Los intentos para destrabar el impasse del Fiscal Nacional tras negativa de Suprema de atender pedido de Boric

En el Senado se han activado una serie de conversaciones en las últimas horas para llegar a un acuerdo que implique llegar a un nombre de consenso y, a su vez, hacer cambios a la ley para que el Fiscal Nacional deba rendir cuentas en la mitad de su período de 8 años y pueda ser destituido del cargo en ese momento. Un tercio de los senadores en ejercicio deberán ratificar su permanencia en el cargo y, en el caso de que sea destituido, lo sustituirá el fiscal regional que lo siga en antigüedad. Las conversaciones suceden en momentos en que la Suprema anunció que no convocará a un nuevo concurso para elegir al sucesor de Abbott, lo que supuso un golpe para Boric y desnudó los déficit en la interlocución del gobierno con el máximo tribunal.

Panorama general. La filtración de una conversación de Boric con el juez Juan Eduardo Fuentes, en la que sondeó la posibilidad de que el máximo tribunal realice un nuevo concurso para designar al Fiscal Nacional y no que solo llene la vacante que dejó Marta Herrera, dejó a la Suprema con el camino expedito para no atender la solicitud del Presidente. El máximo tribunal anunció la tarde de este lunes su rechazo a la petición de Boric, mientras la oposición solo está dispuesta a apoyar a los fiscales Juan Agustín Meléndez y Carlos Palma y el gobierno tiene escaso margen de acción para enviar al Senado su tercera carta al Ministerio Público sin negociarla con Chile Vamos.

Las conversaciones en el Senado. En el Senado se han activado una serie de conversaciones en las últimas horas para llegar a un acuerdo que implique llegar a un nombre de consenso y, a su vez, hacer cambios a la ley para que el Fiscal Nacional deba rendir cuentas en la mitad de su período de 8 años y pueda ser destituido del cargo en ese momento.  Se trata de colocar salvaguardas y endurecer la fiscalización de su gestión tras la traumática experiencia que, dicen sus críticos, experimentó el Ministerio Público bajo el mando de Jorge Abbott.

• La reforma está inspirada en una moción que presentó el 28 de noviembre el senador Alejandro Kusanovic (Ind RN), junto a sus pares Pedro Araya (Ind PPD), Alfonso De Urresti (PS), Felipe Kast (Evópoli) y Kenneth Pugh (Ind RN).
• La propuesta implica modificar la Constitución, “incorporando la instancia de rendición de cuentas y de ratificación por un 1/3 de los senadores en ejercicio para continuar desempeñando el cargo de Fiscal Nacional, sin alterar la prohibición de reelección posterior y el periodo de duración en el cargo de 8 años”.
• La Constitución establece que el Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo pueden ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de 10 de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. “La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio”, se indica.
• En 2018, parte del Frente Amplio y de la centroizquierda presentaron un recurso para remover a Abbott tras el fin del Caso Penta. La Suprema, sin embargo, rechazó la solicitud por unanimidad.

Lo que dice el proyecto. De acuerdo a los parlamentarios que lo promueven, este proyecto “busca incentivar que el Fiscal Nacional vele por la eficiente e idónea administración de recursos y el debido cumplimiento de sus funciones, estableciendo un control intermedio al cuarto año, mediante su ratificación por el Senado, órgano que en definitiva es el encargado de acordar la propuesta del Presidente. Siempre con miras a fortalecer la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus fines y objetivos que le encomienda la Constitución”.

• El texto dispone además que “de no ser ratificado el Fiscal Nacional para completar su periodo, se procederá en conformidad a lo previsto en el artículo 87 de esta Constitución, y se nombrará como subrogante, por el solo ministerio de la ley, al Fiscal Regional con mayor antigüedad en el cargo“.
• Aún está por verse si la idea vuela en la Cámara Alta, tras la derrota de José Morales y Marta Herrera, y si se aplicará a contar del sucesor de Abbott.

El mensaje de la Suprema. La filtración de la conversación de Boric y el presidente de la Suprema, publicadas en La Tercera y El Mercurio, hacía previsible que los jueces terminaran rechazando su solicitud de levantar un nuevo concurso para elegir al Fiscal Nacional, lo que supuso un golpe para el Presidente y dio cuenta del déficit de interlocución con el máximo tribunal, a cargo de la ministra de Justicia Marcela Ríos.

• Algunos magistrados tienen un diálogo más abierto con Justicia e incluso con algunos parlamentarios, como Jorge Dahm y Manuel Antonio Valderrama, según fuentes consultadas, pero en general existe una relación más bien protocolar con el Gobierno.
• La fallida gestión de Boric permitió no solo un fuerte mensaje de autonomía de la Suprema.
• En círculos judiciales existía malestar por el telefonazo presidencial, que consideraron como una intervención indebida. El presidente del máximo tribunal nunca entregó una versión pública al respecto, mientras que en La Moneda, también irritados con la filtración, señalaron que se trataba de una comunicación normal entre quienes lideran dos poderes del Estado.
• Como sea, la decisión de la Suprema dejó al gobierno con menos espacio para robustecer las opciones de sus “tapadas”, como se les denomina a Erika Maira, gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, y Nelly Salvo, secretaria general de la Contraloría.
• El nuevo candidato a la Fiscalía Nacional debe salir entre 8 postulantes, donde están Maira y Salvo, además de Emiliano Arias, fiscal regional de O’Higgins; Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes y la Antártica; Esteban Celis, abogado litigante; Patricia Muñoz, defensora de la Niñez; Ivan Pavlov, asesor de la Seremi de Educación Antofagasta; y Ricardo Peña, fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Renunciaron a sus candidaturas Karinna Fernández, experta en derechos humanos; y Cristian Vargas, socio en Líder Tax & Legal de BDO Chile.

Lo que viene. Rechazada Marta Herrera, la segunda opción que propuso La Moneda después que José Morales no obtuviera los votos necesarios en el Senado, siguen en carrera Ángel Valencia, Carlos Palma, Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez. Ya se habla en la Cámara Alta que las mejores opciones las tienen Meléndez y Palma, aunque algunos parlamentarios advierten que La Moneda siempre puede cambiar sus planes a última hora y que incluso podría ser elegido Ángel Valencia, resistido en sectores de La Moneda por haber defendido un caso de abuso como abogado.

• Entre algunos senadores de Chile Vamos señalan que Palma también tiene resistencias, de la cual se responsabiliza al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al mando de Ana Lya Uriarte, a partir del rol del fiscal en la Operación Huracán y, para algunos, por sus nexos con la PDI.