Casa de Allende: El silencio de Maya Fernández en su primer interrogatorio y el trato especial del fiscal Cooper

“Como equipo jurídico aconsejamos a la Sra. Fernández hacer uso de su derecho a guardar silencio por el momento (…)”, señaló la abogada Paula Vial. El fiscal Cooper le dio un trato especial a la toma de declaración a la ministra y a la senadora Allende, ambas imputadas: realizar la diligencia por videoconferencia.

. El fiscal Patricio Cooper realizó a las 15 horas de este jueves la toma de declaración a la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS) quien está en calidad de imputada en la investigación por la frustrada venta al Estado de la casa que pertenecía a su abuelo, el exPresidente Salvador Allende, en calle Guardia Vieja, Providencia.

• Fernández tiene la prerrogativa de establecer el lugar desde donde haría la declaración por ser ministra y fijó domicilio en su departamento en Providencia.
• Pero además la diligencia se realizó vía zoom debido a que Cooper -Fiscal Regional de Coquimbo- vive en La Serena.
• Aunque la causa originalmente había recaído en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte -que lidera Xavier Armendáriz-, el fiscal nacional Ángel Valencia en uso de sus atribuciones la traspasó al fiscal de Coquimbo.
• En casos excepcionales se puede designar un fiscal de un territorio distinto a donde se hubieren perpetrado los hechos “cuando la necesidad de operar en varias regiones así lo exigiere”, señala la legislación.
• Cooper está encargado de otros casos que complican al gobierno como el de la Fundación Procultura y el de la Clínica Sierra Bella, en los cuales no hay formalizaciones.

Guarda silencio. En la diligencia la ministra Fernández se acogió a su derecho de guardar silencio según informó a través de un comunicado su abogada Paula Vial.

• “Como equipo jurídico aconsejamos a la Sra. Fernández hacer uso de su derecho a guardar silencio por el momento, con la disposición de continuar entregando los antecedentes que requiera el Ministerio Público, en las oportunidades que correspondan. Quiero señalar que ella esta tranquila y, como siempre, dispuesta a colaborar”, señala el texto.
• A diferencia de las declaraciones en calidad de testigos, los interrogatorios a imputados se suelen realizar en compañía de un abogado y existe la posibilidad de guardar silencio con el fin de no incriminarse o caer en contradicciones.
• En tanto para este viernes a las 9 am está programado el interrogatorio a la senadora Isabel Allende también vía videoconferencia. En los próximos días se interrogará a la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (FA). Ambas como imputadas.
• En La Moneda señalan que el Presidente Gabriel Boric no ha recibido un cuestionario de Fiscalía hasta ese minuto. Consultado el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sobre si se tomará declaración al Mandatario, indicó “si es necesario citar al Presidente de la República, con toda seguridad el fiscal Cooper lo va a citar. Pero no significa que lo vaya a hacer”.

El caso. La investigación de Fiscalía se inició a partir de una querella presentada el 8 de enero por el abogado y militante republicano, Raimundo Palamara, de la Fundación Fuerza Ciudadana.

• En su escrito pide determinar si existió un eventual delito de fraude al fisco ya que el gobierno, a través de un decreto firmado por Boric y la entonces ministra de Sandoval, autorizó la compra del inmueble de calle Guardia Vieja por $933 millones de propiedad de la senadora Allende y la ministra Fernández.
• Luego, el 30 de diciembre, se firmó un contrato de compraventa en la 50ª Notaría Claudia Gómez Lucares.
• Aunque tras las criticas que desató la operación -por la compra a una ministra de confianza del Presidente-, el gobierno y la familia Allende anunciaron la resciliación del contrato, según el abogado Palamara el eventual fraude estaría en carácter de consumado, ya que aún no se han restituido los fondos a las arcas fiscales.
• Sobre la decisión de Fernández de guardar silencio en el interrogatorio el abogado querellante señaló “si bien lo que hizo fue un derecho que la ley le confiere, su decisión de hacer uso del derecho, contraría lo que se esperaría de una ministra de Estado, que debería dar ejemplo de transparencia y probidad”.

Admisibilidad en el TC. En paralelo a la acción del Ministerio Público, las bancadas del Partido Republicano y de Chile Vamos presentaron sendos requerimientos ante el Tribunal Constitucional para pedir el cese de funciones de la senadora Allende, esto porque la Constitución en su artículo 60 prohíbe expresamente a los parlamentarios suscribir contratos con el Estado.

• Durante la mañana del jueves, el pleno del TC conformado por 10 ministros, se reunió para analizar la admisibilidad de ambos requerimientos, acogiéndolos a trámite.
• “El pleno acordó admitir a tramitación los requerimientos deducidos por grupos de honorables diputadas y diputados de la República, en que han solicitado la declaración de cesación en el cargo de la honorable senadora señora María Isabel Allende Bussi”.
• El dictamen otorga un plazo de 10 días a Allende -desde su notificación- para que entregue su respuesta con sus descargos al tribunal. La senadora fichó para si defensa al abogado PS Gabriel Osorio.
• Allende ha señalado que actuó de buena fe y que “yo pude haberme equivocado”.

Los riesgos de Fernández. La ministra Fernández también arriesga ser destituida. El abogado Palamara junto al abogado John Reid pidieron al TC que sea sancionada por no inhabilitarse en la operación inmobiliaria. La admisibilidad de esa causa será vista la próxima semana.

• En tanto la bancada Republicana se encuentra redactando una acusación constitucional contra la ministra, aunque hay dudas de que cuenten con los votos necesarios en el Congreso.
• La ministra ha planteado que ella no participó directamente en la operación de venta de la casa sino que delegó todo a un abogado que representó a la familia.
• Se trata del abogado Felipe Vio Lyon quien firmó la escritura pública. El profesional es yerno de Isabel Allende, pareja de la documentalista Marcia Tambutti. En el entorno de la familia dicen que fue esta última quien, a raíz de los 50 años del golpe de Estado, impulsó la idea de vender la casa para crear un museo. En parte de la familia existe molestia con el rol del Vio por no advertir los riesgos de la operación.