Qué observar. Hace unos días, durante la Expo Vivienda 2026, el ministro del Minvu, Iván Poduje, puso sobre la mesa que las trabas regulatorias están afectando a proyectos de vivienda social, encareciendo obras y retrasando la entrega de soluciones habitacionales a las familias en el país.
Costos. Poduje señaló que en un proyecto habitacional denominado San Bartolomé II, impulsado por el Minvu, en la comuna de Chillán Viejo se encontraron puntas de flecha. Realizar las excavaciones y el posterior retiro de estos restos arqueológicos tuvo un costo de 90 UF -a día de hoy son $ 3.667.165- por casa.
“Regulaciones que no sirven para nada”. Poduje también dijo que proteger el entorno de ranas para no afectarlas con una vivienda social le está costando al Estado 120 UF -$ 4.889.553- por vivienda y para subsanar los impactos en los arbustos conocidos como “espinos” tiene un costo de 35 UF ($ 1.426.119) por casa.
Publicaciones relacionadas
Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.