Fiscal Nacional: Un golpe para los tres poderes del estado. Por María Jaraquemada

Este proceso de nombramiento ha sido señalado por diversas personas, incluso senadores, como uno de los más sucios vistos. Lobby descarnado de abogadas y abogados, campaña sucia de los medios de comunicación, ventilación de situaciones personales de las candidaturas, entre otras.

Hace unas semanas llamábamos la atención por la forma en que el proceso de nombramiento de la persona que liderará una entidad clave para la seguridad de las personas, en el que participan los tres poderes del Estado, estaba siendo problemática. Lamentablemente lo que siguió a la formación de la quina por la Corte Suprema no fue más auspicioso y terminó en el rechazo de la primera propuesta del Presidente de la República por el Senado, en medio de acusaciones cruzadas.

No es primera vez que ocurre algo así en estos procesos de nominaciones (aunque sí en el Ministerio Público). Se han rechazado -o retirado por su inminente rechazo- nombramientos de ministros de Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo para la Transparencia, Contralor General de la República, entre otros.

Este proceso de nombramiento ha sido señalado por diversas personas, incluso senadores, como uno de los más sucios vistos. Lobby descarnado de abogadas y abogados, campaña sucia de los medios de comunicación, ventilación de situaciones personales de las candidaturas, entre otras.

La nominación frustrada es un golpe para los tres poderes que participaron en este proceso y no solo para el Gobierno. Los tres se han visto cuestionados por su real transparencia y motivaciones en el proceso y es su alicaída confianza y legitimidad la que se pone en entredicho. Lo mismo con el Ministerio Público que sigue sin liderazgo hasta nuevo aviso.

Si bien el proceso de nominación cuenta con cierta transparencia y rendición de cuentas, al parecer ésta no ha sido suficiente. La transparencia es la capacidad de poder ver a través de, de que la información sea clara, sencilla, sin ambigüedad y comprensible.

No se trata de que todo el proceso, deliberación y actuaciones sean transmitidas cual “reality show”, pero sí que se expliquen por sí mismas, algo que al parecer no se ha logrado. Sabemos cómo votó cada Ministra/o de la Corte Suprema, mas no la razón detrás; lo mismo ocurre con el Presidente de la República porque las razones entregadas en esta ocasión podrían haber valido para cualquiera que hubiera tenido un alto apoyo de la Corte Suprema. Probablemente sólo en el Congreso se dieron razones concretas para apoyar o no a Morales (las que pueden o no ser consideradas suficientes o creíbles).

Otro de los problemas del proceso actual es que no necesariamente permite a quienes deben tomar la decisión evaluar características claves, como el liderazgo y capacidad de gestión de este tipo de entidades. Recordemos que no estamos en búsqueda de la persona que más conocimientos técnicos tenga o capacidad de investigación, sino que sea capaz de liderar una institución cuestionada y con un clave rol y escasos recursos para hacer frente a desafíos como la seguridad pública y lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Pero, ¿qué podemos hacer para no repetir estas situaciones? Quizás mirar las experiencias de otros países nos puede ilustrar.

En Estados Unidos, por ejemplo, las audiencias son procesos complejos, que duran varias semanas, donde se recopilan antecedentes, se establecen los puntos a tratar en las audiencias y las y los postulantes pueden hacerse cargo de información que circula en medios, con más detalle, y los parlamentarios preguntar y contra preguntar e incluso en ocasiones se permiten testigos.

Al ampliarse el período de audiencias, se permite que nuevos antecedentes que salgan a la luz sean sopesados dentro del proceso. Tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo realizan investigaciones, que incluso indagan en la vida privada de las personas propuestas, algo más bien típico de la cultura norteamericana.

En Argentina se ha establecido que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar sus posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, por escrito y de modo fundado y documentado.

Esto surge de una limitación que se auto impuso el ex presidente Néstor Kirchner para el nombramiento de Jueces de la Corte Suprema y Procurador General y que ha demostrado su utilidad permitiendo a organizaciones una suerte de recusaciones de postulantes que habían faltado a la verdad en su currículum y ha permitido a estas organizaciones participar de las audiencias y prestar su opinión.

En Colombia también se han incorporado audiencias ciudadanas, donde organizaciones gremiales, academia y la sociedad civil pueden participar. No son perfectas porque finalmente la decisión es política, pero permite tener un rol y elevar los costos de decisiones basadas en transacciones o intentos de captura de las entidades.

En nuestro país, lamentablemente el Colegio de Abogadas y Abogados y universidades no se han involucrado más activamente, de modo de generar un proceso más reflexivo sobre las cualidades de liderazgo para dirigir organizaciones tan relevantes.

Esto puede cambiar, ya sea porque se empoderen de dicho rol o porque modernicemos los procedimientos que, durante un buen tiempo, fueron claves para darle legitimidad democrática a entidades no electas pero que, todo indica que en pleno siglo XXI, con una ciudadanía más informada, empoderada y crítica, no son suficientes.

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