La Fiscalía ordenó allanar la residencia y la oficina de Enrique Aldunate, el asesor de la bancada de diputados PS, denunciado por filtrar información del Caso Audios y abogado de los parlamentarios Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini en la querella que ambos interpusieron en la causa. A Aldunate le requisaron dos celulares y otros equipos electrónicos, una diligencia rápida, que puede abrir un flanco en el partido. Manouchehri indicó que la denunciante era militante del Partido Republicano, lo que negó oficialmente la colectividad. La búsqueda de protagonismo del diputado y sus denuncias sin mencionar nombres han sido cuestionadas por sus propios pares.
Allanamiento e incautación de dos teléfonos. A las 13:45 de este miércoles, la fiscal Paulina Díaz Obilinovic solicitó el registro de dos domicilios correspondientes a Enrique Aldunate, asesor de la bancada de diputados del PS y abogado de los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini en la querella que ambos interpusieron en el Caso Audios.
- Las diligencias se realizaron luego de que el Ministerio Público recibiera una denuncia contra el abogado en la arista que se indaga por las filtraciones en el caso.
- “El imputado (Aldunate) es su jefe en la oficina de abogados donde ella (la denunciante) trabaja. Le pidió que retirase el pendrive que contiene copia actualizada de la carpeta RUC correspondiente a causa formalizada por delitos de la ley 19913 respecto de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, y Luis Angulo, causa en la que el imputado Aldunate tiene la calidad de abogado querellante”.
- “La denunciante indica que el imputado le dio instrucciones de coordinar con una persona de su entera confianza a quien debía entregarle el dispositivo con la copia de la carpeta, remitiéndole por whatsapp el contacto”, indica la fiscal Díaz en el escrito en que pidió las diligencias”.
- Las diligencias incluyeron la incautación de los celulares del imputado y “todo otro dispositivo electrónico o de almacenamiento de información de cualquier naturaleza, entre estos, computadores, laptops, notebooks, tablets, ipad, disco duro externos, pendrive, tarjetas de memoria”.
- “Se autoriza desde ya la revisión, registro, extracción, almacenamiento y análisis del contenido de dichas especies, así como la obtención de contactos telefónicos, fotos, videos, aplicaciones, registros de llamadas entrantes y salientes, Whatsapp, Messenger, mensajes de texto, redes sociales, páginas de internet, información de lugares donde navegó por internet, en el evento que hubiera tenido activado GPS, información de correos electrónicos, entre otros”.
- Una de las diligencias se realizó en el estudio de abogados en que trabaja como asociado Aldunate, fundado por el constitucionalista PS Francisco Zúñiga y el ex ministro Jaime Campos.
Remezón en el PS. Altas fuentes vinculadas al caso señalan que son 2 los celulares que le incautaron a Aldunate. Las mismas fuentes indican que la mujer concurrió con un poder del abogado a buscar la carpeta a la Fiscalía Metropolitana Oriente. No está claro qué ocurrió en ese momento. Lo que es un hecho es que fue ella quien lo denunció.
- La incautación de los celulares de Aldunate se realizó de inmediato, sin aviso, lo que puede abrir un importante flanco al PS.
- El abogado es un influyente asesor de la bancada de diputados del PS desde hace 15 años, lo que lo ha llevado a ser el querellante de los socialistas en el Caso Penta, además de involucrarse en la acusación constitucional contra el ex ministro Harald Beyer y la acusación contra la ministra Ángela Vivanco. Su perfil es considerado más el de un operador político que el de un un asesor jurídico.
- La bancada de diputados emitió una declaración pública en el que señalan que por La Segunda se enteraron del caso de Aldunate, ante lo que afirman que ninguno de sus parlamentarios ha instruido “filtrar nada”.
- En el segundo párrafo se indica: “Desconocemos la situación, no hemos sido notificados”. En el tercero, pese a declarar su desconocimiento de lo ocurrido, informan que se le solicitó la renuncia por “pérdida de confianza” y que los querellantes -Manouchehri y Cicardini- le revocaron el mandato en el caso.
- El abogado, que se especializó en derecho penal en la U. de Chile y en política criminal en la U. de Salamanca, indicó que ha sido objeto de “falsas acusaciones”.
- Algunos diputados PS piensan que la denuncia es verosímil, mientras que otros creen lo contrario.
El rol de Daniel Manouchehri. El diputado, junto a Daniela Cicardini, realizó la tarde de este jueves una declaración pública en la que sugirió que una red de Hermosilla podría estar detrás de una operación. No entregó pruebas de su afirmación.
- También sostuvo que la denuncia “sospechosamente la hizo una militante del Partido Republicano”. El PR lo negó por medio del diputado Luis Sánchez, señalando que ella trabajó como asesora legislativa de la colectividad y que después renunció para trabajar como abogada en el estudio en que participa Aldunate.
- En agosto, Manouchehri asistió diariamente a la audiencia de formalización de Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo por el Caso Audios. En la transmisión del Poder Judicial se le le vio en el Cuarto Juzgado de Garantía, sentado detrás del Fiscal Felipe Sepúlveda que lleva la investigación, el lugar con más visibilidad en las trasmisiones de TV. También recorría el Palacio de Justicia para que los periodistas que lo entrevistaran.
- En primera instancia, el tribunal declaró inadmisible la querella del parlamentario, pero éste apeló presentado un recurso a la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya Primera Sala -el 6 de mayo- revocó la decisión del Juzgado de Garantía y declaró admisible la querella por 3 votos contra 0.
- Así, el diputado tuvo acceso al expediente del que hoy se denuncia su filtración por parte del abogado que lo representa.
- Manouchehri, quien había presidido la comisión investigadora que elaboró un informe sobre el Caso Audios en la Cámara, señaló al presentar la querella que “nosotros hicimos extensiva la invitación a otros parlamentarios para que también pudiesen adherirse en contra de quienes resulten responsables y solo concurrimos la diputada Cicardini y yo. La recomendación del mundo político era ‘no te metas con esta gente’”.
- El diputado, como en otras denuncias, nunca ha dado los nombres de las supuestas personas que le dijeron que no se metiera en la causa.
- En las últimas horas ha planteado en privado que la decisión de querellarse fue de toda la bancada de diputados, lo que es negado por parlamentarios que la integran y por los propios dichos que realizó hace algún tiempo.
- En el Congreso existe desde hace años un debate sobre la pertinencia de que diputados participen como querellantes en procesos judiciales, ya que no suelen ser un aporte para las causas penales ni la labor de Fiscalía. El diputado, de hecho, no ha realizado ninguna gestión que ayudara a impulsar el proceso y se ha limitado a dar entrevistas sobre el tema.
- De todas formas, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, indicó en agosto que era legítimo que parlamentarios interpongan querellas criminales.
- Emol publicó en octubre que en la bancada “valoran las acciones de Manouchehri y Cicardini por casos contra la corrupción, pero que en privado sueltan una risa cuando se les consulta por el protagonismo que busca el legislador”. “A veces es mucho”, indicó un parlamentario. El senador PS Fidel Espinoza ha manifestado críticas al despliegue del diputado Manouchehri: “Deja que la justicia haga su trabajo. Tu oportunismo y aprovechamiento político no tiene límites”.
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