Caso Crispi: La trama de la rendición de La Moneda tras el golpe del Contralor

La tarde de este martes, Jorge Bermúdez sugirió que no se requeriría un dictamen de la Contraloría por las ausencias de Miguel Crispi (RD) en la comisión investigadora del caso Convenios si el jefe del Segundo Piso concurre al Congreso antes de los 5 días de plazo que él dio a La Moneda para entregar una respuesta. Poco después, Crispi se puso a disposición de manera presencial o por escrito de la comisión, marcando un nuevo giro del gobierno frente al tema. En la oposición aún no está claro que vayan a citarlo antes de que la Contraloría lo “sancione”. A continuación los entretelones del remezón que generó Bermúdez en La Moneda.

Las gestiones del gobierno. Poco después de las 4 de la tarde de este martes, el diputado José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión especial investigadora del caso Convenios, ingresó a la oficina de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), ubicada en el segundo piso de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahí se reunió con la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, por alrededor de 15 minutos.

• La reunión fue en el contexto de una serie de tratativas que han realizado desde el Ejecutivo durante este martes para que la comisión investigadora cite, por tercera vez, al jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD).
• “Se han tenido algunas conversaciones con parlamentarios oficialistas y ha habido conversaciones con algunos ministros de Estado que apuntan a tratar de destrabar el problema en que ellos solos se han metido”, dice el diputado Castro.
• Paradójicamente, el gobierno busca apurar la declaración de Crispi, dado que el Contralor dio 5 días a La Moneda para que responda por su inasistencia en las dos ocasiones en que fue citado por la comisión.
• Un pronunciamiento negativo de la entidad que dirige Jorge Bermúdez es tan complicado para la administración Boric como funcional para la oposición. Así, todo pasa por los plazos de la comisión para citarlo: Si se extiende hasta después del martes de la próxima semana -fecha máxima en que La Moneda debe entregar una respuesta- al gobierno solo le quedaría pedir una prórroga a la Contraloría para enviar una respuesta a su requerimiento.
• Parte de la derecha, en sus propias palabras, espera una “sanción ejemplificadora” de la Contraloría antes de que el jefe del Segundo Piso intervenga en la comisión, rechazando de plano que lo realice en su calidad de ex subsecretario de Desarrollo Regional o por escrito. El gobierno, demás está decirlo, quiere lo contrario: Crispi es uno de los hombres de mayor confianza de Boric en La Moneda.

El golpe fúlmimante del Contralor. A esa altura La Moneda ya se había rendido. Antes de las 6 de la tarde Crispi -en medio de trascendidos de que no quería ir al Congreso- envió un correo a la comisión investigadora señalando lo siguiente:  “En vistas de que los antecedentes que he aportado para la sesión del día 12 de octubre no han sido considerados suficientes por esta Comisión, vengo a manifestarle mi disponibilidad para asistir a una próxima sesión, en la fecha en que usted y la honorable comisión decida convocarme. Le expongo esta voluntad en base a mi convicción de que lo prioritario y urgente es superar esta discusión”.

• “Espero responder vuestras inquietudes de manera presencial o por escrito, en relación a los actos de gobiernos ejecutados en el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo”.
• La declaración de Crispi era la prueba tangible de los sucesivos vaivenes del gobierno para enfrentar el caso, todas tendientes a que no asistiera a la comisión.
• La primera fue que, como un funcionario contratado a honorarios, la ley no forzaba su asistencia.
• Esa tesis, del ministro Luis Cordero, la derribó este lunes el contralor Jorge Bermúdez, quien sostuvo que todos los funcionarios públicos tienen el deber de rendir cuentas.
• Tras el misil del contralor, Cordero hizo una vocería en que no distinguió entre funcionarios públicos y funcionarios que reciben su sueldo a honorarios, sino que instaló el conflicto en la Presidencia de la República y el papel que desempeñan los asesores (pese a que a las comisiones investigadoras suelen acudir ministros de Defensa o del Interior, que manejan información muy sensible).
• Para algunos, el que ministro llevara el caso hasta la Presidencia fue un error político, dado que expuso a Boric ante la porfiada decisión de que Crispi no acuda a la comisión investigadora, un asunto que solo ha terminado acrecentado las interrogantes sobre su rol en el caso Convenios.
• Para otros, terminó encendiendo la molestia en la Cámara de Diputados por delimitar su ámbito de fiscalización y, sobre todo, generó malestar en el Socialismo Democrático, donde, tal como en el caso del ex ministro Jackson, no están dispuestos a pagar el alto que está asumiendo el gobierno y Apruebo Dignidad.
• Como sea, la mañana de este martes el ministro Cordero dio un nuevo giro, sugiriendo la opción de que Crispi acudiera en su calidad de ex subsecretario de Desarrollo Regional -y no de asesor presidencial- o que responda las preguntas de la comisión, pero de manera escrita y no presencial.
• Para entonces, el modelo del gobierno era la declaración de Ana Lya Uriarte en el caso Caval, quien entregó su respuesta por escrito, pero con la diferencia de que Uriarte asesoró a Caval antes de asumir como jefa de gabinete de Bachelet.
• Como sea, nada de ello ocurrió.

La última advertencia de Bermúdez. En el Congreso no pasó inadvertido que el correo del jefe del Segundo Piso fuera enviado alrededor de una hora después de que Bermúdez explicitara ante la prensa lo siguiente: “Si se produce el hecho que busca la Cámara (que Crispi concurra a la comisión) pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría y por lo tanto ya no tendría sentido una respuesta”.

• Vale decir, si Crispi asiste a la comisión antes de que venza el plazo de los 5 días que tiene La Moneda para responder a Contraloría, “no se necesitaría un dictamen”.
• Para algunos este mensaje podría haber sido el detonante de la determinación respecto de Crispi.
• Pero si esa opción desató un nudo, enredó otro.
• “Yo soy de la tesis, por ahora, de esperar la sanción ejemplificadora que le de la Contraloría y después pensar en llamarlo a entregar información”, señaló el diputado Castro, exteriorizando una posición que comparten otros personeros de su sector.
• Lo que ocurra con Crispi dependerá de si la citación se realiza después del próximo lunes -cuando sesione la comisión- y no antes.

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