El nexo entre los casos ProCultura y Democracia Viva que el fiscal Cooper tiene bajo la lupa

El exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y su antigua mano derecha, Paz Fuica, figuran entre los imputados del caso ProCultura, y no han prestado declaración en la investigación. Ambos formaban parte del círculo de confianza de Catalina Pérez (ex FA) y están en prisión preventiva por su rol en la suscripción de millonarios convenios con Democracia Viva.

El eslabón común. El 7 de noviembre pasado, el fiscal Patricio Cooper instruyó a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI ubicar y citar a declarar a 25 personas en el marco de las indagatorias del caso ProCultura. En ese listado figuraban, en calidad de imputados, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y su mano derecha y encargada de Campamentos, la exconcejal RD Paz Fuica.

• Ambos tienen un papel protagónico en la causa Democracia Viva, que dio origen al caso Convenios. Contreras y Fuica fueron formalizados en 2023 y 2024, respectivamente, por su rol en la suscripción de tres convenios por $426 millones con la fundación que dirigía Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (ex FA).
• Entre 2020 y 2021, Carlos Contreras fue jefe de gabinete de parlamentaria —que este lunes fue formalizada y pasó a arresto domiciliario—, mientras que Paz Fuica fue su encargada territorial desde 2018 a 2022.
• Contreras está en prisión preventiva desde diciembre de 2023 y Fuica desde abril pasado. Los dos exfuncionarios son indagados, también, por traspasos de dineros a fundaciones Tomarte, Fibra y Para la Superación de la Pobreza.
• A fines de junio de 2023, ProCultura se autodenunció en la fiscalía acusando engaños desde el Minvu para firmar los contratos.

Declaraciones fallidas. El exseremi fue citado a declarar el 18 de noviembre a las 15:00 horas, sin embargo, según consta en la carpeta investigativa, “no se presentó ni comunicó los motivos de su inasistencia”.

• Su exasesora, en tanto, compareció el mismo día ante el fiscal Ricardo Soto y se negó a prestar testimonio, acogiéndose a su derecho a guardar silencio. “Prestaré declaración cuando posea mayores antecedentes sobre la causa”, afirmó en la ocasión.

Por qué son investigados. Bajo la lupa de Cooper están los cinco contratos que firmó Carlos Contreras —asesorado por la exconcejal— con la fundación ProCultura en 2022.

• Cuatro de ellos formaban parte del Programa de Asentamientos Precarios los que se aprobaron el 18 de octubre, por un total de $500 millones e implicaban trabajos de habitabilidad primaria en los campamentos Moisés, Arca de la Alianza, Betsabé e Israel. El quinto, de $45 millones, era parte del plan de Recuperación de Barrios en el sector Villa Chica.
• En la solicitud para interceptar el celular del Presidente Gabriel Boric, realizada al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal a cargo de la causa citó las conclusiones de dos informes de la Contraloría.
• “Se constató la inexistencia de un procedimiento formal (…) que estableciera los mecanismos para la selección de las entidades privadas sin fines de lucro que ejecutarían los proyectos del Programa Asentamientos Precarios (…). La asignación de recursos (…) se realizó de manera directa”, dice el texto.
• Además, planteó que ni el Seremi ni el Serviu exigieron a las fundaciones los plantes de trabajo antes de suscribir los convenios.
• Asimismo, se constató que en la repartición liderada por Contreras “se desempeñaban, al menos, 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, las cuales desarrollaban actividades propias de esa secretaría, entre ellas, labores en su gabinete, revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas receptoras de fondos y su contabilización”.
• “En el SERVIU (…) se desempeñaron, al menos, 3 personas que también fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis. En ese contexto, se estableció que las fundaciones que habían efectuado contrataciones de personas que prestaban servicios para esas entidades públicas fueron FUSUPO, Asociación Campamentos de Ideas, ProCultura y Fibra”, añadió.
• “Del cúmulo de irregularidades advertidas por la Contraloría General de la República han destacado los vínculos entre funcionarios o exfuncionarios públicos con la Fundación ProCultura”, agregó Cooper.

El rol de Contreras y Fuica. En la carpeta investigativa constan múltiples declaraciones de funcionarios de la Seremi de Vivienda, quienes plantean que Carlos Contreras insistió en sumar al Programa de Asentamientos Precarios a nuevas fundaciones, que él mismo propuso —en lugar de hacer una búsqueda abierta—, pese a la oposición de sus trabajadores. Entre ellas estaba ProCultura.

• Asimismo, según los testimonios, se involucró personalmente en la selección de las fundaciones y tuvo reuniones virtuales con cada una, y junto con Paz Fuica decidió qué ONG se haría cargo de cada convenio. Habría desechado la propuesta del Serviu de asignar proyectos a instituciones con experiencia previa. Una de las declaraciones planteaba que Contreras “utilizó su posición para favorecer a ciertas fundaciones”.
• El coordinador del gabinete del Seremi, Felipe Gordillo, declaró que los nexos con nuevas fundaciones “fueron gestionadas directamente y exclusivamente por Contreras (…). La determinación de a qué fundación asignarle recursos fue exclusiva de Contreras (…). Esto luego lo delega en Paz Fuica”.
• Aunque la mayoría de las reuniones fueron telemáticas, entre 2022 y 2023, Contreras habría tenido al menos tres encuentros presenciales —registradas por Lobby— con el director regional de ProCultura, Pablo López. “Pablo López visitaba frecuentemente las dependencias del Minvu a supervisar”, declaró el asesor de la Seremi, Diego Barrera.
• El mismo funcionario cuestionó que la fundación haya arrendado un inmueble en la región por $54 millones, pagados en una sola cuota, para usarlo como oficina. Según Barrera, consultó a Fuica por el costo del contrato, “a lo cual ella me indica que no me metiera en eso. ‘Fue un acuerdo entre Carlos Contreras y el director regional de ProCultura, Pablo López'”.

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