Según la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, las máximas autoridades del Estado tienen un plazo de 30 días tras dejar el cargo para entregar una declaración jurada de Patrimonio por cese de funciones.
La normativa que rige de 2006 -y desde 2016 su cumplimiento es fiscalizado por Contraloría-, es una herramienta para determinar si hubo enriquecimiento o cambios sustanciales en el patrimonio de ministros, subsecretarios, jefes de servicio, alcaldes y otras autoridades durante el período en que ocuparon el cargo.
El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dejó la Subsecretaría del Interior el 17 de octubre de 2024 tras se denunciado por presunta violación y abuso sexual contra una subalterna e investigado por por uso irregular de la Ley de Inteligencia. En la carta que entregó al Presidente Gabriel Boric señala que “vengo en presentar mi renuncia voluntaria al cargo de Subsecretario del Interior que desempeño desde el 11 de marzo de 2022”.
Tres meses después, Monsalve no ha hecho entrega de la declaración de Patrimonio. En las páginas oficiales de Transparencia del gobierno, así como en el sitio Declaraciones de Intereses y Patrimonio DIP de Contraloría no figura el documento.
Consultados en la Subsecretaría del Interior -que ahora encabeza Luis Cordero- señalan que es Contraloría quien recibe las declaraciones juradas.
En Contraloría, que dirige Dorothy Pérez, informan que no hay constancia que Monsalve haya hecho su declaración.
Ahora al órgano fiscalizador le corresponde, por oficio o a petición de un particular, apercibir al infractor para que la realice. Si se mantuviera el incumplimiento, la Contraloría formulará cargos.
La infracción contempla multas desde las 5UTM ($337.145) a las 50 UTM ($3.371.450) y eventuales responsabilidades penales en caso de la entrega de datos falsos.
La última declaración entregada por Monsalve fue en marzo de 2024 -por actualización anual- en ella informa que posee un inmueble en Viña del Mar, otro en Chiguayante, región del Biobío, un Jeep Grand Cherokee Laredo del año 2014, además de instrumentos financieros por $95 millones.
El 8 de noviembre, pocos días antes de ser arrestado y trasladado al anexo penitenciario Capitán Yáber, Monsalve pactó separación total de bienes con su esposa María Eugenia Garrido, con miras a proteger su patrimonio en medio del proceso judicial.
El exsubsecretario también es investigado -en una arista que se encuentra desformalizada- por el uso de los gastos reservados que hizo durante el ejercicio del cargo ya que se constató numerosos pagos en efectivo, como los pagos al restaurante donde fue con la denunciante y al hotel donde se hospedaba cuando estaba en Santiago y donde habrían ocurrido los hechos denunciados.
En ese marco se levantó el secreto bancario del imputado.
Según un oficio del Ministerio del Interior, durante sus 30 meses de gestión Monsalve usó $847 millones de gastos reservados.
Su primera abogada María Inés Horvitz -quien luego salió de la defensa- señaló que la ex autoridad financieramente está arruinado, pero según una nota de radio Biobío de noviembre, Monsalve en sus declaraciones de patrimonio entregadas entre 2022 y 2024 subdeclaró el avalúo fiscal de sus propiedades y registró un aumento de $25 millones en los fondos de su Ahorro Previsional Voluntario (APV).
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