Lo que originalmente fue concebido como una herramienta excepcional para sancionar infracciones graves a la Constitución o a las leyes se ha convertido, progresivamente, en un recurso para obtener ventajas comunicacionales, alinear a las propias filas o desgastar políticamente al adversario, incluso cuando sus posibilidades reales de éxito son mínimas.
Fragilidad de las finanzas públicas. Justo cuando el gobierno comenzaba a dejar atrás una instalación accidentada, tras aprobar por amplia mayoría su proyecto emblemático en la Cámara y reemplazar a dos ministras clave, surgieron nuevas complicaciones.
- Una vez más, el ministro Quiroz volvió a “incendiar la pradera” al denunciar que las proyecciones sobre la deuda a cuatro años, elaboradas por el exministro Grau, carecían de sustento fáctico.
- En principio, la denuncia debería beneficiarlo, pues respalda con hechos concretos la tesis del Ejecutivo sobre la fragilidad de las finanzas públicas y su manejo descuidado por parte de la dupla Marcel-Grau. Que ha sido el principal argumento para justificar una política de austeridad, con recortes del gasto público y medidas orientadas al crecimiento y al empleo, incluidas rebajas tributarias.
- La situación obligará al gobierno a emitir más deuda, con un impacto negativo en la evaluación crediticia del país y aumento del costo de financiamiento.
- Sin embargo, al anunciar que había ordenado una investigación para determinar responsabilidades, también sembró dudas sobre si se trataba realmente de un error, insinuando que podría haber “otros elementos”, es decir, fraude o dolo; sin descartar judicializar el asunto mediante “acciones legales”.
- En otras palabras, instaló la sospecha de que altos funcionarios, en particular, el exministro Grau podrían haber falseado cifras con fines políticos.
Afán de protagonismo. Como era previsible, esto desató el afán de protagonismo de algunos parlamentarios oficialistas, que no tardaron en anunciar una acusación constitucional express; sin siquiera investigar las complejidades del asunto.
- Desde el retorno a la democracia en 1990 se han presentado más de 40 acusaciones constitucionales: siete durante el gobierno de Eduardo Frei, seis bajo Ricardo Lagos, seis en los dos mandatos de Michelle Bachelet, seis bajo Gabriel Boric y doce durante los gobiernos de Sebastián Piñera, incluidas dos contra el propio mandatario.
- Lo que originalmente fue concebido como una herramienta excepcional para sancionar infracciones graves a la Constitución o a las leyes se ha convertido, progresivamente, en un recurso para obtener ventajas comunicacionales, alinear a las propias filas o desgastar políticamente al adversario, incluso cuando sus posibilidades reales de éxito son mínimas.
- Con frecuencia, estas acusaciones se promueven sabiendo de antemano que no prosperarán, con el solo fin de instalar sospechas, generar desgaste y movilizar políticamente a ciertos sectores.
- Eso llevó a que la expresidenta Bachelet, frente el uso cada vez más abusivo de esta prerrogativa, enviara al congreso un proyecto de reforma constitucional para sancionar a los parlamentarios que promovieran acusaciones “motivadas por intereses privados”.
- La pregunta es ¿a qué se refería la expresidenta al hablar de “intereses privados”?
Un incentivo perverso. Detrás de la proliferación de acusaciones existe un incentivo perverso, poco discutido, pero muy relevante; una forma de “monetización”, entendida como el beneficio personal que obtiene el parlamentario que las impulsa y que podría constituir un conflicto de interés.
- En un Congreso integrado por decenas de diputados, donde la naturaleza colectiva y deliberativa del trabajo legislativo suele diluir las individualidades, muchos parlamentarios enfrentan el riesgo permanente de pasar inadvertidos.
- Y en una época en que la visibilidad mediática se ha convertido en un activo electoral de enorme valor, patrocinar una acusación aparece como una de las maneras más rápidas y eficaces de salir de esa irrelevancia.
- El costo político suele ser bajo, pero los beneficios comunicacionales enormes. Quien copatrocina una acusación gana espacio en la agenda pública, obtiene cobertura mediática y multiplica sus posibilidades de aparecer en televisión.
- Adquiere un protagonismo que difícilmente habría logrado mediante el trabajo legislativo ordinario, en un sistema crecientemente mediatizado, donde la notoriedad muchas veces pesa más que la calidad del trabajo. Exposición que se traduce en ventajas electorales concretas.
- En otras palabras, existe un incentivo estructural perverso, para abusar de esta herramienta. Porque la acusación constitucional no solo funciona como un mecanismo de fiscalización, sino que también como una plataforma de posicionamiento personal.
La denuncia frívola. Aunque el beneficio no sea monetario, en el sentido estricto del término, resulta evidente que la mayor exposición pública puede mejorar sustancialmente las probabilidades de reelección de los parlamentarios, transformándose en un potente vehículo de marketing político individual.
- Un buen ejemplo de aquello es el caso del diputado Daniel Manouchehri y de la senadora Daniela Cicardini que, con su incesante búsqueda de protagonismo mediático mediante la denuncia frívola, escandalosa o infundada, se mantienen permanentemente en los medios. Obteniendo el beneficio deseado, es decir, ser reelectos con una gran votación.
- Pero con un costo enorme para el sistema democrático, pues incentiva la polarización, dificulta la cooperación entre poderes del Estado y fomenta un clima permanente de odiosidad. Contribuyendo al deterioro progresivo de la calidad del debate público, desplazándolo hacia la lógica da la mentira y la descalificación moral.
La expresidenta Bachelet tenía razón. Por desgracia, ésta “fórmula” para lograr fama y notoriedad, no se ha limitado a las acusaciones constitucionales. También las denuncias ante la Contraloría General de la República, solicitando pronunciamientos, sin fundamentos facticos ni jurídicos, están a la orden del día.
- Como, por ejemplo, cuando se cuestionó que la primera dama sirviera un plato de comida sin guantes; o el almuerzo que ofreció el presidente Kast a un grupo de amigos, en el palacio de la Moneda que es su residencia oficial.
- Denuncias que coparon los medios de comunicación durante semanas, patrocinadas por los parlamentarios aludidos.
- Lo que llevó a la que Contralora estimara necesario advertir a los parlamentarios sobre el enorme daño que causan las presentaciones “frívolas”, ya que la CGR debe investigarlas de todos modos, destinando tiempo y recursos escasos, que podrían destinarse a resolver problemas reales.
- La evidencia muestra que la expresidenta Bachelet tenía razón cuando denunció estas prácticas reñidas con la ética de la función parlamentaria, las que deben ser condenadas por la sociedad. Que ha llegado la hora de recoger su iniciativa, incorporando sanciones contra quienes promuevan acusaciones manifiestamente infundadas, motivadas solo por intereses personales.
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