El Tren de Aragua y su potencial expansivo. Por Pablo Urquízar M.

Combatir al Tren de Aragua exige comprender que su poder no descansa únicamente en su violencia, sino en su capacidad para ocupar vacíos dejados por el Estado. Esos vacíos no se llenan con operativos aislados, sino con políticas sostenidas y una lectura precisa —desprovista de fantasmas— de una realidad criminal que ya afecta no solo la seguridad pública, sino también la seguridad nacional.

 El Tren de Aragua se ha convertido en uno de los fenómenos criminales más inquietantes del continente, con presencia incluso en España. Su expansión, diversificación operativa y capacidad de adaptación lo han consolidado como un “holding criminal” transnacional, cuya sombra crece más allá de su propia estructura. Lo que comenzó como una red de extorsionadores evolucionó rápidamente hacia un entramado complejo que abarca secuestros, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, sicariato y homicidios por encargo, todo articulado mediante un esquema disciplinado y jerárquico.

Su presencia territorial es hoy indiscutiblemente transnacional. La organización opera en al menos siete países de Sudamérica —Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia y Chile— y también ha sido identificada en Estados Unidos y España. Este crecimiento no solo refleja la movilidad de sus células, sino también la capacidad del grupo para replicar su marca mediante “franquicias” locales que adoptan su modus operandi con cierto grado de autonomía. Tal elasticidad organizacional explica por qué ha llegado a ser descrita como una amenaza de “toda la humanidad”.

En Chile, el impacto del Tren de Aragua ha sido particularmente profundo. De acuerdo con información oficial de Carabineros, su presencia se ha detectado en casi todas las regiones, salvo Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes. Y lejos de limitarse a delitos aislados, la organización ha instalado un repertorio delictivo amplio y violento: homicidios, secuestros, tráfico de migrantes, trata con fines sexuales, extorsión, narcotráfico, sicariato, asociación ilícita, robos con intimidación, lavado de dinero, falsificación e incluso la existencia de “casas de tortura”, entre otros ilícitos ya identificados por las autoridades.

La expansión del Tren de Aragua se sostiene en varios factores estratégicos. Uno de los más determinantes es su origen carcelario, que lejos de ser un obstáculo, funciona como una ventaja comparativa: control de pabellones, economías internas, disciplina férrea y una capacidad de resolución de conflictos que luego exportan a la calle. A ello se suma la diversificación de su portafolio criminal, lo que permite amortiguar los procedimientos policiales manteniendo flujos de ingresos en distintas ciudades y mercados ilícitos.

Otro elemento central es su habilidad para ejercer gobernanza criminal. El Tren de Aragua no solo delinque: administra territorios, impone reglas, resuelve disputas y reemplaza funciones del Estado en zonas vulnerables, desde barrios hasta campamentos y corredores migratorios. Esa lógica de control territorial y “soberanía de facto” constituye uno de los desafíos más profundos para los sistemas democráticos y de seguridad pública.

La violencia que utiliza la organización no es solo instrumental, sino estratégica. Comprende secuestros, homicidios selectivos y planes de atentados contra instituciones, con formas de coacción que pueden rozar —o directamente caer— en tipologías terroristas según la nueva regulación vigente. No es casual: en el pasado ya han existido actos que cumplen criterios compatibles con delitos terroristas.

Sin embargo, uno de los fenómenos más inquietantes no reside únicamente en la estructura real de la organización, sino en lo que se ha denominado el “efecto fantasma”. Este fenómeno combina la existencia efectiva de células y actividades criminales con una sombra simbólica amplificada por el miedo social, la cobertura mediática y la espectacularidad de ciertos casos. Así se instala un sesgo de atribución en el que cualquier crimen violento parece automáticamente obra del Tren de Aragua, distorsionando el mapa criminal e invisibilizando dinámicas locales no vinculadas al grupo. El resultado es una pérdida de foco investigativo, saturación institucional y un aprovechamiento político que a veces impulsa medidas que lucen duras, pero no desarticulan las economías ilícitas subyacentes.

El desafío, entonces, no es solo policial, sino también institucional y social. Mientras la organización logre gestionar economías ilegales, explotar el fenómeno migratorio y operar desde cárceles sin control efectivo del mando intrapenitenciario, seguirá regenerándose. En otras palabras, combatir al Tren de Aragua exige comprender que su poder no descansa únicamente en su violencia, sino en su capacidad para ocupar vacíos dejados por el Estado. Esos vacíos no se llenan con operativos aislados, sino con políticas sostenidas y una lectura precisa —desprovista de fantasmas— de una realidad criminal que ya afecta no solo la seguridad pública, sino también la seguridad nacional.

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