Un país del hemisferio sur, relativamente aislado, democrático, exportador de materias primas y de más de una veintena de millones de habitantes, fue objeto de la coerción económica de China cuando tuvo la “osadía” de tomar medidas para proteger su infraestructura crítica de inversiones. Específicamente, fue uno de los primeros en prohibir la incursión de capitales chinos en las redes 5G. Después adoptaría ideas tan irritantes para el gigante asiático como solicitar una investigación independiente sobre el origen del Covid-19. Es del caso de Australia.
Cuando la controversia desatada por el Cablegate está lejos de amainar -ya que incluso saboteó las reuniones previas al traspaso de mando, en lo que parece un evidente ocultamiento de información por parte del actual gobierno de Boric-, es necesario ir un paso más allá de los diagnósticos, como la falta de regulación para inversiones extranjeras en sectores críticos, y revisar tanto los escenarios como las respuestas posibles.
En tal sentido, el caso de Australia es considerado “el canario en la mina” de lo que puede ser una represalia económica china cuando una acumulación de decisiones políticas termina colmando la paciencia del régimen de Xi Jinping. En Chile, se suman hechos como la cancelación del contrato a una empresa china para imprimir pasaportes, el bloqueo de un observatorio astronómico en el norte y, ahora, la puesta en suspenso de un cable submarino de fibra óptica entre Concón y Hong Kong.
Aprovechando su condición de principal socio comercial, y a través de medidas arancelarias y paraarancelarias, China empezó entre 2020 y 2021 a restringir las exportaciones australianas de cebada, carne, carbón, cobre, gas natural, vino y lana. La Universidad de Adelaida estimó las pérdidas netas en unos US$ 14.000 millones para el período 2020-2022.
No obstante, lo más importante fue la reacción del país oceánico para protegerse de lo que entendió como una combinación no solo de coerción económica, sino también de influencia política. Esta última había convencido algunos sectores de que la dependencia de China era inevitable, la diversificación de mercados, imposible; por lo cual, enfrentarla parecía un pésimo negocio. Ahora bien, una vez la presión empezó, la gente del Down Under mostró que no se asusta fácilmente.
Mientras se elevaban quejas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la búsqueda de nuevos mercados se asumió como una urgencia, logrando desviar exportaciones a países como Corea del Sur. Al tiempo que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) se volvía un objetivo prioritario para sus diplomáticos, se gestionó a la par un Acuerdo de Asociación Económica Integral con Indonesia. Por supuesto, Beijing nunca dejaría de importar mineral de hierro, insumo necesario para su propia industria.
A través de mecanismos como el Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera (FITS, por sus siglas en inglés), enfocado sobre todo en regímenes autoritarios, se reforzaron las exigencias para registrar el lobby y toda acción foránea de influencia a nivel del gobierno nacional. Una vez que advirtieron que el FITS dejaba una puerta abierta en los gobiernos locales, se investigaron también los vínculos de los municipios con sus “ciudades hermanas” y sus negocios las empresas chinas.
Asimismo, se echó mano a la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB, por sus siglas en inglés), organismo consultivo creado en 1976 que asesora al Tesoro para evaluar propuestas en sectores específicos bajo la “prueba del interés nacional”, y en el cual participan personalidades de destacada trayectoria pública y privada. De hecho, el marco de inversión extranjera se ha actualizado sistemáticamente para responder mejor a las circunstancias actuales.
También se buscó crear conciencia en las universidades que mantenían programas conjuntos con organizaciones educativas chinas o Institutos Confucio en su interior, para que estuvieran alerta ante las presiones que podrían sufrir al organizar seminarios, conducir investigaciones o incluir a profesores críticos con el régimen de Beijing.
En el plano internacional, se estrechó el acercamiento con socios tradicionales como Estados Unidos, pero también con India y Japón; a la vez, se incrementó el gasto en Defensa a niveles récord para hacer frente a una realidad más desafiante en el Pacífico.
Básicamente, Australia, en su búsqueda de equilibrio entre la apertura económica y la seguridad nacional, asumió que debía adoptar un enfoque integral ante las presiones extranjeras. Este enfoque debía identificar vulnerabilidades, mitigar riesgos y basarse en una posición unificada del país frente a China, puesto que dividir a la sociedad es una parte fundamental de las operaciones de influencia.
Hoy las relaciones bilaterales están bastante más estabilizadas: la mayoría de las restricciones chinas a bienes australianos se levantaron y el diálogo de alto nivel se retomó, aunque subsisten fricciones en el campo militar. En parte, esto ha sido posible porque Canberra decidió “salir jugando” tras ser presionada. El suyo es un caso que, hoy más que nunca, merece ser observado de cerca.
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