El trasfondo político y económico de la decisión del gobierno de bajar 47 pesos diésel y detener el alza de las bencinas

En un giro respecto a marzo -cuando el gobierno optó por no amortiguar la histórica alza de los combustibles que detonó la Guerra de Irán- ahora La Moneda no solo evitó una nueva alza de las becinas, sino que bajó el precio del diesel. La línea política más pragmática surge tras la caída de Kast en las encuestas y la fuerte disputa entre las miradas técnicas y políticas en el oficialismo. Esta vez se impusieron los políticos.

Lo nuevo. La mañana de este miércoles en el Diario Oficial se publicó un decreto firmado por el ministro Quiroz, mandatado por el Presidente Kast. El texto da cuenta de que Hacienda activó el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO) para contener una nueva presión sobre los combustibles, ajuste que permitirá que el diésel baje $47,3 por litro y que las bencinas no suban, pese a que enfrentarían un incremento de hasta $35 por litro desde mañana.

• Quiroz ya venía adelantado que se tomaría alguna decisión, la que supone adoptar una línea política más pragmática frente a los estragos que provocó la histórica alza de los precios de las bencinas, además de controlar la inflación y, de paso, aplacar el malestar de un gremio difícil, como el de los camioneros.

Giro político. La intervención representa un giro a lo ocurrido el 26 de marzo pasado cuando el gobierno resolvió traspasar a los ciudadanos el alza internacional de los combustibles gatillada por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Ese día la bencina de 93 octanos sufrió un alza de $372,2 por litro, mientras que la de 97 fue de $391,5 por litro y el diésel subió $580,3 por litro.

• Kast justificó la medida en que el país no podía incurrir en el gasto fiscal de emplear el MEPCO y en cambio propuso un paquete paliativo, como congelar el transporte público y el precio de la parafina, lo que fue aprobado en el Congreso.
• La medida fue impulsada en marzo por Quiroz con el respaldo del jefe de asesores de Presidencia, Alejandro Irarrázaval, y fue resentida por los ministros y dirigentes políticos del oficialismo que hicieron ver en privado el alto costo que tendría para el gobierno y el Mandatario, que apenas llevaba dos semanas en ejercicio.
• En el propio sector algunos pidieron mayor gradualidad para traspasar las alzas, lo que no ocurrió. Días después Kast cayó abruptamente en las encuestas. Según Cadem, por ejemplo, el Presidente llegó a La Moneda con un 57% de apoyo. Tras el “bencinazo” -como lo llamó la oposición- el respaldo se redujo a un 47% y el 3 de mayo registraba un 39%, bajo la línea simbólica del 40%.

Disputa interna. El alza de las bencinas marcó un punto de inflexión en la pugna de técnicos y políticos al interior del gobierno, que venía arrastrándose desde la conformación de un gabinete mayoritariamente de independientes y solo 6 representantes de los partidos.

• Esa tensión creció a partir de contradicciones internas y la tramitación del megaproyecto de reconstrucción, que plantea reformas tributarias, en inversión y empleo y que se mantiene como el principal punto en la agenda del gobierno. Y, esta semana, gatilló un cambio en el equilibrio de fuerzas, que comenzó con un poder incontrarrestable de la dupla Irarrázaval-Quiroz, y dio paso a una fuerte presión para que Claudio Alvarado, ministro del Interior y de probado perfil político, tome las riendas en La Moneda.
• La semana pasada los presidentes de Republicanos, RN y la UDI se enfrentaron directamente al segundo piso de Kast, que lidera Irarrázaval, exigiendo que la conducción política quede radicada en Alvarado, ya que responsabilizan al equipo de asesores del Presidencia de problemas de coordinación y comunicaciones.
• El conflicto aún no está resuelto, pero el no seguir elevando el costo de las bencinas supone enfrentar el relato que busca perfilar la oposición respecto a que el gobierno de Kast busca bajar impuestos a los “ricos”, mientras la ciudadanía se ve impactada por el alza de los combustibles.

El factor económico. La decisión de Hacienda tiene una lectura económica inmediata: busca frenar una nueva presión sobre el costo de vida en un momento en que los combustibles ya estaban golpeando el IPC, la UF y las expectativas de tasas.

• Tras el IPC de marzo, la UF volvió a quedar bajo presión y superó la barrera de los $40 mil, encareciendo dividendos, arriendos, seguros, planes de salud y otros pagos reajustados por inflación.
• En la práctica, el alza de los combustibles se transmite a otros precios de la economía, especialmente por el lado del transporte, la logística y los alimentos.

Las expectativas para abril. El problema para Hacienda era que abril venía aún más complejo. Antes del shock de combustibles, el mercado espera una inflación mensual cercana al 1,8%.

• De haberse concretado una nueva subida de hasta $35 por litro en las bencinas, la presión inflacionaria habría seguido trasladándose a los meses siguientes. No obstante, Enap informó que el diésel bajará $47,3 por litro, mientras que la bencinas no registrarán alza.
• En el mercado, las expectativas para mayo se ubicaban cerca de 0,4%, pero un nuevo aumento de combustibles podía volver a tensionar ese escenario.

Las señales. El tema venía siendo observado por el Banco Central. En su última Reunión de Política Monetaria (RPM), el consejo del instituto emisor había advertido sobre las mayores presiones inflacionarias derivadas del alza internacional del petróleo y su impacto en los combustibles internos.

• El riesgo era que el shock de combustibles demorara aún más la convergencia de la inflación a la meta y obligara al Banco Central a mantener una postura más restrictiva por más tiempo.
• Por eso, después del IPC de marzo, el mercado comenzó a cerrar la puerta a nuevas bajas de tasas en el corto plazo.
• Hacienda está usando el componente variable del impuesto específico para amortiguar el alza de precios. Eso permite evitar una subida de las bencinas y facilitar una baja de $40 por litro en el diésel, pero también reduce el margen fiscal del mecanismo.

• El Gobierno consigue aliviar el golpe inmediato sobre consumidores y empresas, pero asume un costo asociado a la estabilización.