Conocido por sus llamados a “refundar el Poder Judicial”, el titular del Séptimo Juzgado de Garantía ha protagonizado controversias que incluyen decir que hubo “presos políticos” tras el 18-O y autorizar videollamadas de narcos. Este viernes deberá resolver las medidas cautelares del exdiputado.
Lo nuevo. El juez del Séptimo Juzgado de Garantía Daniel Urrutia será protagonista de la última jornada de audiencias en contra del exdiputado Joaquín Lavín León (ex UDI), a quien la fiscalía imputa montar un call-center electoral denominado SocialTazk, con fondos del Congreso.
- Urrutia deberá resolver si accede a la petición del Ministerio Público de dejarlo en prisión preventiva como presunto autor de fraude al fisco por al menos $104 millones, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento mercantil, o si desestima estos cargos, que su defensa considera infundados.
- La lectura de su resolución, tras una audiencia que comenzó el lunes, está programada para este viernes al mediodía.
Quién es. Daniel David Urrutia Laubreaux, 51, nació en 1974 en Santiago, estudió derecho en la U. de Chile e ingresó al Poder Judicial el 2000.
- Fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina (durante 2001); de Ovalle (durante 2003) y de Coquimbo (durante 2004). En 2006 llegó al Séptimo Juzgado, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Parte de sus polémicas tienen su origen en X, donde tiene más de 31 mil seguidores.
- Su perfil controversial se remonta a 2004, cuando la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos.
- Urrutia lo aprobó y el 30 de noviembre de ese año envió a la Corte Suprema su trabajo final, donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La Corte de Apelaciones de La Serena aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito” en su contra, que luego la Suprema bajó a una “amonestación privada”.
- La respuesta de Urrutia fue acusar una persecución en su contra y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2020 el tribunal internacional emitió una resolución en que consideró “responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión”.
- Más tarde comenzaría a acuñar una idea que repetiría en 2021 en la disuelta Convención Constitucional: la necesidad de refundar el Poder Judicial.
- La “primera línea”. El 25 de marzo de 2020 resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total.
- El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. Se trató de una medida inédita, que, argumentó, se basó en un acuerdo entre los jueces de su juzgado, pero que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.
- Presos del 18-O. Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. En ese contexto se manifestó contra la prisión preventiva de los presos del 18-O.
- “Sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora sí lo están, es sólo por un tema político”, dijo en noviembre de 2020 al sitio Sputnik
- El 23 de junio de 2021 el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo Juzgado.
- Lenguaje. El 15 de julio de 2021 acogió un recurso de amparo presentado por las entonces convencionales María Rivera (Lista del Pueblo) y Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), en favor de 11 detenidos durante una manifestación por los presos del 18-O. Acusaron que la detención fue ilegal, lo que fue acogido.
- La resolución, sin embargo, llamó la atención por su redacción. “Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”, dijo el texto, abriendo un debate.
- Beneficios a narcos. Tras una visita a la Cárcel de Alta Seguridad realizada el 19 de enero de 2024, ordenó a Gendarmería otorgar beneficios carcelarios a 13 reclusos, como visitas, videollamadas y no registrar las reuniones de los detenidos con sus abogados, pese a que entre estos había narcos y miembros de bandas de crimen organizado, que podían usar las llamadas para entregar información delictual. La corte revocó la medida.
- Licencias médicas. En diciembre de 2025 se sumó se sumó al escándalo de las licencias médicas luego de que la fiscal judicial Macarena Troncoso abriera una investigación por dos viajes que realizó al extranjero —en enero de 2020 y octubre de 2022— tras presentar licencias médicas por estrés.
- La investigación del Poder Judicial —que partió luego del informe de Contraloría de 2025— arrojó que 84 jueces incurrieron en estas acciones desde 2020, aunque ningún supremo.
- Su primer viaje, dio a conocer Mega, habría sido utilizado por Urrutia para viajar a una audiencia en San José de Costa Rica, donde funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo habría sido a la localidad amazónica de Tena, en Ecuador, para recibir terapias alternativas cuando estaba con licencia tras múltiples controversias, entre otras, su llamado a “refundar” el Poder Judicial.
- “Agradecer a les (sic) constituyentes y todas las personas que han apoyado la necesidad de refundar el poder judicial en Chile”, publicó en Twitter, hoy X, el 30 de agosto de 2021, motivo por el que fue sancionado éticamente por la Asociación de Magistrados.
- Carlos Quezada, defensor del juez, dijo a Mega que “aportamos todos los antecedentes del tratamiento médico” en Ecuador.
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