El juez del 7° Juzgado de Garantía señaló este miércoles que existen indicios de que pueda haber pruebas adulteradas en el caso, debido a las órdenes que dio Monsalve a la PDI antes de que se presentara la denuncia en su contra. El magistrado advirtió que el hecho generará que se discuta sobre la dependencia de la PDI respecto al Ejecutivo y el contrasentido de realizar tareas para la cual la institución no fue creada.
Que observar. Este miércoles se realizó la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por eventuales delitos de violación, abuso sexual e infracciones a la Ley de Inteligencia.
- La audiencia había sido pedida por los abogados Cristián Arias, Lino Disi y María Inés Horvitz con el propósito de tener acceso a la carpeta de investigación de Fiscalía Centro Norte, sin embargo sufrieron un revés debido a que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Ponciano Sallés, sólo les otorgó acceso parcial y mantuvo la reserva de la causa por 40 días.
- Pero además el juez dio un respaldo al trabajo que está realizando el fiscal Xavier Armendáriz en la investigación, tras la denuncia que presentó una funcionaria de Interior contra Monsalve el 14 de octubre.
- El magistrado también coincidió con Fiscalía en que eventualmente podría haber pruebas adulteradas, debido a la orden que dio Monsalve a efectivos de la PDI de revisar las cámaras del hotel y el restaurante donde estuvo con la denunciante, hacer un peritaje a su celular personal e incluso ir al departamento de la supuesta víctima.
Relación asimétrica. El juez sostuvo que “el Ministerio Público y también la representante de la víctima ha señalado varias situaciones, primero que estos hechos se dan entre un imputado y una víctima respecto de los cuales existe una relación laboral asimétrica. El Ministerio Público ha establecido que tiene relevancia la situación de poder, la influencia, el alcance que pudiera y ha tenido el señor Monsalve desde el presunto acontecimiento los hechos”.
- “Y aquello encuentra su correlato en todas las gestiones previas e efectuadas presuntamente por estos funcionarios de la PDI realizadas con sigilo en términos de la obtención de cámaras de registro audiovisual y acercamiento al círculo íntimo y a la propia presunta víctima de esta causa”.
- “Todas situaciones que evidentemente pueden traer que en la investigación el Ministerio Público se encuentre con que hay medios de prueba que faltan, hay medios de prueba que pueden estar alterados, hay medios de prueba que pueden estar enmascarados. Y eso solo se va a saber una vez que concluya el resultado de las diligencias”, afirmó el juez.
Llamado de atención a PDI. Según señaló el juez Sallés “para el Ministerio Público evidentemente existen serios indicios de que hay elementos suficientes para entender que la investigación pudiera haber sido alterada en términos de su inicio”.
- “Es relevante el hecho que las policía acaten instrucciones directas del Ejecutivo, o de un miembro del Ejecutivo en este caso, cuando en definitiva son policías cuya función es la investigación de delitos Esa es la única función que tiene la Policía de Investigaciones de Chile”.
- “Si la Policía de Investigaciones presta funciones adicionales en resguardo a determinadas personas, no los habilita para realizar investigaciones o diligencia investigativas a solicitud de aquellas personas que en ningún caso tienen el monopolio de la acción penal como si la tiene el Ministerio Público”.
- “Se discutirá probablemente en un tiempo más si es que la PDI deberá o no seguir dependiendo del poder Ejecutivo o si sería conveniente que dependiera del Ministerio Público, porque aquí lo que hay es un choque entre lo que debiera hacer la PDI y lo que aparentemente hizo en total contrasentido con la función para la cual fue creada”.
Contradicción con Cordero. Las frases del juez respaldando a Fiscalía respecto a la eventual adulteración de pruebas en la investigación previa de Monsalve, contradicen lo dicho el fin de semana por el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero.
- Éste señaló que “no hay ningún indicio sobre alteración de la prueba (…) se ha respetado el procedimiento legal y la cadena de custodia de las pruebas”.
- Todo apunta a que los dichos del subsecretario radicaron en las garantías que ha dado al Gobierno el director de la PDI, Eduardo Cerna, respecto a la inalterabilidad de la cadena de custodia de pruebas en el caso.
Audiencia pública. Al inicio de la audiencia, el juez Sallés resolvió que fuera pública y transmitida por el canal del Poder Judicial, al contrario de lo que pedía la defensa de Monsalve. Estos fueron los argumentos del juez:
- “El tribunal entiende que aquí hay dos cuestiones que están contrapuestas, el derecho a la intimidad y la publicidad de las audiencias no solamente con respecto a lo que se va a discutir o revolver, sino básicamente en torno a evitar el secretismo y que las discusiones puedan darse de cara a la ciudadanía”.
- “Desde la perspectiva de que las audiencias son públicas, se evitan las filtraciones, por cuanto es conocido el contenido completo de la audiencia y resolución y por lo tanto, se evitan trascendidos, interpretaciones o filtraciones de determinados elementos y eso es una garantía para todos los intervinientes”, señaló.
- La defensa intentó inhabilitar al juez al considerar que este tuvo un juicio previo respecto a la entrega de un celular de Monsalve que estaba requisado. Tras un largo debate, el magistrado optó por permitir que los abogados borraran las conversaciones del celular que consideraban íntimas, antes de que sea periciado por Fiscalía.
“¿Por qué Valdivia sí y Monsalve no?” Sallés dio un respaldo al trabajo del fiscal Armendáriz y se refirió a la comparación que se ha hecho por la celeridad en la denuncia de violación contra el exfutbolista Jorge Valdivia, quien se encuentra detenido y formalizado.
- “En términos concretos, aquí lo fácil, lo sencillo, era que el Ministerio Público, conocido este hecho, pidiera la orden de detención, que es lo políticamente aceptable, o lo que exige la masa, y hubiese formalizado con lo que tiene y con eso se satisfacen la voracidad de los medios, la voracidad de la opinión pública”.
- “Y nos evitamos esta pregunta, que circula desde ayer en la noche, ¿por qué Valdivia sí y el señor Monsalve no? La investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público es objetiva, no porque se trate del señor Monsalve. La decisión que ha tomado el Ministerio Público de tomarse su tiempo en la investigación, es porque a diferencia del otro caso, este no es un caso que se da en flagrancia”, indicó.
¿Quién es? Ponciano Andrés Sallés Bastarrica nació en Santiago el 13 de abril de 1976 (48 años). Su padre Ponciano Sallés Uribe, abogado experto en derecho penal, falleció recientemente, el 12 de septiembre.
- Es egresado del Colegio San Ignacio. Estudió Derecho en la Universidad Católica jurando como abogado en septiembre de 2004.
- Comenzó su carrera judicial en 2006 y según señaló en la audiencia ha pasado por los juzgados de Villa Alemana, Limache y San Antonio. Actualmente es parte del 7° Juzgado de Garantía.
- Entre sus causas de mayor connotación pública se encuentra el caso Tsunami, donde en 2017 tras negar el sobreseimiento de los imputados Patricio Rosende, Carmen Fernández, Andrés Enríquez y Johaziel Jamett, las defensas lo acusaron de no ser imparcial y la Corte de Apelaciones lo sacó de la causa por considerar que emitió opiniones previas.
- En 2015 tuvo otra controversia cuando rechazó una querella por injurias interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra de Javier Soto, el llamado “Pastor Soto”. Sallés argumentó que “la tolerancia debe correr necesariamente en ambos sentidos” y que “se debe estar expuesto a respuestas que no pueden ser del todo queridas o aceptadas”. La Corte de Apelaciones no le dio la razón y anuló el fallo.
- En 2017 dictó arresto domiciliario total a los imputados por el millonario fraude en Carabineros.
- En 2020 rebajo las medidas cautelares del cabo Sebastián Zamora. Estaba en prisión preventiva y el juez lo pasó a arresto domiciliario. Posteriormente fue declarado inocente en el caso del puente Pío Nono.
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