Corrupción y crimen organizado. Por María Jaraquemada

Nuestro país, como suele pasar, destaca positivamente en la región. Este año obtiene 67 de los 100 puntos, quedando en el lugar 27 del mundo, de un total de 180 países evaluados. El mismo puntaje que viene obteniendo desde el año 2017, es decir, presentamos un estancamiento en la materia. Una de dulce y otra de agraz. Atrás quedaron los años en que liderábamos la región, por sobre Uruguay.

Transparencia Internacional (TI) dio a conocer hoy una nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción, que se viene realizando hace más de 25 años. Los resultados no son alentadores, hay poco avance y progreso en la mayoría de los países y más de 2/3 se mantienen con puntajes más bajos de los 50 puntos (donde 0 es muy corrupto y 100 es poco o nada corrupto).

Hemos visto como desde el 2008 la paz en el mundo también se ha deteriorado (de acuerdo al Índice de Paz Global) y la corrupción ha sido tanto causa de ese deterioro como un síntoma de esto. Al perder la confianza en los gobiernos por causa de la corrupción, se abre una oportunidad para el crimen organizado de cooptar instituciones o suplir el rol de éstas. Por otra parte, los conflictos crean oportunidades para la corrupción y dificultan a los Estados combatirla de modo eficaz. Si uno mira las cifras, se puede encontrar una correlación entre países con altos indicadores de crimen organizado -y por tanto de inseguridad- y países con bajos resultados en la lucha contra la corrupción.

Lo anterior no es algo desconocido para nuestra región que, por cuarto año consecutivo, obtiene un promedio de 43 de los 100 posibles puntos. Lamentablemente nos ha faltado mayor decisión en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de nuestras entidades públicas lo que ha permitido el avance de organizaciones criminales, socavando de este modo la democracia, los derechos humanos y gatillando más violencia, daño ambiental y la crisis migratoria. Esto ha implicado que mujeres, niñas y migrantes sean las víctimas perfectas de la trata de personas y la sextorsión, que suele implicar a funcionarios públicos demandando actos sexuales a cambio de servicios públicos como la entrega de pasaportes o el ingreso a los países.

Nuestro país, como suele pasar, destaca positivamente en la región. Este año obtiene 67 de los 100 puntos, quedando en el lugar 27 del mundo, de un total de 180 países evaluados. El mismo puntaje que viene obteniendo desde el año 2017, es decir, presentamos un estancamiento en la materia. Una de dulce y otra de agraz. Atrás quedaron los años en que liderábamos la región, por sobre Uruguay.

Esto, junto con el aumento de la percepción de inseguridad ciudadana, de crímenes violentos y de bandas tan peligrosas como el Tren de Aragua, algo inédito en nuestro país, debe levantar la máxima alerta y ocuparnos. Si bien aún estamos bastante más arriba que el promedio regional y lejos de situaciones dramáticas como la de Venezuela, Haití, Nicaragua u Honduras, se trata de un tema que no podemos desatender: ahí donde el Estado no actúa, son espacios y oportunidades para el crimen organizado.

Como ya he señalado en columnas anteriores, es preocupante la baja confianza en las instituciones políticas que tenemos: solo un 4% en partidos y 8% en el Congreso. Los casos que se investigan en municipios como San Ramón o Vitacura también afectan la credibilidad de instituciones claves para la ciudadanía.

El llamado es a actuar. Necesitamos poner la integridad y confianza de nuestras instituciones al centro de la agenda y hacer un esfuerzo país por esto: tenemos una buena base de dónde partir y oportunidades como el nuevo proceso constituyente y la estrategia nacional de integridad -que debe ser un esfuerzo no solo del gobierno de turno, sino del Estado e incluir a la sociedad civil y sector privado-, para fortalecer nuestras instituciones y hacerlas más resilientes a estos nuevos fenómenos.