El fin de la reserva de la causa de ProCultura, que lleva el fiscal Patricio Cooper, ha generado nerviosismo en los círculos de poder del oficialismo y en La Moneda. En el caso figuran como sujetos de interés seis gobernadores, de los cuales algunos podrían ser citados como imputados.
Por qué importa. El próximo 4 de abril, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, levantará la reserva de la causa de ProCultura. La fundación, creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag, aumentó en más de 10 veces sus ingresos desde reparticiones públicas entre 2021 y 2022 (pasó de $316.849.723 a $3.282.841.556 cuando asumió el actual gobierno) y es indagada por Fiscalía por eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones con gobiernos regionales.
- La desclasificación de antecedentes ha generado preocupación en sectores del oficialismo dado que la indagatoria involucraría al ex jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), quien como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) validó las transferencias de fondos a la ONG.
- Además, seis gobernadores fueron declarados sujetos de interés —paso previo a la calificación de imputados—, de los cuales cinco fueron reelectos. Se trata de Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (ind-FA), de Valparaíso; Oscar Crisóstomo (PS), del Ñuble; y Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes. Rodrigo Díaz (ex DC), del Biobío, no compitió en los comicios de octubre pasado.
- A su vez, se ha estrechado el cerco del Presidente Gabriel Boric, cercano al director de la fundación desde que era diputado y comunicó que tenía TOC —fue su asesor por ocho años y redactaron juntos columnas—. En el celular de Flies, la PDI halló chats con Larraín donde el fundador de ProCultura le relató supuestas conversaciones con Boric y le pedía acelerar la aprobación de proyectos de la fundación en la zona, que no se llevaron a cabo.
- La Fiscalía también ha puesto la lupa en una eventual anomalía contable en los pagos a la excoordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, en el periodo en que trabajó para ProCultura.
El rol de Crispi. Desde su rol como Subdere, el sociólogo, quien dejó su puesto en el Gobierno el 10 de marzo en medio de una serie de polémicas, entregó una validación institucional a ProCultura. Según la comisión investigadora de la Cámara, Crispi le otorgó un “puntaje extremadamente alto (97,1 puntos de 100), sin realizar una revisión efectiva, profunda y objetiva sobre la idoneidad técnica y la trayectoria real de la fundación para administrar cuantiosos fondos públicos en múltiples regiones”.
- El militante FA declaró como imputado en febrero de 2024 por el convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y ProCultura por un proyecto por $629 millones para pintar tres fachadas de esa ciudad (el valor aproximado por metro cuadrado fue de $262 mil). Crispi validó esa operación.
- El 6 de enero en la comisión, consultado sobre si conocía a Larraín al validar el convenio, Crispi admitió que “lo conocía, sí. No tengo una relación de amistad ni personal ni política con él. Lo conozco como lo conocen muchas personas (…). No conocía a ProCultura hasta que se destapó este caso”.
- También se han analizado otros posibles vínculos con fondos que obtuvo la fundación con los gobiernos regionales. Entre los convenios analizados está el que firmó Orrego como gobernador de la Región Metropolitana con ProCultura para un proyecto “Quédate”, destinado a la “prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”.
- El contrato, por un monto de $1.683.788.000, fue visado por la Resolución Nº 52 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con fecha 11 de julio de 2022.
- Fuentes que conocen la indagatoria señalan que Miguel Crispi podría ser citado como imputado en la causa que lleva el fiscal Cooper.
Mil millones extraviados. De los fondos que el Gore Metropolitano transfirió a ProCultura para “Quédate”, la fundación sólo rindió $600 millones. En 2024, el Gore debió presentar una demanda civil y una querella criminal para intentar recuperar más de $1.000 millones del proyecto. También demandas contra las aseguradoras ya que no se pagaron las boletas de garantía.
- Las actas de la sesión del 29 de junio de 2022 del Consejo Regional Metropolitano muestran que el gobernador Orrego pidió que el proyecto de Alberto Larraín, que días antes había sido nombrado director de la Corporación Regional de Santiago, se aprobara de inmediato y por unanimidad. “Este es el programa lejos más importante de prevención del suicidio que ha tenido la historia de Chile”, sostuvo.
- La relación entre Larraín y Orrego es antigua. El exnovicio jesuita y cofundador del grupo Cardumen de la DC trabajó en el consultorio de Salud Mental de Peñalolén encabezado por el entonces alcalde Orrego, a quien apoyó en las primarias presidenciales de 2013.
- El suspendido fiscal Carlos Palma, antiguo persecutor de la causa, indagaba tres delitos en la arista metropolitana:
- Tráfico de influencias, derivado del convenio firmado cuando el líder de ProCultura era funcionario del Gore. Larraín recibió pagos por el convenio, lo que mostró su participación directa en la iniciativa.
- Fraude al fisco, basado en la contratación de un funcionario del Gore en la fundación, con un sueldo con cargo al convenio de salud. El contrato estipulaba que estaría en comisión de servicio en el Gore Metropolitano. También, porque los valores en la rendición de fondos del sueldo de Larraín no cuadraban.
- Apropiación indebida, dado que en noviembre de 2023 terminó anticipadamente el convenio y el Gore pidió a la fundación la restitución de $1.010.379.291.
- En junio de 2024, Palma informó que pretendía allanar el Gore y tomar declaración a Orrego. El actual gobernador tuvo una ventaja que no tuvieron sus colegas de otras gobernaciones, cuyas reparticiones sí fueron allanadas. Alertado por las diligencias que pretendía realizar el fiscal, interpuso un recurso judicial que le permitió impedir que ocurriera.
- El Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la solicitud que pedía la incautación de los celulares de los sujetos de interés, entre ellos el de Orrego.
Juicio a Crisóstomo. En noviembre, la Contraloría abrió un juicio de cuentas contra el gobernador socialista de Ñuble por la asignación directa de $268.100.000 a ProCultura en 2022 para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”. El juicio de cuentas podría derivar en la obligación de restituir los fondos.
- El órgano contralor acusó a Óscar Crisóstomo de “omisión negligente” al no supervigilar las rendiciones del proyecto.
- En octubre, Cooper lo citó a declarar como imputado e hizo uso de su derecho a guardar silencio.
- Según la indagatoria, el gobernador pidió a la división de fomento e industrias contactar directamente a la empresa Esquerré para realizar el proyecto. Oficialmente, sin embargo, el ejecutor del proyecto sería ProCultura. A esto se sumaron sobreprecios; $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados, entre otras irregularidades.
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