Caso Audios: la ola de inhabilitaciones que enfrenta el controvertido juez Urrutia

Tres jueces del Séptimo Juzgado de Garantía se habían inhabilitado hasta este martes para resolver si acogían o no a tramitación la querella que el titular de ese mismo tribunal Daniel Urrutia interpuso en el marco del Caso Audios. Sus respuestas mostraron quienes lo consideraban un amigo y quienes sólo un compañero de trabajo.

Por qué importa. La ola de inhabilitaciones de los jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para resolver si acogen a tramitación la querella presentada por el titular del mismo tribunal Daniel Urrutia, está entrampando el fondo de la decisión sobre la pertinencia de la acción penal interpuesta en el marco del Caso Audios.

• La querella está dirigida contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, además del abogado Luis Hermosilla, por tráfico de influencias y cohecho. En el caso de los jueces se añadió el delito de prevaricación.
• En caso de aceptarse, sumaría un nuevo actor al Caso Audios, por el que Hermosilla está recluido desde agosto en el anexo Capitán Yáber.
• La ola de inhabilitaciones también transparentó también quienes se consideran amigos y quienes sólo conocidos del controvertido juez.

Qué dice la querella. En la querella Urrutia mencionó una serie de acciones realizadas por la ministra Sabaj como presunto agradecimiento por las gestiones realizadas por Hermosilla para que fuera designada ministra de Corte en 2020, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

• Acusó que Hermosilla y Sabaj se confabularon para excluirlo de la causa Dominga que afectaba al expresidente Sebastián Piñera, en 2021. “Quiero hacerle el mayor daño posible”, dijo Hermosilla a la jueza sobre el juez Urrutia, reveló un diálogo dado a conocer por The Clinic.
• Sabaj está suspendida, sumariada y es investigada penalmente por la fiscal Ximena Chong.
• La querella mencionó que Ulloa, que pertenecía a la misma sala que Sabaj, habría compartido su animadversión hacia el juez.

Qué dijeron los jueces. “Si bien no existe una amistad en los términos del artículo 196 N° 15 del Código Orgánico de Tribunales, si hay una relación laboral que debe ser puesta en conocimiento de los intervinientes para que las partes ejerzan los derechos que les establece la ley, por lo que me declaro inhabilitada”, escribió este martes la jueza Marcia Figueroa.

• “Se configura la causal de inhabilidad contemplada en el artículo 195 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, por existir una relación de amistad con dicho interviniente”, escribió este martes el juez Patricio Álvarez.
• “A fin de conservar la debida imparcialidad y transparencia que debe regir todo proceso jurisdiccional en los términos previstos en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República en orden a garantizar el derecho a un proceso racional y justo, fin trascedente a la causales previstas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, me declaro inhabilitado”, escribió el lunes la jueza Patricia Ibacache.

El controvertido juez. El juez Urrutia ha protagonizado una serie de polémicas en los últimos años.

• En septiembre de 2024 autorizó un allanamiento a la casa de la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, pese a que previamente había protestado en su contra en el frontis del Palacio de Tribunales, con representantes de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, pidiendo su renuncia por sus menciones en el Caso Audios. Vivanco fue removida en octubre por la Corte Suprema.
• En marzo del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó las autorizaciones de videollamadas a internos de alta peligrosidad que había otorgado Urrutia tras visitar en enero el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).
• En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al estado chileno de la demanda presentada por el juez en julio, luego de que recurriera a la instancia tras ser sancionado por la Corte de Apelaciones de Santiago, consignó La Tercera.
• Esa “amonestación privada” se remontaba al 25 de marzo de 2020, cuando el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total.
• El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. Se trató de una medida inédita, que, argumentó, se basó en un acuerdo entre los jueces de su juzgado, pero que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.

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