocados por el Ministerio Público no se avizora por este sentenciador que haya existido algún tipo de influencia por parte de los encartados que dé cuenta de algún tipo de aprovechamiento o prevalimiento de su función, relación jerárquica o personal con el empleado que debe adoptar la decisión, en este caso, S.E el Presidente de la República y su representante en el Ministerio de Bienes Nacionales”, dijo la resolución que denegó las medidas intrusivas.

• Este tribunal es el mismo que rechazó allanar el Gobierno Regional encabezado por el gobernador Claudio Orrego (ex DC) en el caso ProCultura.

Lea el documento: