Gobierno regional de Arica aprobó en enero traspasar $1.200 millones a la fiscalía, que hoy indaga a la gobernación de Jorge Díaz (DC) por un convenio

La fiscalía de Arica abrió la semana pasada una indagación al gobierno regional encabezado por Jorge Díaz (DC), en el marco del caso Democracia Viva. Seis meses antes el Consejo Regional había aprobado la entrega de $1.200 millones a esa fiscalía, que se sumaron a otros $614 millones traspasados en 2022, para levantar la unidad que monitorea delitos cometidos por el Tren de Aragua y otras bandas. El fiscal regional Mario Carrera dijo que por razones de transparencia los dineros fueron enviados primero a la fiscalía nacional, por lo que consideró que no había conflicto de interés. “Tendría que inhabilitarse en teoría el fiscal nacional, por así decirlo, porque él es en definitiva quien recibe los fondos”, dijo.

Qué observar. El Consejo Regional de Arica realizó el 10 de enero su primera sesión ordinaria del año, oportunidad en que se adoptó una decisión presupuestaria en medio de la ola de delitos asociados a bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua.

• Entregar $1.200 millones a la fiscalía regional de Arica, para fortalecer el trabajo de su Unidad Contra el Crimen Organizado.
• La propuesta —que según informó entonces el gobierno regional (Gore), se aprobó en forma unánime— ya había sido expuesta el 5 de enero por el gobernador Jorge Díaz (DC) al fiscal regional Mario Carrera.
• “El año pasado dije que el trabajo de (la) fiscalía es solitario o que faltaba mucho apoyo, pero ya ha pasado un año y medio y la realidad es diametralmente opuesta”, dijo el fiscal Carrera tras la reunión.
• El motivo es que durante 2022 el gobierno regional de Arica ya les había traspasado (pasando primero por la fiscalía nacional) $614 millones para la “conformación de la ‘Unidad de Análisis y Combate contra el Crimen Organizado’, que tiene por objetivo mejorar la coordinación interinstitucional, el registro y el análisis de la información sobre el crimen organizado”, consignó la cuenta pública presentada en mayo por el gobernador.
• Se trataba de una fórmula de financiamiento que el gobernador Díaz destacó como “un modelo único (…) que va a marcar la historia de Arica y Parinacota”, en noviembre de 2022.
• Entre ambos aportes sumaban $1.814 millones aprobados desde el gobierno regional a la fiscalía. En ambos casos se trataba de recursos adicionales a los asignados al Ministerio Público vía ley de presupuestos.
• Seis meses después de la aprobación de recursos por el Consejo Regional, la fiscalía de Arica inició una investigación de oficio por los convenios suscritos por el gobierno regional con una fundación, en medio del escándalo por los traspasos a la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), que ha derivado en investigaciones en 9 regiones.
• La reunión del gobernador Díaz con el fiscal regional de Arica y la posterior aprobación de traspasos ocurrió en medio de la designación de Ángel Valencia como fiscal nacional, en reemplazo de Jorge Abbott. Su postulación fue ratificada por el Senado el 9 de enero.

La investigación al gobierno regional. La fiscalía regional de Arica anunció la semana pasada la apertura de una investigación de oficio a un convenio suscrito por el gobierno regional encabezado por Jorge Díaz.

• “(Se) busca establecer o descartar eventuales hechos constitutivos de delitos en el traspaso de recursos públicos desde el Gobierno Regional local hacia una fundación con domicilio en la Región de Coquimbo”, publicaron el 6 de julio en su cuenta de Twitter.
• Explicaron que encargaron al fiscal de alta complejidad Carlos Eltit indagar el convenio por $2.500 millones alcanzado con la fundación para el Desarrollo de las Organizaciones.
• De estos, el registro central de colaboradores del Estado del Ministerio de Hacienda consignó un traspaso por $1.299.354.000 —decretado el 31 de enero e ingresado el 15 de junio de este año— para el programa “transferencia apoyo social y económico a personas en condición de vulnerabilidad y/o pobreza”.
• La fundación, que inició actividades ante Impuestos Internos el 23 de enero de 2020 con los giros “asesoría y consultoría en inversión financiera” y “otros tipos de enseñanza”, no figura con convenios con otras reparticiones.
• El senador por Coquimbo Sergio Gahona (UDI) dijo la semana pasada al diario El Día que la fundación “no tiene ninguna experiencia en esta materia y que, además, es de otra región”.

“Tendría que inhabilitarse en teoría el fiscal nacional”. El fiscal regional de Arica Mario Carrera dijo al teléfono a Ex-Ante que el aporte del gobierno regional fue enviado al nivel central, que solo entonces les dio los recursos, para eliminar la figura de traspaso directo y evitar un conflicto de interés. Sostuvo que esta fórmula se estaba aplicando en otras regiones.

¿Cuál fue la fórmula utilizada? “Lo que hizo el Gobierno Regional fue pedirle al nivel central que rebajara su presupuesto del año, y ese presupuesto del año, que volvió a las arcas a nivel central, se transfirió luego al Ministerio Público a nivel central. Entonces no hay ningún traspaso de dinero directo desde el gobierno regional a la fiscalía regional de Arica y Parinacota como sí lo hay con Carabineros, con la Policía de Investigaciones”, dijo.

¿Hay conflicto de interés? “No, porque el rol de las instituciones, como instituciones, es potenciar la labor del resto de los órganos del Estado para cumplir un fin en particular y en este caso era la lucha contra el crimen organizado”, dijo. “En el caso de la fiscalía, por un tema de transparencia quisimos hacerlo de esa manera, para que fuera el nivel central (quien hiciera el traspaso). O sea, tendría que inhabilitarse en teoría el fiscal nacional, por así decirlo, porque él es en definitiva quien recibe los fondos”.

¿Afectó la apertura de la causa? “Cuando se inició la investigación de oficio en el caso de Arica ni siquiera dudamos si la abríamos o no, había que abrirla, de la misma manera que la Policía de Investigaciones que está cumpliendo las diligencias, las tiene que hacer no más”.