Las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público sobre el Tren de Aragua tienen una trascendencia que todavía no alcanzamos a sopesar. Va quedando al descubierto la devastadora penetración alcanzada por el crimen organizado transnacional en nuestro país, lo que configura un reto completamente inédito para el Estado.
La hebra del lavado de activos está permitiendo conocer la madeja de una gigantesca empresa delictiva, que ha dejado su huella en muchos crímenes de los últimos años: robos, secuestros, extorsiones, narcotráfico, prostitución, homicidios, etc. La denominada Operación Tokio, que tiene a la PDI en la primera línea de investigación, ya ha permitido que la Fiscalía Metropolitana Sur formalice a una veintena de implicados.
Surgen por supuesto muchas preguntas acerca de hasta dónde llega el poder de esta y otras redes mafiosas que están operando en Chile. Es lógico suponer que cuentan con más colaboradores dentro del sistema financiero, y tal vez en ámbitos que ni siquiera sospechamos, como ciertos organismos del Estado. La experiencia de otras naciones latinoamericanas muestra que el crimen organizado sabe cómo comprar la colaboración de jueces, policías y políticos.
Chile estuvo demasiado tiempo con la guardia baja respecto de la amenaza del crimen organizado, y en ello llevan responsabilidad varios gobiernos, pero es innegable que la mayor vulnerabilidad se produjo en el contexto creado por la ola de violencia, pillaje y destrucción de hace 7 años, cuando Chile sufrió una agresión cuyos estragos no pueden ser explicados “socialmente”.
Por desgracia, hay quienes siguen describiendo el 18 de octubre como un acto de rebeldía contra la desigualdad, lo que implica optar por no ver las miserias políticas que se expresaron entonces, e incluso cerrar los ojos ante hechos tan graves como el ataque al Metro, que revelaron la intervención de “profesionales”.
Hoy, estamos quizás en el umbral de una investigación que puede tener profundas repercusiones políticas. Han surgido antecedentes acerca de que los participantes en el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, en febrero de 2024, formaban parte de los escuadrones del Tren de Aragua.
Recordemos que Ojeda fue sacado semidesnudo de su departamento por falsos funcionarios de la PDI, ante la desesperación de su esposa y su hijo de 6 años. Fue asesinado en las horas siguientes y enterrado en una zona de Maipú. Había sido preso político en Venezuela y vivía en Chile desde 2017. Era un activo opositor de la dictadura chavista, y en enero de 2024 había sido degradado y expulsado de las filas militares junto a otras 32 personas, momento en que fue acusado de traición a la patria.
La fiscalía no duda de que los asesinos de Ojeda respondían al régimen que entonces encabezaba Nicolás Maduro, que liberó a muchos delincuentes desde las cárceles para que vinieran a Chile desde 2019 en adelante. Walter Rodríguez, sicario profesional, identificado como jefe del comando que asesinó al teniente, entró varias veces a nuestro país a cumplir diversas misiones. ¿Cuántos otros criminales ganaron terreno para sus propias trapacerías al mismo tiempo que atendían los encargos de la dictadura chavista?
Uno de los principales objetivos de los cabecillas del octubrismo fue debilitar y llevar a la crisis a Carabineros, contra cuyos miembros se concentraron las peores agresiones. No olvidamos por supuesto la campaña de odio contra la institución y la ofensiva para reorganizarla que impulsaron numerosos parlamentarios de izquierda que hoy ponen cara de inocentes.
¿Quiénes necesitaban que Carabineros se hundiera para tener el campo libre? Las organizaciones criminales, por supuesto. Y los golpistas que querían derrocar a Piñera. Hay, pues, mucho por investigar. Es hora de hacerlo. Por razones de seguridad, pero también de dignidad nacional, el Estado chileno debe esclarecer la trama del Tren de Aragua y desarticular sus redes, lo que puede contribuir decisivamente a hacer la luz sobre las calamidades de 2019 en adelante.
En abril de este año, la Cámara de Diputados resolvió constituir una comisión investigadora sobre el 18 de octubre. Más vale tarde que nunca. Pero, sería lamentable que se limitara a indagar sobre asuntos secundarios, como los indultos que concedió Boric. La investigación tiene que hacerse cargo de los agujeros negros de todo lo ocurrido, o sea, la génesis de la revuelta, las fuerzas que se movieron en las sombras, los recursos financieros del vandalismo y, lógicamente, la intervención extranjera.
En este cuadro, no es posible restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela como si nada hubiera pasado, que es lo que parece creer la Cancillería. ¿Sabrá el ministro Pérez Mackenna que, bajo la conducción del último embajador venezolano, Arévalo Méndez, que se desempeñó en Chile desde 2013 y cumplía esa función en el momento del crimen de Ojeda, la embajada funcionó como centro de operaciones políticas del chavismo en nuestro territorio?
Antes de cualquier normalización de relaciones, Delcy Rodríguez, hoy protegida de Trump, tiene demasiadas cosas que aclarar. De partida, demostrar en los hechos que está dispuesta a cooperar para que se haga justicia en el caso del teniente Ojeda. Y, como es seguro que supo de las fechorías alentadas por Maduro, Cabello y otros facinerosos contra Chile, algo debe tener que decir.
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