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David Bravo y reforma previsional: “La estrategia del gobierno fue arriesgada e inadecuada”

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Foto Cedida.

El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, asegura que lo que vimos en las últimas semanas en la tramitación de la reforma de pensiones pareció más bien una continuación del ambiente de la franja y la campaña del plebiscito, contrario al espíritu de acuerdo que se habría requerido.


-A tu juicio ¿en qué falló el Gobierno en el proyecto de Reforma de Pensiones?. Logra conseguir seguir su tramitación, pero sin mucho de lo que para ellos era esencial.

-El Gobierno falló, ciertamente, en lograr consenso en torno a su propuesta y, en particular, en la estrategia que siguió en el último trecho.

Desde el punto de vista del contenido  del proyecto colaboró de manera importante a este resultado el que se tratara de una reforma de gran envergadura y con falta de información técnica relevante que justificara las medidas consideradas.

Recuerdo que en los primeros días de enero de 2023, varios de quienes dimos testimonio del proyecto en la comisión de Trabajo de la Cámara indicamos que la reforma no incluía objetivos claros y definidos y que no contaba con un diagnóstico actualizado posterior a los retiros y la instalación de la PGU.

Debe notarse que solo a fines de noviembre me fue posible presentar información para evaluar las tasas de reemplazo con y sin reforma tras varios meses de buscar la información en las distintas AFPs. Y, en el caso del Gobierno, solo unos días antes de la votación en la sala de la Cámara de Diputados se dio a conocer el estudio que encargaron sobre el tema. No es una aspiración muy sofisticada el solicitar que los antecedentes técnicos claves estén disponibles antes y no después de las votaciones.

-Fueron 14 meses de conversaciones, reuniones y ceder “desordenadamente” a las peticiones de los partidos. ¿Al final se observó demasiada improvisación para conseguir los votos en una materia tan importante como es la jubilación de los chilenos?

-En el último trecho de la discusión, luego de presentadas las indicaciones, la estrategia de poner suma urgencia y forzar una votación fue arriesgada e inadecuada. Lo que vimos en las últimas semanas pareció más bien una continuación del ambiente de la franja y la campaña del plebiscito, contrario al espíritu de acuerdo que se habría requerido.

-Advertiste que los pensionados actuales están en un mejor pie que los pensionados de los próximos 20 años y mejor que quienes se pensionarán en 40 años más. Se justifica seguir apuntando a mejorar las pensiones hoy con recursos de los de mañana.

-Se trata de una conclusión que se obtiene claramente del estudio sobre tasas de reemplazo que presenté públicamente en un seminario a fines de noviembre de 2023. Y, más allá de la discusión sobre la metodología que sigue el estudio de la Superintendencia de Pensiones, es la misma conclusión que se puede extraer de los datos presentados por esta en enero de 2024.

-¿Cómo es posible que, con esa evidencia, se pueda respaldar lo que ha sido el foco de la reforma del Gobierno, basada en que no se podía solo apuntar a las pensiones futuras sino que la reforma debía hacerse cargo de mejorar a los actuales pensionados?

-Es importante hacer las cosas en el orden adecuado. Primero la evidencia y los datos y luego la reforma de pensiones fundada en estos y no al revés, como ha ocurrido.

-¿Crees que Mario Marcel se ha dejado llevar por lo político y no lo técnico siendo uno de las personas que sabe del tema?

No lo creo. Pero sí creo que se va a requerir de lo mejor de su experiencia y calidad técnica para la etapa que se abre a partir de marzo, así como también de una serena reflexión de lo que ha ocurrido en estos 14 meses.

-¿Qué debería hacer hoy el gobierno y cuáles deberían ser los temas que aborde considerando que en el Senado no tiene mayoría? Es decir ¿qué reforma simplificada debería salir de esta negociación?

-Precisamente, creo que debe simplificar sustantivamente su reforma. Primero, dejar solo los aspectos que apuntan a mejorar las pensiones y eliminar aquellos que solo perseguían hacer realidad el objetivo político de “No + AFP”. Por cierto se puede apuntar a avanzar para tener mayor competencia y menores comisiones pero sin refundación.

Segundo, eliminar el autopréstamo, que representa una ventana al tema de los retiros y se contrapone con el objetivo de mejorar pensiones.

Tercero, incluir el incremento en las edades de pensión contenidos tanto en la comisión de 2006 que dirigió el actual Ministro de Hacienda como en la comisión de 2015, en una gradualidad como la propuesta en estos informes.

Cuarto, generar una iniciativa de consenso nacional dirigida hacia el fortalecimiento del ahorro, la fiscalización de las cotizaciones y la formalidad en el mercado laboral que es urgente y necesaria. Estos dos últimos aspectos no han estado presentes en los proyectos de reforma de este y los dos gobiernos anteriores.

-El inversor estatal ¿debe ser reincorporado para generar competencia?

-El objetivo debe ser incrementar la competencia pero no refundar el sistema completo. La separación de funciones hace eso y, en las indicaciones, se adicionaba el inversor estatal y la licitación de stocks. Creo que el paso natural, luego de la experiencia de las licitaciones de nuevos afiliados, es la licitación de afiliados históricos; sin embargo creo que debiera hacerse para una fracción pequeña de afiliados y en un mecanismo que respete la libertad de estos para mantenerse en su AFP, y en un diseño técnico bien pensado que tenga en cuenta la rentabilidad y las comisiones.

En resumen, un cambio gradual que, además, vaya siendo evaluado antes de proceder a su ampliación.

-¿Se debe seguir con la PGU mejorando las pensiones o ya estamos en el límite en que afecta la formalidad del empleo?

-Creo que estamos en el límite en dos dimensiones: Primero, porque debemos asegurar la sustentabilidad de la PGU en el tiempo. Por ello, creo que no es el momento de incrementar del 90% al 100% la extensión de la PGU, especialmente si se requerirá incrementar a $250 mil en los meses que siguen para cumplir con lo que se ha planteado por el Gobierno. Segundo, porque efectivamente debemos evaluar el impacto que pueda estar teniendo sobre la informalidad, que es el enemigo principal a derrotar en los años que siguen.

-¿Podemos encontrar otro enfoque para aumentar la solidaridad?

-Sí, la desideologización. Me refiero a que actualmente, como mostré en el trabajo reciente y que también se deduce del trabajo de tasas de reemplazo del Gobierno cuando se miran bien esos datos, un 60% de la pensión final que tiene un pensionado hombre proviene de la solidaridad (a través de la PGU) mientras que un 40% de su ahorro individual. Y en el caso de las mujeres es aún más dramático: un 85% de su pensión final proviene de la solidaridad.

Hoy, la solidaridad da cuenta de buena parte de la pensión final de las personas. Más que solidaridad en términos genéricos, lo que queda claro es que se requiere fortalecer el ahorro, que se vio muy debilitado por los retiros, para hacer más sustentable el sistema de pensiones en el futuro, que incluye ambos componentes.

-Tuviste una discusión técnica con el Ministro Marcel sobre las tasas de reemplazo que debían utilizarse. ¿Hay alguna posibilidad de acordar técnicamente el punto?

-Creo que estamos muy de acuerdo en que no se deben usar tasas de reemplazo teóricas, basadas en supuestos, sino que tasas empíricas. Hoy cada pensionado puede tener calculadas sus tasas de reemplazo efectivas, no las teóricas.

Usemos esos datos para entender qué nos dicen los resultados. No hay que temerle a los datos, solo entenderlos. Se ha hecho la discusión sobre el periodo de tiempo a considerar para una tasa de reemplazo: el último año, los 10 últimos años, toda la vida. Yo creo que hay que usar toda la vida laboral pero creo que perfectamente podrían calcularse distintos periodos de tiempo. Con una condición, eso sí: que sean los datos de los afiliados y no datos inventados.

Cuando se habla de los últimos 12 meses, por ejemplo, y una persona tiene 3 meses con cotizaciones por una remuneración de $800 mil y 9 meses sin cotizaciones (ingreso de $0) no se puede considerar que el nivel de vida de ese afiliado es de $800 mil pesos, contra el cual se compara la pensión que finalmente obtiene.

Esa persona tuvo 9 meses con ingresos cero y por lo tanto su ingreso mensual promedio fue de $200 mil. Usemos los datos reales en la tasa de reemplazo: en el numerador (su monto de pensión) y en el denominador (su monto mensualizado de ingreso laboral). El estudio de la Superintendencia utiliza datos no efectivos al excluir los ceros pero, como se aprecia, es fácilmente corregible. Tenemos una muy buena posibilidad de recomenzar la discusión previsional de manera bien fundada en el Senado en marzo.

También puede leer. Reforma de pensiones: 10 puntos clave de la votación en la Cámara y cómo llega al Senado

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