Escándalo de licencias médicas: Superintendenta Gana queda contra las cuerdas tras fuertes cuestionamientos en el Senado

En una cuestionada comparecencia ante la comisión de Salud del Senado, la superintendenta de Seguridad Social deslizó responsabilidades a la PDI y afirmó que “no teníamos una facultad legal para pedir información” respecto a las licencias médicas. Tras la sesión, parlamentarios llamaron al Gobierno a evaluar su continuidad.

Por qué importa. Este miércoles, la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana, asistió a la comisión de Salud del Senado. En la tensa comparecencia, fue consultada por su versión sobre el escándalo de los 25.078 funcionarios públicos con licencias médicas que viajaron al extranjero en 2023 y 2024, pese a que la Suseso suscribió en 2014 un convenio con la Policía de Investigaciones (PDI) para recibir esos antecedentes.

• Gana optó por desligarse su responsabilidad y apuntar contra la PDI por no ejecutar ese acuerdo, argumentando razones técnicas. Senadores del oficialismo y la oposición le solicitaron una autocrítica, que no entregó, y cuestionaron la efectividad de su rol fiscalizador.
• Las respuestas de la superintendenta no dejaron conformes a los parlamentarios, que volverán a citarla a la comisión y a la salida de la instancia criticaron su desempeño y llamaron al Gobierno a evaluar su continuidad en el cargo.

Fallido convenio. Durante su exposición, que se extendió por más de 35 minutos, la superintendenta atribuyó la falta de ejecución del acuerdo firmado en 2014 con la PDI, y actualizado en 2018, a que su materialización “requería poder contar con varios elementos, bases de datos disponibles, además de desarrollar las efectivas capacidades informáticas de las instituciones”.

• “Los convenios son acuerdos de colaboración entre partes, y su cumplimiento está sujeto, principalmente, a las voluntades, las prioridades y las capacidades de cada institución”, agregó.
• Gana señaló que desde la Suseso “se ha hecho una permanente entrega de información a la PDI que ellos requerían para sus funciones”.
• “Pero por parte de la PDI, estas efectivas capacidades informáticas fueron parte de las prioridades de la actual gestión del director nacional de la PDI, y así desde finales de 2024 la PDI puede empezar a hacer entrega de un número mayor de consultas”, añadió.
• También planteó que “la PDI, bajo la gestión de su actual director, ha mostrado total disponibilidad a seguir trabajando para poder avanzar en poder proporcionar información que permita el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las instituciones que intervienen en el sistema de licencias médicas, Compin, y también nosotros”.

Preguntas sin respuesta. Tras la exposición de Gana, el senador Juan Luis Castro (PS) inició la ronda de preguntas consultando a la superintendenta: “¿Cuál es la autocrítica del tiempo que a usted le ha tocado del nulo cumplimiento del convenio con la PDI? Parece insólito que tenga que venir la Contraloría a destapar un asunto que estaba en un convenio con ustedes por 10 años. El país merece una explicación”.

• La senadora Carmen Gloria Aravena (ex Republicanos) continuó señalando que “no escuché en toda la explicación que usted dio que ustedes propongan mejoras a estas situaciones anualmente, de tal manera que tanto el Ejecutivo como el Parlamento podamos enfrentar la situación. Sabíamos que estas cosas ocurrían, pero tuvo que venir la contralora a decirnos el nivel de defraudación al fisco”.
• “¿Cómo, a su juicio, se fortalece este ecosistema de fiscalización? (…) Aquí no se puso énfasis en el usuario, el que compra una licencia fraudulenta, el que sale del país”, le consultó Ximena Órdenes (ind-PPD).
• La parlamentaria de Demócratas, Ximena Rincón, planteó que “la superintendenta insiste una y otra vez en que solo debía fiscalizar a las instituciones. Y ahí la pregunta que cae de cajón es si era para fiscalizar a las instituciones, ¿para qué iba a cruzar datos la PDI con el registro, si eso es para las personas?”.
• “¿Cuánto podría ser, hasta el momento, lo que se estima como defraudado? (…) ¿Cuánto de su presupuesto lo utilizan para fiscalizar? (…) La fiscalización pareciera ser que no es ni por cerca el fuerte ni la principal preocupación de las instituciones”, inquirió el presidente de la comisión, Iván Flores (DC).
• El socialista Alfonso de Urresti, a su vez, le preguntó “si usted tenía un convenio con la PDI, ¿por qué no se llevó a cabo precisamente para cruzar esa información y ha tenido que hacerlo la Contraloría? Todas estas situaciones nosotros las terminamos sabiendo por un audio o por la Contraloría pero no por la Superintendencia de Seguridad Social que es por lo cual la mandatan a cumplir esa función”.
• “¿No cree que tiene responsabilidad política respecto del cumplimiento de sus funciones y del mandato legal que usted tiene? ¿Qué responsabilidad asume en no haber sido proactiva en la fiscalización de estas licencias?”, agregó De Urresti.
• La superintendenta Pamela Gana se limitó a responder que “cuando firmamos el convenio de colaboración no teníamos una facultad legal para pedir información (…), pero la Contraloría es un ente contralor del Estado. Ellos no piden en función de un convenio, piden en función de sus facultades”.
• Además, se excusó en que “los convenios son a voluntad de las partes y de las prioridades de cada institución. Todos comprendemos que la PDI tiene diversas y muy importantes prioridades. Por eso señalé que para poder hacer el ejercicio de este convenio se requería desarrollar las efectivas capacidades informáticas que la gestión del actual director de PDI lo priorizó”.
• También, dijo que Compin “no tiene ninguna sanción, porque nosotros sabíamos que la PDI aún no había desarrollado las competencias para poder entregar, pero sí que las estaba desarrollando”.
• “Como Superintendencia de Seguridad Social, hemos cumplido con nuestro rol”, cerró.

Contra las cuerdas. Tras la sesión, el senador Flores planteó que “es admirable la capacidad (de Gana) para poder informar y explicar, pero parece ser que no tiene la misma capacidad a la hora de poner la mano firme y hacer lo que tiene que hacer (…). Cuándo va a ser que las autoridades de una vez por todas asuman las responsabilidades”.

• “La exposición tuvo mucho verbo y mucho humo, y tuve que interrumpirla para que contestara nuestras preguntas. Queríamos precisiones y eso no se dio”, enfatizó.
• Castro fue más allá y puso en duda su permanencia en el cargo. “Espero que el ministro del Trabajo y La Moneda evalúen la continuidad de esta superintendenta, ya que está muy al límite de las explicaciones suficientes y básicas para darle respuesta al país cuando tiene todo el poder de haber resuelto esto antes”, sostuvo el parlamentario.
• El mandato de Gana a cargo de la Suseso se extiende hasta octubre de 2025 y, hasta antes de la explosión del escándalo, aspiraba a mantenerse en ese rol.