El pago de $60 mil por ingresar visitas a los penales saltándose los controles —producto utilizado por migrantes irregulares— y entre $350 mil y $400 por contrabandear celulares —servicio estrella usado por los internos— son parte de las tarifas que gendarmes cobraban en Santiago 1 y otros recintos como parte de una red de corrupción.
Lo nuevo. Los masivos allanamientos realizados la madrugada de este martes en siete regiones mostraron la extensión de la corrupción en Gendarmería.
- El operativo —en que participaron más de 500 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI)—, se desarrolló en las regiones Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobío, La Araucanía, del Ñuble y Los Ríos, detalló el Ministerio Público, con el propósito de detener a 42 gendarmes y 36 civiles involucrados en un mercado de ingreso de productos prohibidos a las cárceles.
- Los funcionarios pertenecían principalmente a Santiago 1 —que recibe a internos enviados a prisión preventiva antes de su sentencia— y a la cárcel de mujeres de San Joaquín, detalló la fiscalía.
- El esquema de corrupción detectado incluyó el cobro por ingresar desde celulares hasta “combos” de comida rápida a las unidades; una tarifa por trasladar a los internos de módulos y la extorsión a presos para devolverles teléfonos móviles incautados en allanamientos realizados por ellos mismos.
- De acuerdo con Ciper Chile, otros penales allanados fueron el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex-Penitenciaria); Punta Peuco; el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas); el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, el Complejo Penitenciario de Biobío y la cárcel de Rancagua.
- El operativo se realizó luego de que en noviembre se viralizara una fiesta realizada por una veintena de internos en el módulo 35 de Santiago 1, que incluyó botellas de Whisky y comida. Los registros habrían sido publicados por los propios presos.
- La estructura desbaratada este martes habría involucrado cerca de $6.300 millones en tres años.
- La investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente obedeció a la decisión institucional de indagar casos de corrupción en penales, dijo este martes el fiscal nacional Ángel Valencia.
- El Ministerio Público tiene programado formular cargos este viernes en contra de los detenidos, por conformación de una agrupación criminal; infracciones patrimoniales; cohecho (simple y agravado) y soborno.
Por qué importa. Los masivos allanamientos de este martes se sumaron al operativo realizado en noviembre en la cárcel de Alto Hospicio, para desbaratar a una banda de gendarmes dedicada al tráfico de drogas en ese penal.
- Este nuevo caso apuntó a que la penetración del crimen organizado en las cárceles ha impulsado a gendarmes corruptos a administrar ellos mismos los negocios ilícitos en los penales, en vez de ceder el control carcelario a los internos, como se ha visto en otros países de la región.
- El caso golpeó a una institución dependiente del Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Jaime Gajardo (PC), y adelantó la situación carcelaria que recibirá el 11 de marzo el presidente electo José Antonio Kast (Republicanos).
El modus operandi. El Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén detalló los distintos negocios ilícitos detectados.
- Manilleros. Este esquema operaba en el sector de encomiendas, donde “personas apostadas fuera del establecimiento penitenciario, denominado entre ellos mismos como ‘manilleros’ o ‘manillas’, permitían que personas que llegaban a ese establecimiento, previo pago que se les hacía a ellos, pudieran ingresar especies prohibidas. Eso implicaba por supuesto el respectivo soborno al funcionario de Gendarmería”, dijo Pastén.
- Ingresos sin revisión. “También detectamos que personas que no estaban enroladas para ingresar al recinto penitenciario, generalmente por tener una situación migratoria irregular, previo pago de una cantidad de dinero, podían ingresar al establecimiento eludiendo los controles que Gendarmería ha establecido”. El cobro por este servicio era de $60 mil, detalló Ciper.
- La feria. Esta modalidad consistía en que los gendarmes “ingresaban productos y (los) ofrecían precisamente a los internos previo pago de una cantidad elevada de dinero, me refiero fundamentalmente a carne, licor y otras sustancias, también teléfonos celulares y otros, que derechamente los propios internos solicitaban a los funcionarios de Gendarmería (…), en una suerte de, entre comillas, delivery”.
- Estas tarifas eran de entre $350 mil a $400 mil por ingresar celulares; $50 mil por un cargador; $15 mil por un chip telefónico; $15 mil por usar el baño para mantener relaciones sexuales; $10 mil ingresar por una palta y $20 mil por un kilo de arroz, consignó Ciper.
- Traslado de módulos. “Hemos detectado que funcionarios de Gendarmería, previo pago, procedían a trasladar a internos que, de no haber mediado este trato ilícito, no hubiesen podido trasportarse de un módulo a otro”. Este servicio, detalló ese medio, ascendía a $100 mil.
- Extorsión. “En algunas ocasiones también (…) obligaban a los internos a entregar una suma de dinero para devolverles los propios teléfonos que previamente les habían incautado”.
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