En un esfuerzo loable, un grupo transversal de senadores desde el Partido Socialista hasta la UDI, propusieron una reforma constitucional que pretende resolver los problemas de gobernabilidad derivados de la fragmentación del sistema político chileno en un exagerado número de partidos representados en el Congreso.
La principal medida propuesta es que la candidatura a diputado preferida por los electores, independientemente de la magnitud de su votación personal, no ingresará a la Cámara si el partido político que la presenta no alcanza a sumar a lo menos 5% de los votos válidos del país, a menos que sus escaños totales sumen 8, incluyendo a los senadores.
Si el partido no cumple los requisitos exigidos, nos dicen, el escaño será atribuido al partido más votado del pacto que sí los cumpla. Ello, sin referencia a la magnitud de votos que separe a quien asumirá la representación popular en la Cámara de la persona que prefirieron los electores de ese distrito.
1.- La primera debilidad de la reforma propuesta es que el requisito del 5% de los votos nacionales, aunque parezca insólito por el cargo de sus autores, sólo se aplica a la elección de la Cámara de Diputados y excluye al Senado, como si la fragmentación política sólo afectara a la Cámara Baja y no fuera un problema del conjunto del sistema.
2.- La segunda debilidad, quizás la principal, es que contraría de manera relevante la preferencia de los electores, que pueden darle la primera mayoría a una persona para que los represente, y terminar eligiendo a otra cuya votación puede ser muy inferior al preferido.
Los umbrales operan generalmente en países donde los electores votan por listas de partidos políticos y no por personas dentro de estos, de manera que quedan fuera de representación las instituciones que no alcanzan la votación nacional requerida.
Parafraseando a quienes se opusieron a la ley de igualdad de género aplicada para la Convención y el Consejo Constitucional porque se trataba de “meter la mano en la urna”, esto es meter el saco dentro de ella, porque no hace referencia alguna a los votos de quien los tuvo para ser electo ni de su eventual reemplazante, que además provendría de otro partido político.
Imaginen el escándalo que generaría que por secretaría la candidatura que obtuvo la primera mayoría de un distrito con una alta votación fuera reemplazada por la candidatura que obtuvo mucho menos votación, también su partido en el distrito, pero éste es fuerte en la Región Metropolitana y cumple entonces el requisito del 5% de los votos nacionales.
3.- Los autores de la propuesta nos dicen que el reemplazo de la persona electa cuyo partido no cumple el requisito saldría del partido del mismo pacto electoral que sí lo cumpla. Aunque parezca inverosímil por la calidad intelectual de los autores, nada dicen de lo que ocurriría en caso de que ningún partido del pacto cumpla los requisitos ni tampoco de lo que sucedería tratándose de una lista de un solo partido, como las hay en todos nuestros procesos electorales.
Si no pueden ingresar a la Cámara miembros de partidos que no alcancen el 5% nacional, lo que tendría que ocurrir es que el escaño sea atribuido a la candidatura de otro partido que sí cumpla el requisito, caso en el que se contrariaría de manera aun más flagrante la voluntad popular, puesto que el reemplazo podría perfectamente provenir de un partido de ideas adversas a aquel de la candidatura preferida por los electores.
4.- No sé si los autores no han aquilatado el efecto que tendría en la conformación de las listas parlamentarias venideras o es parte de lo que buscarían provocar. El hecho es que la exigencia del 5% de votos nacionales a los partidos para que sus candidatos a diputado puedan ser electos, introduciría una presión insostenible a la próxima negociación parlamentaria, redundando en la multiplicación de listas en lugar de reducirlas.
Porque todos los partidos, no sólo los grandes, exigirán competir en todos los distritos para intentar que sus candidaturas no queden fuera por no alcanzar la suma de votos requeridos a nivel nacional.
Ello puede ser más asumible por Chile Vamos, que tiene sólo tres partidos, pero si aspira a conformar una lista parlamentaria más amplia incorporando a socialcristianos y Demócratas, estos exigirán espacios para competir en todo el territorio nacional, de lo contrario sus candidaturas no tendrían posibilidad de ganar, aun cuando obtuvieran votos suficientes en los distritos donde pudieron competir.
En el caso del oficialismo, la medida propuesta redundaría inevitablemente en dos o más listas parlamentarias, porque todo partido que desee luchar por su sobrevivencia requerirá competir en todo o casi todo el territorio nacional. La presión por cupos que esto generaría haría imposible el razonable propósito del Presidente Boric de que los partidos que lo apoyan presenten una sola lista parlamentaria.
En mi concepto, el requisito del 5% nacional no debiera dejar fuera de la Cámara de Diputados ni el Senado a candidaturas elegidas por los electores de sus distritos y regiones, sino que debiera establecerse como condición para recibir devolución fiscal por voto recibido, existencia legal y financiamiento del funcionamiento partidario.
Hay otra medida más eficaz para reducir la fragmentación y que no mete la mano en la urna. Lo venimos planteando hace dos años, que es reeditar la norma que prohibió durante décadas la conformación de pactos electorales en elecciones parlamentarias, reservándolos exclusivamente para elecciones uninominales, las de alcalde, gobernador regional y presidente de la República.
En 1969 los distritos eran más grandes que los actuales, la agrupación distrital número 1 de la RM elegía 18 escaños y, sin embargo, sólo entraron al Congreso representantes de 5 partidos políticos, porque cada uno debía competir con su propia identidad, candidaturas y programa.
La fragmentación ocurrió entre 1970 y 1973, justamente porque los partidos sortearon la ley creando la Confederación Democrática y el Partido de la Unidad Popular, en ambos casos para cobijar la fragmentación política, el CODE la del radicalismo (Democracia Radical y PIR) y la UP la de la Democracia Cristiana (MAPU e IC).
Reeditar la prohibición de pactos electorales en las elecciones parlamentarias sería un incentivo inmediato y efectivo a la convergencia de partidos que hoy compiten y conviven en el mismo espacio sociológico y electoral, reduciendo la fragmentación, porque el sistema electoral actual con distritos de 3 a 8 escaños y circunscripciones senatoriales de 2 a 5, requiere grandes partidos (hoy sorteado por los pequeños a través de los pactos).
Converger o languidecer sería la disyuntiva para muchos partidos, tanto en la izquierda, la centroizquierda, el centro, como en la centroderecha y la derecha.
El problema hoy es que los partidos políticos, en lugar de asumir su responsabilidad en la fragmentación política actual y proponer esta norma que los forzaría a resolverla (como parcialmente lo hizo el FA sin necesidad de ley), están optando por cargarle la mano a los electores dejando eventualmente fuera las candidaturas que eligieron para que los representen.
En todo caso, nuestro problema no es sólo la existencia de más de 20 partidos en el Congreso sino que casi la cuarta parte de los miembros de la Cámara son independientes y se comportan como un partido en sí mismos, y no pocos militantes de partidos actúan también como si fueran independientes.
El problema es más complejo de lo que parece y requiere que todos los incentivos estén alineados para castigar el individualismo que hoy impera en el Congreso y alentar el comportamiento colectivo y el fortalecimiento de los partidos asegurando su funcionamiento plenamente democrático.
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