Su rol en casos como Penta, sumada a su filtración al gobierno de la época de antecedentes del estallido social y su contratación en la Universidad San Sebastián antes de renunciar al Ministerio Público, configuran para el juez Rodríguez “la materialización concreta de un acuerdo ilícito”. “No he cometido ninguno de los delitos”, dijo Guerra en su declaración.
Lo nuevo. El juez Guillermo Rodríguez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este jueves que el exfiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra fuera enviado al anexo Capitán Yáber, por considerar que su libertad era un “peligro para la seguridad de la sociedad”.
- La salida de Guerra esposado desde el Centro de Justicia fue el desenlace de una formalización iniciada el 9 de marzo, en que el fiscal regional de Arica Mario Carrera le imputó los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto en favor del abogado Luis Hermosilla.
- Los 15 hechos imputados a Guerra incluyen el término del caso Penta en un procedimiento abreviado en favor de los controladores del grupo en vez de enviarlos a juicio; la tramitación del caso Exalmar-Dominga y la solicitud de una reunión con el entonces Presidente Sebastián Piñera para transmitirle información reservada sobre el estallido social.
- También incluyeron las solicitudes, estando en funciones, de ser nombrado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE); de sumarse al estudio del exministro de Interior Andrés Chadwick y de ser contratado en la Universidad San Sebastián, lo que sí se concretó en 2021. Guerra era fiscal regional desde 2015.
- El juez destacó los “5 años de comunicaciones sistemáticas por canales informales; la correlación temporal entre infracciones más graves y las primeras solicitudes de beneficios; autoconciencia del imputado sobre la lógica del intercambio, expresado en sus propios chats y obtención efectiva de un beneficio laboral concreto al abandonar el cargo”.
- Guerra, quien declaró en la audiencia, afirmó: “no he cometido ninguno de los delitos que el día de hoy se me ha atribuido”.
Los argumentos del juez. El juez consideró que, pese a su irreprochable conducta anterior, Guerra arriesgaba entre 10 y 15 años de cárcel. Acá, sus argumentos.
- Reunión con Piñera por el 18-O. “Guerra, el 7 de enero del año 2020, solicita a Hermosilla (entonces asesor de Interior) agendar una reunión con el Presidente Piñera, de carácter privado, señalando que el objetivo era entregar información, de la que disponía en razón de su cargo. La reunión se concretó con fecha 9 de enero del año 2020, en el domicilio de Andrés Chadwick”.
- Cohecho. “Con fecha 25 de abril del año 2021, siendo aún fiscal regional, aconsejó a Hermosilla las acciones que Andrés Chadwick, como imputado, debería adoptar en el proceso (del 18-O)”.
- “La revelación causó perjuicio directo a la investigación; un imputado recibió, a través de su abogado, información estratégica del Ministerio Público, proveniente del propio fiscal regional. Esta infracción (…) configuraría entonces el delito de cohecho”.
- Violación de secreto en caso Ossandón. “Guerra dirigió personalmente la investigación por tráfico de influencias contra el senador Manuel José Ossandón, entre junio y agosto del año 2020, y anticipó a Hermosilla, en tres oportunidades, las decisiones procesales y las fechas de diligencias”.
- Detalló que “el 11 de agosto del año 2020 (…) consulta qué quiere el gobierno respecto de Ossandón”. El senador fue sobreseído en 2022, luego de que el Ministerio Público fallara en su intento de desaforarlo en la causa por un negocio en el río Maipo.
- Intento de llegar al CDE. “Solicita la designación como consejero del Consejo de Defensa del Estado; así (lo refleja) la conversación del 4 de julio del año 2020: ‘Hola Lucho, una consulta a la vena: la pregunta es si existirá o no alguna posibilidad real para este servidor de ser nombrado en eso, o el presidente optará por alguien distinto para evitarse un conflicto, porque yo llevé la causa en su contra y eso es complejo’. Esa solicitud acreditaría la solicitud expresa del cargo, la autoconsciencia de su carácter irregular”.
- Estudio jurídico. “Entre 2018 y junio de 2021 Guerra solicitó de manera reiterada ser incorporado al estudio jurídico Hermosilla-Chadwick (que compartían oficinas). El acto consumativo es la comunicación, primero, del 20 de mayo del año 2018, inmediatamente después de la reformalización de Penta, que constituye la primera solicitud expresa”.
- Universidad San Sebastián. “Mientras aún era fiscal regional, el imputado Guerra gestionó con Hermosilla y Chadwick su contratación en la Universidad San Sebastián. Chadwick era docente de la facultad de derecho y facilitó el contacto con el presidente de la junta directiva. La remuneración acordada supera notoriamente la de otros docentes, con igual cargo y nivel y en junio de 2021 Hermosilla preguntó ‘¿necesitas empujar algo?’ y le respondió que Chadwick ya había hablado con ellos y que quería tener el contrato resuelto antes de presentar su renuncia”.
- Daño institucional. “El mensaje que el conjunto de conductas envía a la ciudadanía es que la persecución penal no es igual para todos; que quien tiene acceso al fiscal regional puede incidir en el resultado de la investigación”.
- Lealtades desviadas. “No se trata de la reiteración delictiva, en este caso ordinaria, sino de un sistema delictivo en que cada acto se conecta con los demás a través de una estructura de lealtades desviadas; un canal de comunicación permanente y un beneficio final que opera como liquidación del crédito corruptivo acumulado”.
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