¿Cuánto servirá la comisión de expertos creada por el Pdte. Boric para combatir la corrupción? Por Francisco J. Leturia

Si hacemos reformas menores, sólo habrá una cosa segura: que los casos de corrupción, abuso y mal gasto de recursos públicos, sigan pasando. ¿Queremos ser cómplices de ello? ¿Seguiremos mirando para el lado? Mientras no se cambien las reglas que permiten estos juegos, todo puede volver a pasar, también en gobiernos de otros colores políticos.

 La Comisión sobre probidad anunciada por el Gobierno podría ser un primer paso hacia un necesario “pacto nacional contra la corrupción”.

Si todo evoluciona de buena manera, podríamos terminar sacando “algo bueno de lo malo”, incluso logrando que, en la balanza final de costos y beneficios, lo que ganemos sea más que lo que se ha perdido.

Es una oportunidad histórica, sin duda. Pero, para aprovecharla, tenemos que reconocer que el problema no solo se limita a las fundaciones. No podemos ni debemos ser tan ingenuos.

Tenemos un grave problema: Un sistema que permite a demasiadas reparticiones públicas dar cientos de millones a particulares no calificados para el servicio contratado, que cobran más caro que el promedio de mercado y con graves conflictos de interés. Y todo ello, con discrecionalidad y escaso control.

Pero ¿quién firma el cheque? O, como dice el dicho, en quien da el afrecho.  Porque, además, las mismas prácticas de corrupción podrían materializarse a través de empresas o sociedades, personas naturales, fundaciones o lo que sea. Y a través de cualquier tipo de contrato.

Por tanto, el capítulo de las fundaciones es sólo una parte del problema. Y quizá sólo la más pequeña.

Ser realistas nos obliga a reconocer que todos los traspasos que hemos conocido se vinculan con una práctica que toda la vida se ha llamado externalización o subcontratación, que se usa en el mundo privado y en el público, para hacer las cosas mejor y a más bajo costo. Pero sin los debidos límites y controles, ello genera espacios para acciones corruptas que siempre encontrarán alguien que los sabrá utilizar. El poder sin controles externos, o con límites relajados, tarde o temprano produce criminalidad.

Conozco a casi todas las personas recién nombradas en la comisión de expertos, y en conjunto, deberían ser capaces de hacer buenas propuestas. Su aporte final puede ser grande, mediano o pequeño, dependiendo de cuán amplia y profunda sea su mirada.

La oportunidad que nos ofrece esta crisis es demasiado grande como para no intentarlo. Necesitamos cambios y refuerzos estructurales, no cambios de cortinas. Los diagnósticos y soluciones están bastante claros, y buena parte del trabajo consistirá en sistematizarlos y actualizarlos. Por eso, el plazo de 45 días debiera ser suficiente.

Algunos puntos importantes a considerar: el buen funcionamiento de la república no puede depender únicamente de la integridad de los funcionarios públicos y autoridades. La ética importa, por cierto, y especialmente en el mundo público. Pero todos sabemos que, en cualquier grupo humano, hay gente que se va a corromper, y que tendremos que trabajar con actores imperfectos. Cualquier ilusión de “corrección moral colectiva” no es más que una variante del terraplanismo.

Entonces, si de verdad nos importa que no haya abusos, depredación de recursos públicos, e impunidad, todo nuestro empeño debe estar en prevenirlos, en ponerle el camino más difícil a cualquiera que se pueda torcer. O dicho en forma positiva, tenemos que ayudar a todos los chilenos y chilenas, hasta a los menos éticos, a comportarse en forma adecuada. Que no sea tan fácil robar. Que no sea tan fácil asignar por trato directo recursos a amigos sin experiencia, que estaban destinados a la gente que vive en la tierra, en los campamentos. Y que nadie se pueda escudar en la literalidad de la ley para justificar una práctica claramente corrupta (muchas acciones corruptas no son delito, en parte, por vacíos legales).

El Derecho penal es importante. Pero ha mostrado ser claramente insuficiente. De lo contrario, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Por eso debe ser complementado con múltiples medidas de control institucional y ciudadano y de transparencia, que han probado ser más plausibles, efectivas y realistas.

Por cierto, hay que investigar y sancionar. Dejar que todo lo oscuro salga a la luz. Sin perdonazos ni salvavidas. Tenemos derecho a conocerlo todo.

Pero el foco debe estar en que las cosas que han pasado, no se repitan.

Si dejamos las cosas tal como están, o si hacemos reformas menores, sólo habrá una cosa segura: que los casos de corrupción, abuso y mal gasto de recursos públicos, sigan pasando. ¿Queremos ser cómplices de ello? ¿Seguiremos mirando para el lado? Mientras no se cambien las reglas que permiten estos juegos, todo puede volver a pasar, también en gobiernos de otros colores políticos.

Lo dijo el presidente del Senado en su cuenta pública: estamos bien encaminados, pero hay que apurar el tranco. Y ser más ambiciosos. Necesitamos refuerzos estructurales y funcionales que desincentiven cualquier tentación, y reduzcan los espacios para la discrecionalidad y la corrupción. Hoy estamos dolidos, y también algo escépticos. Pero vale la pena ser, además de críticos, propositivos y levemente optimistas.

Más vale tarde que nunca.

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