El 18 de diciembre de 2024 en la investigación del Caso ProCultura por la transferencia de $1.600 millones del Gobierno Regional Metropolitano para el programa de prevención del suicidio “Quédate”, declaró en calidad de imputado el jefe del departamento de Presupuestos del Gore, Juan Humberto Miranda Vergara.
Su caso es particular. El ingeniero en ejecución estructural de 62 años trabajó hasta julio de 2022 en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) como encargado del departamento de Inversiones Regionales. En ese rol le tocó firmar junto a su jefe, el entonces subsecretario Miguel Crispi (FA), el 11 de julio de 2022, la resolución N°52 de la Subdere que modifica el presupuesto del Gore Metropolitano para permitir la transferencia de capital a ProCultura para el programa Quédate.
El 1 de agosto de ese 2022, 21 días después, Miranda Vergara comenzó a trabajar en el Gore en el equipo directivo de Claudio Orrego, primero como jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional y desde junio de 2023 en la jefatura de Presupuestos.
En el interrogatorio fue consultado sobre su firma en la resolución que permite la modificación presupuestaria. “Reconozco en un 100% mi media firma en dicho documento, el cual visé (…) dicho documento fue suscrito por Miguel Crispi Serrano, subsecretario de Desarrollo Regional, el cual dio respuesta al requerimiento de Identificación Presupuestaria, solicitado por el Gore Metropolitano”, declaró.
El funcionario explicó que para confeccionar dicha resolución, Subdere debió verificar la existencia física de un oficio de solicitud del gobernador, el acuerdo del Consejo Regional, una ficha o minuta técnica elaborada por la División de Planificación y Desarrollo del Gore, explicando los objetivos y actividades que se iban a desarrollar, la ficha de iniciativa de inversión (Ficha IDI) del Ministerio de Desarrollo Social y el certificado de vigencia de la personalidad jurídica de ente ejecutor (ProCultura) emitida por el Registro Civil.
Según su testimonio, ya trabajando en el Gore en enero del año 2024, luego que estallara el caso y se abriera la investigación judicial contra la fundación del psiquiatra Alberto Larraín, fue designado como jefe subrogante de la División de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir). Allí le encomendaron elaborar y visar la resolución de la liquidación anticipada del programa prevención del suicido de la Fundación Procultura.
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