Un viaje a Costa Rica en 2020 previo a recibir una sentencia favorable de la Corte Interamericana por atentar contra su libertad de expresión y otro en 2022 a la Amazonia ecuatoriana para recibir terapias alternativas, tienen al juez Urrutia siendo investigado, por haberlos hecho cuando estaba con licencia por estrés.
Lo nuevo. El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia se sumó al escándalo de las licencias médicas luego de que la fiscal judicial Macarena Troncoso abriera una investigación por dos viajes que realizó al extranjero —en enero de 2020 y octubre de 2022— tras presentar licencias médicas por estrés.
- La investigación del Poder Judicial se inició luego de que en mayo de este año la Contraloría General de la República dirigida por Dorothy Pérez destapara que 25.078 funcionarios públicos salieron del país pese a estar con licencia médica durante el actual gobierno, entre 2023 y 2024.
- La indagación del Poder Judicial a sus propios funcionarios arrojó en julio que 84 jueces incurrieron en estas acciones en los últimos cinco años —pero ningún ministro de la Corte Suprema. Por este caso se abrió la indagación contra Urrutia, que sigue abierta.
- El primer viaje, dio a conocer Mega, habría sido utilizado por Urrutia para viajar a una audiencia en San José de Costa Rica, donde funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- En noviembre de 2020 el tribunal declaró al estado chileno responsable de violar la libertad de expresión de Urrutia, tras la disputa originada en 2004, por las propuestas de reparación que hizo al Poder Judicial por sus actuaciones durante la dictadura.
- El segundo viaje habría sido a la localidad amazónica de Tena, en Ecuador, para recibir terapias alternativas cuando estaba con licencia tras múltiples controversias, entre otras, su llamado a “refundar” el Poder Judicial.
- “Agradecer a les (sic) constituyentes y todas las personas que han apoyado la necesidad de refundar el poder judicial en Chile”, publicó en Twitter, hoy X, el 30 de agosto de 2021, motivo por el que fue sancionado éticamente por la Asociación de Magistrados.
- Carlos Quezada, defensor del juez, dijo a Mega que “aportamos todos los antecedentes del tratamiento médico” en Ecuador.
Por qué importa. La indagación a Urrutia, en caso de comprobarse en cualquiera de los dos viajes, lo expondría a ser incluido en la investigación por fraude de licencias que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Oriente.
- El caso también lo aleja de las disputas políticas y gremiales que suele tener el juez y lo acerca a un caso que ha recibido una amplia sanción social.
Su historial de controversias. La “primera línea”, el lenguaje inclusivo, las críticas al Poder Judicial y los beneficios a narcos están entre sus polémicas.
- La “primera línea”. El 25 de marzo de 2020, el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total.
- El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. Se trató de una medida inédita, que, argumentó, se basó en un acuerdo entre los jueces de su juzgado, pero que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.
- Presos del 18-O. Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. En ese contexto se manifestó contra la prisión preventiva de los presos del 18-O.
- “La mantención de prisión preventiva en los casos del estallido social tiene un alto componente político. Por eso yo sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora sí lo están, es sólo por un tema político. Que por ejemplo son los de desórdenes públicos que vimos ahora. La prisión preventiva está siendo usada como un castigo para los manifestantes”, dijo en noviembre de 2020 al sitio Sputnik.
- El 23 de junio de 2021 el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
- Lenguaje inclusivo. Ese año se convirtió también en un impulsor del lenguaje inclusivo. El 15 de julio de 2021 acogió un recurso de amparo presentado por las entonces convencionales María Rivera (Lista del Pueblo) y Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), en favor de 11 personas detenidas durante una manifestación cerca de la Catedral de Santiago en favor de los presos del 18-O. Acusaron que la detención fue ilegal, lo que fue acogido.
- La resolución, sin embargo, llamó la atención por su redacción. “Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”, dijo el texto, abriendo un debate.
- Beneficios a narcos. Tras una visita a la Cárcel de Alta Seguridad realizada el 19 de enero de 2024, ordenó a Gendarmería otorgar beneficios carcelarios a 13 reclusos, como visitas, videollamadas y no registrar las reuniones de los detenidos con sus abogados, pese a que entre estos había narcos y miembros de bandas de crimen organizado, que podían usar las llamadas para entregar información delictual. La corte revocó la medida.
Para más noticias nacionales en Ex-Ante, clic aquí.
Publicaciones relacionadas
