El colapso de las Isapres. Por Kenneth Bunker

Es evidente que las mismas Isapres son culpables de llegar a dónde están ahora y por lo mismo deben asumir sus responsabilidades. Pero también es evidente que no es solo culpa de las Isapres, pues, como enseña la cronología, actuaron desde el oportunismo porque las dejaron hacerlo. Actuaron con la complacencia y, en el fondo con el visto bueno, de todos quienes han administrado el Estado en el pasado.

Hasta ahora, la posición del gobierno ante la crisis de las Isapres ha sido pasiva. Por diseño, la decisión ha sido no intervenir. Por eso ministros, subsecretarios y autoridades varias, incluyendo senadores y diputados, se han marginado del debate o solo se han involucrado para pedir que se permita que las cosas sigan por su curso natural. Como sector, se ha hecho todo lo posible para evitar interrumpir la fuerza de la inercia.

Lo cierto es que, de no mediar intervención, las Isapres colapsarán. Y si aquello ocurre, millones de pacientes que actualmente reciben tratamiento en clínicas particulares quedarían sin cobertura de la noche a la mañana. La única solución sería rápidamente traspasar a todas esas personas a Fonasa, lo que no solo provocaría confusión en el sistema público, sino que también alargaría el espiral de caos en tiempo indefinidamente.

Quizás por eso, y por la publicidad negativa que eso conllevaría, es que el gobierno finalmente decidió hacer algo y mandó una ley corta al Congreso. El problema, sin embargo, es que lo que envió no apunta a prevenir la crisis, sino que hace todo lo contrario: la consolida. Lo que el gobierno envió no solo obliga a las Isapres a saldar su deuda, sino que además las obliga a reducir sus ingresos.

Es evidente que las mismas Isapres son culpables de llegar a dónde están ahora y por lo mismo deben asumir sus responsabilidades. Pero también es evidente que no es solo culpa de las Isapres, pues, como enseña la cronología, actuaron desde el oportunismo porque las dejaron hacerlo. Actuaron con la complacencia y, en el fondo con el visto bueno, de todos quienes han administrado el Estado en el pasado.

Es claro que la posición del gobierno es eliminar a las Isapres de la ecuación. Si intentan mediar para encontrar una solución, estarían trabajando para mantenerlas activas, lo que es todo lo contrario a lo que en el fondo quieren. Eso explica la ley corta, la cual se hace cargo del asunto sin realmente hacerse cargo. La propuesta viene tan cargada que aprobarla tendría casi los mismos efectos que no hacer absolutamente nada.

Hay soluciones intermedias, como así lo demuestran las propuestas de la ONG Espacio Público y el proyecto de Ximena Rincón y Matías Walker, que fue ingresado y aprobado en la Comisión de Salud del Senado. A diferencia de la ley corta, esas dos propuestas persiguen el fondo del asunto, evitando tanto interrumpir planes en el sector privado como sobrecargar el sistema público con tres millones de pacientes adicionales.

Contra intuitivamente, si Boric logra imponer su visión ante estas propuestas relativamente moderadas, y logra así desmantelar a las Isapres, las consecuencias políticas podrían ser devastadoras para su gobierno. Pues, si las Isapres eventualmente colapsan, las personas no culparán ni a los gobiernos anteriores, ni a la Corte Suprema, ni a los senadores, ni a las mismas Isapres por las consecuencias: culparán directamente al Presidente.

Presumiblemente, Boric sabe esto, pero no lo ve como un problema. Cree que puede eliminar las Isapres sin pagar el costo de hacerlo, ya que entiende a su base de apoyo como una base poco susceptible a la coyuntura: en su visión, su popularidad difícilmente puede caer bajo el porcentaje que votó por él en la primera vuelta de 2021. En esta línea, el Presidente ve la eliminación de las Isapres como un costo hundido.

Ahora, nada asegura que esa visión sea cierta. Si la magnitud de la crisis es del tamaño de lo predicho, es perfectamente posible que el gobierno comience a perder apoyo entre los propios. Incidentalmente, una parte importante de su base cotiza en Isapres. En cualquier caso, lo único que sí es indiscutiblemente cierto es que avanzar por la línea de la pasividad o de la ley corta implica minar potenciales avenidas de colaboración en el futuro.

Es correcto que si la eliminación de las Isapres eventualmente desemboca en un sistema único nacional de salud sería una victoria para el gobierno. Pero es un error pensar que eso sería en el corto plazo. ¿Está dispuesto el Presidente a sacrificar su gobierno solo para cobrar esa victoria tardía? ¿Está dispuesto a sacrificar su influencia en el proceso constitucional, las municipales, o la próxima elección presidencial?

Por lo pronto, parece más sensato involucrarse, encontrar un camino medio y hacer todo lo posible para evitar el colapso. Retirar o modificar sustancialmente el proyecto de ley corta, ingresar otro mejor y darle suma urgencia sería un punto de partida. Apoyar a Rincón y a Walker en el suyo sería otro. En el peor de los casos, no hacer nada, dejar todo como está, no solo terminaría con las Isapres, sino que también podría terminar con el gobierno.

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