Fue una bandera de los eco-constituyentes de la Convención, que acusaron que la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua sintetizaba los abusos de la Constitución de 1980. El texto propuesto entonces los reemplazó por autorizaciones de uso “incomerciables”, que eliminaban ese mercado. El plebiscito del 4/S dejó en la incógnita qué ocurriría en el nuevo proceso, tema que empezó a despejarse a fines de marzo. Una propuesta conjunta del oficialismo y la oposición mantuvo entonces la propiedad sobre este derecho, con la redacción de la constitución actual. Este miércoles el pleno aprobó una nueva redacción de la norma, pero mantuvo el concepto.
Qué observar. El 28 de febrero de 2022 la comisión de Medio Ambiente de la desaparecida Convención Constitucional votó en general una de las normas cruciales para los denominados eco-constituyentes.
- Se trataba de la eliminación de la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua que, según planteaban, sintetizaba los abusos de la Constitución de 1980.
- Argumentaban que ésta había promovido el saqueo de este recurso y, también, la desprotección de pequeños agricultores —entre ellos los de pueblos originarios—, que quedaban en desventaja respecto de grandes productores, en el mercado de miles de millones de pesos generado a partir de esta norma.
- En favor de este derecho estaban voces como la del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, quien sostenía que “el Estado no puede administrar las cuencas con eficiencia a sus costos”, como hoy lo hacen los privados a través de las asociaciones de regantes y grupos de agricultores.
- Con los votos en contra de Chile Vamos se aprobó ese día la norma transitoria presentada por el Colectivo Socialista, que proponía que “al aprobarse esta Constitución, se extinguirá la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua”.
- El fin de la propiedad de los derechos de agua fue luego aprobada en el pleno y quedó así la propuesta final. El texto presentado al Presidente Gabriel Boric el 4 de julio del año pasado consagraba que en vez de propiedad sobre los derechos de agua habría autorizaciones de uso “incomerciables”.
- “Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”, consignó el artículo 142 del texto de la Convención.
- La trigésima quinta norma transitoria establecía, además, que “con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua”.
- Parecía ser el fin de esta norma y su consiguiente mercado, hasta que el amplio rechazo del texto de la Convención en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, borró ese intento por cambiarla.
La primera señal de la Comisión Experta. La noche del 30 de marzo de 2023, segundos antes del plazo fatal, la subcomisión de derechos económicos, sociales y medioambientales de la Comisión Experta ingresó una serie de artículos que la alejaron de algunas propuestas de los eco-constituyentes de la desaparecida Convención, y la acercaron a la Constitución vigente.
- Fue una propuesta conjunta del oficialismo y la oposición —desde la UDI hasta el Partido Comunista, presentes en la subcomisión— donde garantizaron el derecho de propiedad y mantuvieron entre estos los derechos de agua, con la redacción de la constitución vigente.
- “El agua, en cualquiera de sus estados, es un bien nacional de uso público. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, consignaba la propuesta.
- Era una muestra concreta del tono que tendría el organismo mandatado por el Congreso para elaborar el anteproyecto constitucional, con 24 comisionados expertos designados por los partidos.
El texto aprobado en el anteproyecto. Este miércoles el pleno de la Comisión Experta votó una nueva redacción de la norma aprobada por la subcomisión, que mantuvo este derecho de propiedad. Ésta decía:
- “Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación”.
- “En función del interés público se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los que podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad con la ley. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas que confiere a su titular el uso y goce de ellas, de conformidad con las reglas, temporalidad, requisitos y limitaciones que prescribe la ley”.
- Fue aprobada con 22 votos a favor y uno en contra, de la comisionada Bettina Horst (nombrada por la UDI), quien dijo durante su intervención que prefería la redacción de la constitución vigente.
Las interpretaciones sobre los cambios a la norma. El comisionado Teodoro Ribera —nombrado por RN y parte de la subcomisión de derechos económicos—, planteó en su intervención en el pleno que “en lo que respecta al agua, el principio fue: el que tiene mantiene (…). No estamos modificando en nada el Código de Aguas”.
- El comisionado Alexis Cortés del PC, quien también integró la subcomisión, dijo a este medio que “a lo que arribamos refleja el acuerdo posible en el contexto en el que estamos y tomó como fuente lo que ha deliberado el Congreso Nacional al respecto, entonces creo que respecto del texto vigente, sin duda es un avance”.
- “Lo que hicimos fue elevar a rango constitucional el Códigos de Aguas, que fue un acuerdo prácticamente unánime que realizó el Congreso Nacional en esta materia, lo que me parece muy positivo, más aún, considerando que autónomamente se consagró el derecho al agua, priorizando siempre el consumo humano y resguardando, sobre todo, el agua para las futuras generaciones”.
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