El día después de la derrota de Vallejo: Arturo Fermandois será quien presentará el requerimiento ante el TC por la Comisión contra la Desinformación

En la tarde de este miércoles se aprobó un proyecto de acuerdo que autoriza al presidente del Senado a recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto del decreto que crea la Comisión Contra la Desinformación. La iniciativa fue publicada en el Diario Oficial hace un mes, por lo que hay plazo hasta las 14:00 horas de este jueves. En ese contexto, el abogado Arturo Fermandois fue quién asumió la tarea de presentar el requerimiento. “No tiene por objeto ni complicar ni afectar políticamente al Gobierno. Se propone únicamente, defender sus facultades legislativas en una materia extremadamente sensible como es la libertad de expresión”, señala.

Qué observar. Hasta las 14:00 horas de este jueves tiene el Senado para ingresar el requerimiento ante el TC para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que creó la Comisión Contra la Desinformación, iniciativa alojada en el Ministerio de Ciencias, pero que se asocia a la vocera Camila Vallejo y a una idea que circula en la izquierda desde la campaña presidencial.

• Por eso, entre ayer y hoy, los equipos de la UDI trabajaron para alcanzar a llegar al TC y se pusieron en contacto con el abogado Arturo Fermandois para que presentara la solicitud.
• “Este requerimiento que presenta el Senado no tiene por objeto ni complicar ni afectar políticamente al Gobierno. Se propone únicamente, defender su facultades legislativas en una materia extremadamente sensible como es la libertad de expresión”, señala Fermandois a Ex-Ante.
• “El requerimiento sostiene que la creación de parámetros o condicionamientos a la libertad de opinión e información es una materia de ley que debe tratarse enviado el respectivo proyecto al Congreso con la modificación de la ley 19.733 y que no cabe materializarlo por un decreto supremo”.
• “Recordemos que la comisión está creada por un acto del Estado, presidida por un ministro de Estado, su secretaría Ejecutiva recae en un ministro de Estado y sus 9 miembros son designados por el Gobierno”.

La primera alerta en La Moneda. Las alarmas en La Moneda se abrieron el miércoles pasado, cuando parlamentarios del PS y oposición criticaron la medida y el periodista Santiago Pavlovic hizo una presentación contraria a los propósitos del gobierno en la comisión de Constitución del Senado sobre el decreto que creó la Comisión Contra la Desinformación.

• Ese día, Vallejo intentó explicar y convencer a los senadores de oposición sobre los lineamientos del decreto del Ministerio de Ciencias que fue publicado el 20 de junio en el Diario Oficial.
• Que los parlamentarios opositores criticaran la iniciativa era algo esperable para el Ejecutivo. También lo era, explicitan fuente de Palacio, que los senadores socialistas Juan Luis Castro y Alfonso de Urresti cuestionaran el decreto.
• Pero lo que no vieron venir desde el Ejecutivo fue que Pavlovic también arremetiera en contra de la iniciativa.
• “Esta comisión es innecesaria, tal como está planteada y representa un peligro para la libertad de expresión”, fue parte de lo que dijo Pavlovic en su intervención.

La arremetida opositora. El golpe más duro para la ministra Vallejo vino exactamente una semana después. Este miércoles, el Senado aprobó con 18 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones un proyecto de acuerdo que autoriza al presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI) a recurrir con un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad del decreto.

• La arremetida opositora se gestó a comienzos de esta semana, cuando se percataron que este jueves se cumplía un mes exacto de la publicación del decreto y por tanto, vencía el plazo para realizar la acción judicial.
• El lunes, como es de costumbre en el Senado, se realizó la reunión de comités y el proyecto de acuerdo no fue parte de la discusión.
• El martes, la iniciativa impulsada por la UDI consiguió las firmas de todo Chile Vamos, Republicanos y Demócratas, y el miércoles, con absoluta sorpresa del oficialismo, se añadió a la cuenta de “incidentes” para ser votado.
• De ahí que los senadores comunistas Claudia Pascual y Daniel Núñez hicieron lo posible para que no se votara, pero sin éxito.

Preocupación del Ejecutivo. Desde La Moneda esperaban que la oposición recurriera al TC. Fuentes de Palacio explicitan que era algo que veían venir, pero tanto en la oposición como en el oficialismo existían dudas de si podía recurrir un sector político en particular o tenía que ser de manera institucional a través de un requerimiento de una de las dos Cámaras del Congreso.

• De ahí que finalmente la definición fue ingresar este proyecto de acuerdo.
• Con todo, será la División Jurídica Legaislativa de la Secretaría General de la Presidencia, unidad encabezada por Francisca Moya, la encargada de llevar el tema del Tribunal Constitucional.
• Lo que más preocupa en Palacio, señalan, es la falta de apoyo que tiene la iniciativa impulsada por Vallejo, considerando que obtuvo solo 11 votos de respaldo en el Senado.

Lo que dijo la ministra. “Es un punto político que se quiere realizar porque sin lugar a dudas, podrá el ministro de Justicia nuevamente reiterar, no tienen por dónde cuestionar la constitucionalidad de una comisión asesora”.

• “No hay calidad alguna de esta comisión asesora y de ninguna otra que pueda vulnerar un derecho fundamental que está resguardado y normado por nuestro ordenamiento jurídico y particularmente nuestra Constitución”.
• “Es como decir que cuando el Ejecutivo, que tiene potestad de ser asesorado, tenga que el Congreso permitirle mediante ley tener expertos y expertas que lo asesoren. O sea que vamos a tener que preguntarle al Congreso, mediante una legislación, si cree que corresponde o no que el Ejecutivo tenga asesores”.

Telón de fondo. Hasta ahora no está claro qué ocurrirá en el TC, donde aún no se renuevan las vacantes que quedan y en la que distintas voces señalan que la administración Boric tiene mayoría, a partir del voto dirimente de su presidenta, Nancy Yáñez, una abogada cercana al ex jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía.