Caso Dominga: El difícil control de daños de la dupla Ossa-Bellolio

Los ministros Juan José Ossa y Jaime Bellolio han trabajado en los flancos políticos y jurídicos desde que estalló el caso Dominga, a partir de la divulgación de los Pandora Papers, el domingo pasado. Los secretarios de Estado ha debido liderar la defensa del Presidente Piñera en el Congreso, aglutinar a Chile Vamos, hablar con sus presidentes y elaborar el diseño comunicacional del caso, en el marco de la acusación constitucional que anunció la oposición. Para algunos ha sido la prueba más compleja por la que han transitado los secretarios de Estado más influyentes de La Moneda.

Contener a Chile Vamos. Desde el martes, cuando la oposición ratificó que entablaría una acusación constitucional contra el Presidente Piñera por la venta del proyecto Dominga por parte de Carlos Alberto Délano en diciembre de 2010, donde la familia Piñera-Morel era accionista, los teléfonos de los ministros Juan José Ossa y Jaime Bellolio no han parado de sonar.

• Las primeras 48 horas de la crisis, tanto en la misma jornada de ese martes, como en la del día siguiente, los secretarios de Estado tomaron contacto varias veces al día con los presidentes y jefe de bancada de los partidos de Chile Vamos.
• Todos los telefonazos tenían el mismo propósito: Defender la posición de Piñera y explicar en detalle por qué no tuvo relación con la transacción, lo que se tradujo en una minuta de 6 hojas titulada “Aclaración principales preguntas Pandora Papers”.
• En el texto no solo se recalca que no existen antecentes nuevos respecto de 2017, que todo lo expuesto por Ciper y Labot había sido publicado e investigado ese año (exhimiendo de responsabilidad al Presidente). Uno de los énfasis estuvo puesto en la tercera cláusula del pago de los US$152 millones. Se trataba de un acuerdo, el 3.03 en su versión en inglés -que fue anexada en el texto que llegó a manos del oficialismo- y que se relaciona con que el último pago de la operación dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de una mina y un puerto, una decisión que dependía del primer gobierno de Piñera.

Estrategia jurídica y política, bajo una misma cuerda. La elaboración de la minuta incluyó recopilar rápidamente toda la información antes de explicar sus detalles -y aclarar dudas- a los principales líderes de Chile Vamos, lo que supuso abrir un canal de interlocución con el abogado del Presidente, Juan Domingo Acosta.

• Los ministros Ossa y Bellolio subieron varias veces a la oficina del Presidente, como ocurrió toda la semana.
• Para algunos, Ossa fue el nexo con Acosta, dado que el ministro -abogado y ex socio de Eyzaguirre, Burlé, Montes y Ossa Abogados y de Ovalle, Ossa, Gazzana & Bulnes- participó también en la estrategia jurídica que desplegó el Presidente esta semana.
• Las cuerda política y jurídica no iban esta vez separadas. En La Moneda tenían claro que debían contener rápido la molestia oficialista y, sobre todo, sofocar la rebelión que se incubaba en RN. El panorama era complejo, indican en La Moneda, por al menos 3 razones

1. El candidato Sebastián Sichel comenzaba a tomar distancia del gobierno. La situación generó un quiebre con el comando y los ministros y ex ministros de Piñera, muchos ex colegas de Sichel, publicaron una carta en El Mercurio defendiendo al Mandatario.

2. En Chile Vamos, la desafección con el actual gobierno es inmensa. Varios parlamentarios consultados por Ex-Ante señalan que no están dispuestos a salir a defender al Presidente, dada su impopularidad, más allá de expresar que aprobar una acusación constitucional ad portas de una elección presidencial solo agravaría la crisis del país y que se trata de una maniobra de la oposición con vistas a las elecciones.

• Este sábado, en medio de un feriado largo, los timoneles de la UDI, RN y Evópoli estuvieron en La Moneda para entregarle respaldo al Presidente. Sin embargo, ha sido una iniciativa que no ha tenido réplicas en la base parlamentaria del gobierno.

El golpe del fiscal Abbott. El balde de agua fría llegó el viernes, cuando el Fiscal Nacional Jorge Abbott abrió una investigación por el caso Dominga, a partir del contrato en inglés de la transacción que, a juicio del Ministerio Público, no ha sido investigada, como sí la transcrita al español. En los hechos, desde el día anterior La Moneda tenía severas sospechas de que así ocurriría, luego de que trascendiera en La Tercera que Abbott lo estaba evaluando. Incluso, el abogado Acosta se adelantó y emitió una extensa declaración explicando por qué el caso era “cosa juzgada” desde la investigación del ex fiscal Manuel Guerra, a partir del caso Exalmar, en 2017.

• En La Moneda señalan que Ossa y Bellolio intervinieron en la redacción de las dos declaraciones públicas que hizo ese día el Presidente. Una, por escrito, y la otra, con los ministros.
• La respuesta jurídica y política fue la misma: No existían antecedentes nuevos.
• Horas después de que la Directora Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, saliera a comunicar la investigación, en La Moneda se evaluó que la única diferencia en los contratos era que el monto de la primera cuota de la venta de Dominga era inferior en el contrato en inglés. Pero la tercera -la cláusula de la discordia, relacionada con que no hubiera un parque natural- es idéntica.
• Las declaraciones de la propia Directora Anticorrupción, al anunciar que el tema sería investigado, fueron exhibidas como prueba por La Moneda de que las diferencias entre los dos contratos son mínimas, y avalan la tesis que el Ministerio Público abrió el expediente sobre todo para no ser acusado de omisión en el tema.
• La declaración de la fiscalía había seguida al detalle por los ministros Bello y Ossa, quien ha estado abocado a revisar documentos, y los antecedentes del caso.

Asegurar votos en el Senado. Los análisis apuntan a que la coalición oficialista no dará sus votos para destituir al Presidente, aunque es posible que existan algunos descolgados. Se espera que la oposición sume los votos necesarios en la Cámara de Diputados (se aprueba por mayoría simple y a los partidos opositores les bastan sus propios votos). En el Senado los cálculos de La Moneda hasta ahora apuntan a que no pasará, dado que se requieren 2/3 para aprobarla, una meta muy difícil.

• De todas formas, el Gobierno ya ha iniciado conversaciones en el Senado, donde si bien el oficialismo cuenta con los votos para rechazar el libelo, La Moneda busca sumar algunos apoyos en la oposición. El objetivo es dar una señal política de que la acusación no tiene fundamentos.