La voltereta de Atria sobre el TC: Ahora se suma a equipo del FA para impulsar acusación contra plan económico de Kast

Ha dicho que desde 1992 viene advirtiendo que la existencia del Tribunal Constitucional carece de justificación. En 2013 publicó su conocido ensayo “La constitución tramposa”, donde incluyó el TC entre los “cerrojos” que, a su juicio, neutralizaban la voluntad ciudadana. En 2021 fue electo miembro de la Convención, donde fue uno de los articulares del fracasado proyecto que suprimió el TC y lo reemplazó por una Corte Constitucional, que eliminaba su control preventivo de las leyes. Ahora aceptó formar parte del equipo que estudiará impugnar ante el TC el megaproyecto del gobierno.

Lo nuevo. El abogado constitucionalista Fernando Atria —uno de los articuladores de la izquierda en la fracasada Convención y que durante el gobierno del hoy expresidente Gabriel Boric fue uno de los referentes del Frente Amplio (FA)— aceptó sumarse al equipo de juristas de oposición que estudiará impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) el plan económico anunciado este mes por el Presidente José Antonio Kast.

• El secretario general del FA Andrés Couble fue quien, contaron conocedores de las tratativas, lo contactó para estudiar la viabilidad de la presentación en contra del proyecto de Reconstrucción Nacional, el cual se tramita en la Cámara.
• Atria, dicen estas fuentes, aceptó sumarse al equipo, generando sorpresa en parte del mundo político por acceder a usar un recurso legal que ha criticado por décadas.
• En el FA también ficharon al abogado e investigador de Nodo XXI, Raúl Méndez, consignó La Tercera. El abogado Claudio Troncoso es quien haría estos análisis por el lado de la Democracia Cristiana.
• Entre los vicios de constitucionalidad que han advertido parlamentarios de oposición están el carácter “misceláneo” de la ley; la invariabilidad tributaria por 25 años que contempla el proyecto; e incumplimientos del principio de probidad en la función pública por beneficiar a los “súper ricos” a través de la rebaja al impuesto corporativo.
• La decisión de Atria recordó a algunos la postulación al senado de la expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon, quien intentó llegar a la Cámara Alta pese a encabezar, en su primer período, un proyecto que eliminó del texto el Senado y lo reemplazó por una Cámara de las Regiones que, al tener menos atribuciones, rompía con el sistema de pesos y contrapesos del sistema bicameral actual.

Su historial de críticas al TC. “He argumentado desde 1992 que no se justifica un TC. Por eso yo diría que es mejor no tenerlo, pero hay mucho espacio para la conversación, porque probablemente muchos van a querer crear un órgano”, dijo a La Tercera en marzo de 2021, cuando postulaba a la Convención como independiente en la lista de Apruebo Dignidad. “Se ha convertido en una tercera Cámara”.

• Tras ser electo con 52.653 votos, la mayor del distrito 10 de Santiago, Providencia y Ñuñoa, rápidamente se posicionó en la Convención como uno de los articuladores de la izquierda, en un ambiente marcado por la inexperiencia política de los convencionales independientes.
• El concepto de que el control preventivo del TC actuaba como una tercera instancia legislativa, obtuvo amplios apoyos en la Convención.
• “El TC es una tercera Cámara, pero también aquí vemos que el Tribunal Constitucional tiene otros problemas, y es que pone en riesgo la independencia judicial, y eso es una nueva razón para buscar una forma de control de constitucionalidad sin Tribunal Constitucional”, dijo en enero de 2022 a El Desconcierto, sobre la propuesta presentada por el FA y varios colectivos independientes.
• Se trataba de una idea que Atria había anticipado en su conocido ensayo de 2013 “La constitución tramposa”, donde incluyó el TC entre los “cerrojos” que, a su juicio, neutralizaban la voluntad ciudadana. Los otros, escribió en ese texto, eran el sistema binominal, los quórums de las leyes orgánicas constitucionales y los quórums de reforma constitucional.
• El texto propuesto por la Convención —rechazado por un 61,86% de los votantes en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022— eliminaba el TC y lo sustituíua por una Corte Constitucional que suprimía de sus facultades ejercer el control de constitucionalidad “antes de su promulgación”, como establece la carta actual.

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